Ignacio Camacho-ABC

El debate de investidura vaticina un proceso deconstituyente, un proceso político orientado a uncambio de régimen

SI el debate del fin de semana fue -y lo pareció bastante- un spoiler o anticipo de la legislatura, es muy verosímil que hoy empiece una especie de período destituyente: un proceso político, el post-78, orientado a desencadenar a medio plazo un cambio de régimen. No tanto porque la Constitución corra riesgo de ser derogada como porque se pueda quedar sin los apoyos suficientes para sostener de hecho su andamiaje de soberanía nacional única, división de poderes, neutralidad institucional y subordinación universal a las leyes. Y sobre todo porque el espíritu de la alianza frentepopulista supone, a tenor de lo expresado por sus líderes con patente hostilidad dialéctica, la quiebra de los consensos fundacionales y la ruptura del pacto de convivencia. Con la dimisión del PSOE de su condición histórica de estabilizador del sistema, el Gobierno va a formarse en torno a un proyecto de hegemonía unilateral de la izquierda, aliada para el caso con un nacionalismo de clara vocación insurrecta al que Sánchez se ha plegado hasta el punto de bajarle todas las barreras. No se cortó al respecto Pablo Iglesias cuando anunció su intención de fundar una legitimidad política nueva de cuya tensión ideológica se reserva la tutela; un rol de acelerador político que entraña la verdadera función, reconocida o no, de su pactada vicepresidencia. El líder de Podemos llegó incluso a señalar a la vanguardia de sus enemigos: los tribunales, los medios de comunicación y la alta empresa, ante el silencio anuente de un presidente-marioneta al que sus socios han alquilado el usufructo del poder por persona interpuesta. Al centro y la derecha les espera una estrategia de arrinconamiento -el cordón sanitario- destinada a anular sus valores e ideas; el retorno a la vieja imposición republicana de media España sobre la otra media.

Ese modelo sectario se va enfrentar a los mecanismos de control y contrapeso sobre los que están construidos la sociedad abierta y el propio Estado, cuya capacidad de resistencia a la presión será la clave de este mandato, el contrafuerte constitucional frente al empuje del populismo de corte bolivariano y de un separatismo inesperadamente aliviado de las consecuencias políticas y penales de su fracaso. Las hipérboles retóricas de la oposición o el exceso de alarmismo no van a servir de freno al impulso de deconstrucción que inspirará el calendario legislativo; la ingeniería doctrinaria «progresista» cuenta con un potente blindaje propagandístico. La defensa del paradigma constituyente sólo podrá estructurarse a través de un sólido compromiso civil -y desde luego parlamentario- de las fuerzas liberales que aún creen en la cuestionada primacía del ordenamiento jurídico. Un esfuerzo colectivo para reivindicar la prevalencia del juego limpio y la convicción de que la democracia son leyes, instituciones, poderes independientes… y principios.