El PP, en causa de disolución

LA Ley de Sociedades de Capital establece como causa de disolución de toda sociedad de capital las pérdidas que dejen reducido su patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social. Si consideramos un partido político como una sociedad cuyo patrimonio principal es la credibilidad, la coherencia, la capacidad de ilusionar a la ciudadanía con sus propuestas, la decencia y la eficacia en la gestión, estarán ustedes conmigo en que la pérdida de capital que acumula el PP desde hace años con cada nuevo escándalo de corrupción, sumada a la producida por la difuminación de sus valores y principios, le conduce a una situación muy próxima a la disolución forzosa. Y lo peor está por venir.

El caso Lezo, último de una larga lista, aglutina factores personales y políticos susceptibles de convertir la imputación de Ignacio González y sus colaboradores en el Canal de Isabel II en una bomba de relojería. Venganzas largo tiempo alimentadas, rencores rancios, amistades inconfesables, relaciones íntimas, traiciones, desengaños cruzados sin los cuales sería difícilmente explicable el cúmulo de gravísimas acusaciones (y no menos abrumadoras pruebas) que pesan sobre el ex presidente de la Comunidad de Madrid y permiten augurar revelaciones de infarto referidas no solo a las finanzas del PP madrileño, sino a las cuentas de la calle Génova y a la gestión de algún ex ministro. Revelaciones que bien podrían hacer tambalearse al Gobierno. Porque, como dijo el mismo González al ver a la Guardia Civil desembarcar en su casa, «este marrón no me lo como yo solo». Y el «marrón» en cuestión entra de lleno en la madre de todas las corrupciones conocidas y por conocer: la financiación ilegal del partido, de todos los partidos con poder, a través de comisiones pagadas por las empresas a cambio de adjudicaciones públicas cargadas al contribuyente. Un pastel extraordinariamente goloso cuyo reparto ha sido y es objeto de disputa entre miembros de una misma familia ávidos de tajada (que se lo pregunten a Bárcenas o a los Pujol Ferrusola). Un iceberg de proporciones gigantescas del que apenas hemos visto asomar la punta.

Coinciden en el tiempo, de forma probablemente no casual, el caso Lezo y la declaración de Rajoy por los sobresueldos de la Gurtel. Como si una cosa pudiera tapar la otra en lugar de acumular sospechas. Como si eso que los pretorianos del marianismo llaman «aguirrismo», tratando de crear un cordón sanitario en torno al presidente, fuera ajeno a las siglas de la gaviota y en el comité de dirección popular todos se chuparan el dedo. Como si el electorado y la opinión pública trazaran líneas rojas entre representantes de una misma marca pendiente de renovación auténtica, de una limpieza a fondo y no de pura cosmética. Como si la pérdida de capital político inherente a estos escándalos no resultara letal para todos los integrantes de la formación, incluidos los intachablemente honrados, que son holgada mayoría aunque no ostenten el mando.