EL MUNDO 01/09/13
Estudia acciones legales para evitar esta inversión cuando Mas recorta 2.000 millones
El PP de Cataluña quiere evitar por la vía legal que el Govern de Artur Mas dedique dinero público a la celebración de la consulta sobre la independencia que quiere convocar en 2014. Según fuentes del equipo de Alicia Sánchez-Camacho consultadas por este diario, la formación estudia ya no sólo cómo frenar judicialmente un gasto que podría rondar los 30 millones de euros, sino también cómo exigir responsabilidades si dichos fondos fueran finalmente utilizados para una consulta que, de momento, carece de marco legal.
La reacción de los populares es la respuesta al anuncio hecho el viernes por la vicepresidenta del Govern, Joana Ortega, de que la Generalitat prevé incluir una partida presupuestaria en las cuentas del año que viene para sufragar una votación que carece de apoyo del Estado. Si, como es más que previsible, el Gobierno de Mariano Rajoy acaba rechazando no sólo la mera celebración de la consulta sino cualquier aspecto relacionado con el referendo soberanista, la Generalitat está dispuesta a asumir unos gastos que en unos comicios convencionales –elecciones generales, autonómicas y municipales– corren en su mayor parte a cuenta del Estado. Esto es, las urnas, la impresión y distribución de papeletas, la instalación de cabinas, las dietas de los ciudadanos que pudieran ser llamados para ejercer de presidentes de las mesas o hasta el sistema informático para realizar el recuento.
Sin que el Govern haya todavía revelado a cuánto ascendería el coste de toda la logística de la consulta, la última referencia conocida son los más de 26 millones de euros que costaron las elecciones autonómicas anticipadas celebradas en noviembre. A éstos habría que sumar la compra del material electoral que en esta ocasión no cedería el Gobierno, como las nuevas urnas, tal y como auguró Ortega. En total, unos 30 millones.
El plan del Ejecutivo de Mas recibió ayer el apoyo de ERC, que considera que con una inversión «modestísima» se estaría garantizando la fiabilidad de la votación, informó Europa Press.
En el PP consideran, sin embargo, que con esta estrategia el Govern cimentaría una consulta que consideran «ilegal», además de sumar otro gasto a las arcas públicas en un año en la que la Generalitat está obligada a realizar recortes por valor de 2.000 millones de euros. Las mismas fuentes aseguraron, asimismo, que este nuevo paso pesará en la respuesta de Rajoy a la carta de Mas reclamándole que permita la consulta.