Ignacio Camacho-ABC

El uso repetido del indulto demuestra que para Sánchez no hay código normativo que prevalezca ante el criterio político

El indulto de María Sevilla significa que en España se puede secuestrar impunemente a un niño siempre que se haga invocando la causa del feminismo. Y si los jueces, esos misóginos, insisten en que se trata de un delito, el Gobierno corregirá de inmediato el atropello fascista y pondrá las cosas en su sitio. En la España de Sánchez no hay código normativo ni moral que prevalezca sobre el criterio político. El uso repetido de las medidas de gracia como una herramienta de revocación de condenas envía al poder judicial un mensaje explícito de subordinación al Ejecutivo, instancia suprema con capacidad de enmendar cualquier veredicto que contradiga los sagrados principios del progresismo.

El perdón a esa ‘madre protectora’, como llama Irene Montero a la mujer que ocultó a sus hijos en el campo privándolos de sociabilidad, de vacunas y de colegio, no cabe entenderlo siquiera en el marco de un prejuicio ideológico o de un concepto sesgado de la justicia o del Derecho.

Más allá de eso, se trata de una pura demostración de fuerza, de un ejercicio de hegemonía, de la exhibición jactanciosa de un privilegio. El mismo que sirvió para levantar la pena de Juana Rivas o para excarcelar a los independentistas insurrectos. Es una cuestión política, un golpe de autoridad, una manifestación de arrogancia destinada a asentar la idea sanchista de legitimidad democrática. Es decir, una autoatribución de superioridad arbitraria sobre cualquier instancia civil, jurídica, social o ciudadana. Una viciada noción de dominancia que arrebata a la ley la última palabra para depositarla sobre la exclusiva voluntad del que manda. El poder, en suma, como ‘ultima ratio’ de un aliento demiúrgico, de un proyecto refundacional iluminado por el convencimiento absoluto de poseer la interpretación correcta del mundo y el mandato popular de reordenarlo a su gusto.

De ese paradigma dogmático surge, por un lado, la estrategia de estigmatización y aislamiento del adversario, y por el otro la de destrucción de los mecanismos sistémicos reglados para frenar las tentaciones de deslizamiento autocrático. El proceso de vaciamiento funcional de las instituciones encuentra su máxima expresión en el rechazo al acatamiento jurisdiccional -indultos- y el escamoteo del control parlamentario, que ha llegado a enfrentar -en el escándalo Pegasus- al Gabinete con sus propios socios parlamentarios. Éstos, sin embargo, son cómplices y promotores del soslayamiento del orden legal que pone trabas a su desafío al Estado. Lógico tratándose de delincuentes convictos que han encontrado la fórmula de eludir el castigo mezclando el chantaje con el estímulo del ‘síndrome de hybris’ de un presidente ensoberbecido, un narcisista de libro para quien humillar a los tribunales constituye un modo de enaltecerse a sí mismo. Al fin y al cabo, esas madres raptoras no hacen más que seguir el camino.