EL MUNDO 24/09/13
· «El móvil era político y los acusados no actuaron por propia iniciativa», dice su abogado
El PP cerró ayer su participación en el juicio por el chivatazo deseando que haya al menos una segunda entrega: «Esperemos que no sea el último juicio del llamado caso Faisán y que los responsables de esta delación policial delictiva sean juzgados», afirmó ante el tribunal el abogado Alexis Godoy.
El representante del PP, que coincidía así con el deseo del fiscal de que alguien «hable como Amedo», afirmó que, como sostienen los investigadores, el chivatazo tuvo un «móvil político» y que esos «hechos gravísimos» sólo pudieron ser ordenados por alguien por encima del inspector jefe José María Ballesteros y del entonces jefe superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamies. «El móvil era político y los acusados no actuaron por iniciativa propia. La decisión fue adoptada por las más altas instancias policiales y políticas, en primer lugar por el director general de la Policía [por entonces, Víctor García Hidalgo]. Actuaron en compañía de otros siguiendo instrucciones de otros», insistió el letrado.
El PP fue el encargado de cerrar el turno de acusaciones populares, tras la AVT y Dignidad y Justicia. Las tres piden para los policías condenas entre siete y medio y 10 años de prisión por colaboración terrorista y revelación de secretos.
En su intervención, el letrado de la asociación de víctimas, Antonio Guerrero, argumentó que la negociación con ETA no puede esgrimirse para rechazar una posible condena por colaboración con organización terrorista. Se refería así a la tesis expuesta por el fiscal del caso, Carlos Bautista, que en su informe final encuadró los hechos en el proceso de paz puesto en marcha en 2006 por José Luis Rodríguez Zapatero. Guerrero precisó que en mayo de 2006, cuando se produjo el soplo, el presidente del Gobierno aún no había anunciado formalmente la negociación con ETA, algo que no sucedió hasta el 29 de junio de ese año. «La negociación no puede servir de excusa para que los acusados eludan su responsabilidad. […] Se dan «todos los requisitos para condenar por colaboración».
Anticipándose al informe de la defensa, el abogado de la AVT descartó que Ballesteros pueda escudarse en que él se limitó a seguir las órdenes de su jefe, sin saber que las gestiones eran para dar un soplo a ETA. Si hubiera sido así, resaltó, Ballesteros no habría negado los hechos y habría reconocido desde el principio su actuación y su presencia en el bar Faisán.
Por su parte, la abogada Vanessa Santiago, en nombre de Dignidad y Justicia, rechazó todas las irregularidades aducidas por las defensas sobre la validez de pruebas clave, como la baliza que grabó al dueño del Faisán relatando el chivatazo a su yerno o el vídeo que muestra a Ballesteros saliendo del bar tras concluir la llamada sospechosa.
La abogada consideró «inverosímil» la coartada del confidente etarra presentada por Pamies. Restó credibilidad a las declaración de el Romano, al que llamó «estómago agradecido», dispuesto a mentir en el juicio para ayudar al mando policial que le habría protegido durante años.
Momentos después, la abogada del jefe superior defendió la coartada. María Ponte no sólo pidió al tribunal presidido por Alfonso Guevara que dictara una absolución, sino que estableciera expresamente que la supuesta llamada del chivatazo –a las 11.23 horas del 4 de mayo de 2006– «no pudo ser la del soplo, porque en ese momento Joseba Elosua [dueño del Faisán] no estaba en el bar, sino en la perfumería de su hija». Para sostener esa afirmación, la letrada presentó una secuencia de hechos que divergía en varios minutos la plantada por los investigadores.
El abogado de Ballesteros, José Luis Vegas, también negó que los acusados fueran los autores del soplo, pero introdujo como alternativa una variante que beneficiaba únicamente a su defendido: aunque el tribunal tuviera la certeza absoluta de que Ballesteros dio el móvil a Elosua –«supongan que están allí y le ven», dijo–, no podría concluir que el policía sabía que era para alertar de una operación. Esa posibilidad, que valdría para exonerar a Ballesteros pero condenar a Pamies, ya fue recogida por los investigadores en su último informe.
Al concluir la mañana, el tribunal –compuesto por Alfonso Guevara, Antonio Díaz Delgado (ponente) y Guillermo Ruiz Polanco– ofreció a los acusados un último turno de palabra. Los policías optaron por callar y el juicio quedó visto para dictar una sentencia que, muy probablemente y sea cual sea la decisión de la Audiencia Nacional, sólo quedará zanjada cuando se pronuncie el Tribunal Supremo.