En ese contexto, el PNV llevará mañana al Congreso una proposición para la reforma de la ley orgánica del Tribunal Constitucional, con el fin de eliminar lo que considera «un auténtico veto político» a los procedimientos de reforma estatutaria, que según la exposición de motivos de su iniciativa, «altera la naturaleza del control constitucional» sobre el modelo territorial del Estado y sustituye el «valor integrador de la política de consenso y transacción» por un «atajo jurídico» que acarrea, dice el PNV en su texto, «tensiones en el sistema». «El recurso previo produce efectos perturbadores en el funcionamiento del sistema político y constituye un instrumento de obstrucción parlamentaria, al convertir al TC en tercera cámara legislativa e instrumento político de control», abunda el PNV.

La iniciativa, firmada todavía por Aitor Esteban, portavoz del PNV en el Congreso hasta hace un año, fue una de las primeras que el grupo jeltzale registró en la presente legislatura, en agosto de 2023 y se tramita ahora porque los grupos disponen de un cupo determinado de iniciativas legislativas por periodo de sesiones e impulsan unas u otras en cada uno de ellos por razones de urgencia u oportunidad política.

Como subrayaba la portavoz jeltzale en el Congreso, Maribel Vaquero, en una entrevista publicada esta pasado domingo en EL CORREO, se trata de «ir quitando piedras en el camino» del nuevo Estatuto y de ser «precavidos» para allanar su eventual ratificación en Cortes Generales, a la que seguiría un referendum de ratificación en Euskadi antes de la publicación definitiva de la ley orgánica en el Boletín Oficial. Pues bien, con la figura vigente del recurso previo de inconstitucionalidad, 50 diputados o senadores, los órganos colegiados ejecutivos o asambleas de las comunidades autónomas, el presidente del Gobierno o el Defensor del Pueblo pueden impugnar el texto antes de que sea ley, en un plazo de tres días desde su aprobación por las Cortes Generales y antes de someterlo a refrendo popular. El recurso, que el TC debe resolver en un plazo de seis meses, paraliza en la práctica el proyecto y ralentiza su eventual aprobación.

En el contexto actual, en el que los plazos son ya de por sí muy ajustados para aprobar la reforma del Estatuto de Gernika antes de que finalice la legislatura, un recurso abocaría sin ninguna duda al texto articulado a un limbo jurídico que no se resolvería ya hasta la siguiente legislatura, con un posible cambio de gobierno en el horizonte. Mañana el Congreso debatirá la toma en consideración de la reforma, es decir, si la admite o no a trámite, un termómetro para testar la voluntad política del Ejecutivo de Pedro Sánchez de allanar el camino al nuevo estatus. En la legislatura pasada, el Gobierno ya respaldó la toma en consideración de la reforma pero, aunque pasó ese primer corte, la decisión de Sánchez de disolver las Cámaras para convocar elecciones anticipadas la envió al limbo. Ahora, fuentes del grupo jeltzale creen que «lo coherente» es que el resultado de la votación sea el mismo.