Pasadas las cuatro de la tarde apareció en la sala de prensa la portavoz popular Cayetana Álvarez de Toledo. Rostro serio. Arrancó su declaración con un repaso de hogaño a antaño: «En este Congreso hay partidos que el 1-O participaron en un golpe de Estado para convertir a vecinos en extranjeros. Es verdad que hay un grupo parlamentario que justifica el coche bomba y el tiro en la nuca, es verdad que hay diputados que han ejercido o siguen ejerciendo como abogados de grupos terroristas». También recordó que «recientemente ha comparecido un individuo condenado por secuestro terrorista». Y que, en su día, hasta unos presos acudieron en furgones policiales «a tomar posesión de sus escaños».

Todo, para denunciar lo insólito de ayer. «Lo que no sucedió nunca antes y no tiene precedentes es que viniera a declarar, esposado desde la cárcel, un terrorista yihadista condenado a 43 años de prisión. Lo que estamos viendo hoy aquí supera todo lo que hemos visto y esto no es un circo, es algo infinitamente peor. Es, por supuesto, un espectáculo degradante para el Congreso, la democracia y el conjunto de los españoles», afeó.

Sus palabras, como síntesis del estupor generalizado en la bancada popular por una de las imágenes más dantescas que se recuerdan en la historia de la Cámara Baja, la de Mohamed Houli Chemlal, engrilletado y con chándal rojo, sentado en una de las salas, para disparar arrojar dudas sobre el papel del Estado y atornillar la teoría de la conspiración que jalea Junts desde hace años: que el Gobierno de Mariano Rajoy, para perjudicar al independentismo, fue cómplice de los atentados del 17 de julio de 2017 en Barcelona y Cambrils que se saldaron con 16 muertos y cientos de heridos.

El pasado mes de octubre, el grupo independentista -con el apoyo del bloque progresista y el rechazo de PP y Vox- incluyó su nombre en el listado de comparecientes de la llamada «Comisión de Investigación sobre el derecho a saber la verdad», que busca perseguir un relato paralelo al de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, que en sendas sentencias descartaron cualquier implicación directa o indirecta del CNI en la masacre de Cataluña. Pero se trataba de uno de los tantos pagos que exigió Carles Puigdemont al PSOE para hacer presidente a Pedro Sánchez tras perder las elecciones en 2023. Y el PSOE ha cedido hasta el final.

Para satisfacer a Junts, el Congreso permitió a Mohamed Houli acudir este jueves al Parlamento. Su aparición estaba prevista por videoconferencia. No obstante, ante el requerimiento de la Mesa de la Comisión, se trasladó desde la prisión de Córdoba, donde cumple condena, hasta Madrid. A mediodía, para su recibimiento, la Carrera de San Jerónimo ofrecía una imagen inédita, casi bélica, con furgones de la UIP en cada esquina y cientos de agentes desplegados tanto en el exterior como el interior del Palacio.

Escoltado por dos policías uniformados y otros dos de paisano, además del ujier de turno, el yihadista llegó puntual. A diferencia de lo que suele ocurrir, no se sentó junto a la presidencia, sino que se situó de espaldas en una mesa aparte y con la primera fila de asientos vacía para dejar un espacio con el resto de integrantes de la comisión. Una escena más propia de un juzgado que de la sede de la soberanía, como reprochó Álvarez de Toledo: «Diputados erigidos en magistrados del Supremo interrogando a un terrorista ya condenado en sentencia firme otorgándole crédito y utilizándole para difamar al Estado». 

En su opinión: «La viva imagen del colapso moral e institucional que Pedro Sánchez está provocando en España con el único objetivo de perpetuarse en el poder y, por cierto, con la complicidad sumisa de la presidencia de esta Cámara. Es, como digo, la viva imagen de la catadura moral e institucional de esta legislatura aciaga para España y para la democracia». 

Todo el PP, en bloque, se ha rebelado contra este episodio. «Normalizar pactos de investidura con formaciones que llevan asesinos en sus listas. Amnistiar graves delitos contra el Estado para llegar al Gobierno. Abrir las puertas del Congreso a un terrorista yihadista. Todo ha pasado por primera vez con un presidente: Pedro Sánchez», escribió Alberto Núñez Feijóo en su cuenta de X. «El sanchismo, que pacta con herederos y apologistas de ETA, perdona delitos a golpistas y justifica actos corruptos de quienes considera que son los suyos, da un paso más al prestarle a un yihadista el mayor altavoz posible, que es el Congreso, para que ataque a nuestra democracia», añadió la responsable de Organización, Carmen Fúnez. 

El testimonio de Houlini

En su declaración, Mohamed Houilini, único superviviente de la explosión en la casa de Alcanar, no dudó en apuntalar las tesis conspiranoicas de Junts. Para eso fue llamado. «El CNI tenía conocimiento de las intenciones que tenía el imán [de Ripoll] y que permitieron que viniera y nos comiera la cabeza», sostuvo. «Lo digo ahora y no lo dije antes por temor a represalias o que me pudiera perjudicar, pero ya estoy condenado y no tengo nada que perder».

Durante la ronda de preguntas, de la que el PP se ausentó en señal de protesta, apenas interactuó con los portavoces parlamentarios. De hecho, cuando algunos le pidieron que aportara pruebas de sus acusaciones, respondió: «No las tengo que buscar yo». Y se afanó en implicar al Estado en los atentados en reiteradas ocasiones: «Lo que me gustaría es que se buscara a quién dejó que el imán hiciera lo que quisiera». Tan solo se mostró accesible con… la diputada de Junts, Pilar Calvo i Gómez, que preguntó al terrorista si sufrió presiones tras su detención, a lo que éste replicó: «No directamente, pero terceras personas me presionaron para hacer estas declaraciones: me sentí obligado a decir que la intención era atentar contra la Sagrada Familia». Un relato, en boca de un terrorista, que quedará para la posteridad en el Diario de Sesiones.