EL MUNDO 20/12/13
· La oposición le planta en el Parlament por una ley que prevé multas de 10.000 euros
El PP se quedó ayer literalmente solo en el Parlamento balear al aprobar, gracias a su mayoría absoluta, la controvertida Ley de Símbolos. La votación deparó una escena histórica y cargada de simbolismo: todos los diputados de la oposición abandonaron el pleno en señal de protesta por lo que califican de «golpe a la democracia» y empezaron a gritar «libertad».
Con esta normativa, el Gobierno de José Ramón Bauzá prohíbe, bajo amenaza de imponer multas de hasta 10.000 euros, la colocación de la senyera catalana o de los lazos verdes de las campañas contra la política lingüística y educativa del PP en los centros educativos y demás edificios públicos de Baleares, así como de todo símbolo con connotaciones políticas según el criterio que dicte el propio Govern.
Esta ley es la respuesta del PP a la campaña en defensa del uso preferente del catalán en la enseñanza en que participan numerosos institutos y escuelas, donde se colgaron lazos de la banderacuatribarrada, uno de los emblemas de la huelga de profesores al inicio de curso en contra de la implantación del trilingüismo. El PSOE balear y los nacionalistas de Més comparten discurso frente al PP, al que acusan de agitar el anticatalanismo y de aprobar una ley propia de «dictaduras». Inciden en que las cuatro barras de la bandera de la Corona de Aragón están presentes en escudos y banderas en Baleares desde la llegada del rey Jaime I. Entre ellas, la enseña balear, oficial desde 1983, que se diferencia al incorporar el castillo del antiguo reino de Mallorca.
El PP defiende la ley para evitar que los centros sean utilizados con fines «políticos», para combatir el «adoctrinamiento ideológico» en las aulas. La tramitación ha sido larga y polémica. El Consejo Consultivo de Baleares, de mayoría conservadora, rechazó el artículo clave del proyecto inicial por considerarlo inconstitucional. El Governexigía en este punto que todo símbolo no regulado requería de su autorización «previa», lo que suponía una «censura previa» a la libertad de expresión. El PP lo corrigió sin mencionar símbolos ni autorizaciones, logró el aval del Consultivo y luego rescató la esencia del texto original. Vuelve a exigir la autorización pero ya no dice que deba ser previa. El PP rechaza someter la ley definitiva al Consultivo.