EL PAÍS, 2/9/11
El PP no se siente satisfecho con la ley Municipal que sus socios del Gobierno aprobaron el pasado martes, pero tiene voluntad de alcanzar un acuerdo sobre su contenido. Por ello, ha designado una comisión formada por tres o cuatro dirigentes, que encabezará el portavoz parlamentario, Leopoldo Barreda, que se encargará de buscar a partir de ahora un posible pacto no sólo con los socialistas, sino también con el PNV.
El PP vasco reunió ayer en Vitoria su Comité de Dirección por vez primera tras las vacaciones para analizar la situación política y engrasar la maquinaria electoral de cara a los comicios del 20-N. «Vamos a intentar que pueda haber un acuerdo [en torno a la ley Municipal], que pasa por retoques en el texto actual», señaló después a EL PAÍS el número dos del partido, Iñaki Oyarzábal. Esos cambios se ligarían a que se aclare cómo se delimitan las competencias de cada nivel institucional y se asegura la financiación sin que salgan perjudicadas las instituciones forales, algo fundamental para un partido que recuperó en julio, cuatro años después, el control de la Diputación de Álava. «Si hablamos de una segunda descentralziación no puede ser que las paganas sean las Diputaciones», añadió Oyarzábal.
Mientras que la Diputación de Bizkaia, del PNV, ya ha adelantado que llevará la ley a la Comisión Arbitral y la de Gipuzkoa, de Bildu, guarda oficialmente silencio desde la aporbación del proyecto de ley, los servicios jurídicos alaveses están analizando si hay motivos para recurrir el texto. Aunque Oyarzábal, en una rueda de prensa en Vitoria tras la reunión, no descartó la posibilidad del recurso, la intención de partida que se maneja en el PP es intentar un acuerdo sobre la base de mejoras del texto.
La cita sirvió para analizar las propuestas que los populares vascos quieren incluir en el programa marco con el que Mariano Rajoy aspirará a llegar a La Moncloa. Aún sin conocer el grado de concreción que podrán tener, el eje sobre el que pivotarán será que se mantengan las inversiones estratégicas para Euskadi, pese a la necesidad de adoptar nuevos recortes para hacer frente a la crisis.
EL PAÍS, 2/9/11