EL MUNDO – 10/05/15
· Reclama a Mas que aplique la sentencia del Supremo · C’s pide inhabilitar a la consejera.
Las sentencias del Tribunal Supremo en las que insta a la Generalitat a elevar el uso del castellano en la escuela catalana hasta un 25% como mínimo de las horas lectivas ha convertido el conflicto lingüístico en herramienta de campaña electoral. Así lo ilustró ayer el PP, cuya presidenta en Cataluña, Alicia Sánchez-Camacho, aprovechó un acto en Sant Andreu de la Barca para exigir al president, Artur Mas, que «no gobierne de espaldas a la ley y las sentencias».
Según la líder popular, el president no hace más que «buscar más excusas» para no acatar una resolución que fija en un 25% el «límite mínimo infranqueable» de enseñanza en castellano. Una decisión judicial que el propio Mas dijo el viernes que «no es justa, ni honesta ni útil», antes de asegurar que el actual modelo educativo no se modificará por el «amplio consenso social» que existe a su favor.
En consecuencia, Camacho acusó ayer al jefe del Ejecutivo catalán de estar incumpliendo «el Estado de Derecho». En plena gira por Cataluña en busca de votos para su partido, la popular requirió a Mas que «garantice que Cataluña sea plural y que los padres puedan escoger un modelo educativo bilingüe para sus hijos».
Mayor rotundidad demostró, no obstante, el secretario de Acción Política de Ciutadans, Antonio Espinosa, cuyo partido ha convertido la inmersión lingüística en uno de sus caballos de batalla predilectos desde que llegara al Parlament de Cataluña. Espinosa llegó a reclamar la inhabilitación de la consejera de Enseñanza de la Generalitat, Irene Rigau, después de que ésta anunciara que el sistema se mantendrá intacto.
El secretario de Acción sostuvo que «no puede ser que las normas se incumplan sin ningún tipo de efecto y consecuencia». Además, acusó al Govern de ser «muy intransigente» y de caracterizarse por un «victimismo exagerado» en torno al conflicto lingüístico.
Según Espinosa, el problema se solucionaría si «dan una asignatura en castellano, cuando todas las demás están en catalán». Sin embargo, aseguró a la agencia Servimedia que el Govern «es incapaz del pacto y del acuerdo».
En un tono más comedido se manifestó la candidata de Ciutadans por Barcelona, Carina Mejías. Tras reclamar que no se use la política lingüística como instrumento de reivindicación política, recurrió al argumentario de partido y defendió la necesidad de un modelo en el que «un 40% de materias sean en castellano, otro 40% en catalán y un 20% en inglés».
La reedición del conflicto lingüístico, en todo caso, ha alcanzado de lleno la campaña electoral en Cataluña por ambos bandos. El viernes por la noche, el portavoz de Enseñanza de ICV-EUiA, Joan Mena, advirtió de que «ni el PP ni el Supremo conseguirán lo que no consiguió el franquismo: dividirnos por la lengua». En un mitin de campaña en Santa Coloma de Gramanet, el ecosocialista aseguró que las sentencias del Supremo «no conseguirán dividir a los hijos de la clase trabajadora y castellanoparlante». Mena también arremetió contra la consejera de Enseñanza, a la que advirtió de que no aceptarán que «use la inmersión lingüística para esconder que está desplegando la Lomce en aquello que comparte con el PP».