EL CORREO 11/11/14
· Los populares catalanes se sienten desamparados por Mariano Rajoy tras la celebración de una consulta que el Gobierno prometió impedir
Encuesta, pseudoconsulta, acto de participación ciudadana… El caso es que, para contrariedad de los populares, hubo urnas y votación. Y, según el partido, también se cometió un delito. En el día después, el PP apuntó directamente a Artur Mas como responsable de la apertura de los colegios. No quiso ponerle nombre a la «ilegalidad» cometida, no habló de malversación, pero le recordó explícitamente a la Fiscalía su deber de perseguir a quienes han usado fondos públicos para «una manifestación política».
«Espero que hoy sea el día en el que Mas reciba una carta del fiscal», afirmó a primera hora Esteban González Pons. El vicesecretario general de Estudios y Programas del PP defendió que «nadie puede pensar que saltarse la ley es gratis», aunque concluyó que el dirigente catalán se irá «de rositas» mientras los funcionarios responden ante la Justicia. Fuentes de la formación explican la dificultad de que el proceso acabe pasando factura a Artur Mas en los tribunales si no ha firmado ninguna orden administrativa.
De momento, el Ministerio Público continúa adelante con las diligencias. Los Mossos d’Esquadra le han remitido un escrito en el que la Generalitat se responsabiliza de la apertura de locales públicos durante la jornada del 9-N, sin facilitar, sin embargo, los nombres de las personas que la autorizaron. «Se ignoran las condiciones concretas en las que se puede haber accedido a cada una de las dependencias», argumentó la vicepresidente catalana, Joana Ortega.
Mientras tanto, el Gobierno se mantiene a la espera de que la Fiscalía avance. Sin prisa. La ‘número dos’ del PP, María Dolores de Cospedal, advirtió ayer que, ante un acto realizado al margen de la legalidad, «el Ejecutivo actuará en consecuencia». Pero por ahora, fuentes de La Moncloa prefieren no adelantar acontecimientos y limitar sus movimientos al terreno político.
«Apuntalar» puentes
El Gobierno mantiene que la interlocución con la Generalitat se ha complicado, sobre todo después de las llamadas de Mariano Rajoy a la «sensatez» que valoran que no han sido respondidas con moderación por parte de Artur Mas. El diálogo se presenta así complicado, a pesar de que hay quien, como el presidente gallego, el popular Alberto Núñez Feijóo, recomiende «apuntalar» los puentes con Cataluña.
Al presidente del Gobierno, sin embargo, el reto catalán se le atraganta. No sólo tendrá que hacer frente a los planteamientos de los soberanistas. Ahora, a las críticas de formaciones como UpyD o Ciutadans se suman algunas voces internas que censuran la pasividad del Ejecutivo ante la consulta celebrada. En su cuenta personal de twitter, la diputada del PP y fundadora de la plataforma Libres e Iguales, Cayetana Álvarez de Toledo, manifestó su «profunda sensación de desamparo ante el silencio del Gobierno».
Y «desamparo» fue también el término usado en privado por algunos dirigentes del partido en Cataluña al destacar su frustración. Tras semanas prometiendo que no se iba a celebrar ninguna consulta, los catalanes vivieron una jornada de urnas que ha desmontado, según decían, el discurso del Gobierno y del PP.
Las contradicciones en el posicionamiento de Mariano Rajoy tampoco han sido entendidas por cargos del partido que reflexionaban antes del 9-N sobre los últimos movimientos del presidente y el callejón sin salida en el que, a su juicio, había decidido entrar. No comprendían que se restara importancia a los planes de Mas mientras se recurría por segunda vez ante el Tribunal Constitucional, ni que se reiterara que no iba a haber consulta si no se pretendía impedirla por la fuerza.
A juicio de estas fuentes, la gestión del desafío catalán será una razón más de desgaste para Rajoy por mucho que el PP sostenga en público que ha tenido «mano izquierda y derecha» al manejar el asunto. Su portavoz en la comisión Constitucional del Congreso, Pedro Gómez de la Serna, salió en defensa del jefe del Ejecutivo por entender que el propio Tribunal Constitucional podría haber actuado para que se cumpliera su decisión de suspender la consulta.