EDITORIAL EL MUNDO – 21/08/14
· La apuesta de Rajoy por una reforma urgente de la ley electoral para lograr que en 2015 gobierne en los ayuntamientos el candidato de la lista más votada puede acabar volviéndose en su contra. La medida sería interesante dentro de un programa más amplio de regeneración democrática y siempre que contara con un cierto consenso, pero tal y como la plantea el PP, sólo puede traer más inconvenientes que beneficios.
Una iniciativa de ese calado debería pactarse, al menos, con el primer partido de la oposición. Sin embargo, el líder del PSOE, Pedro Sánchez, ya le comunicó a Rajoy el pasado mes de julio que no apoyaría en estos momentos esa reforma. Es cierto que los socialistas han reclamado otras veces, e incluso han llevado en su programa, la elección directa de alcaldes, y que por tanto resulta contradictorio que ahora la rechacen, pero estamos hablando de un cambio de las reglas de juego del sistema político que no puede improvisarse de la noche a la mañana.
Sería algo insólito y un mal precedente que una de las normas básicas de la democracia, como es la ley electoral, se hiciera de espaldas a uno de los dos grandes partidos nacionales. Si está fijada en la Constitución como una ley orgánica es precisamente porque se trata de una materia sensible. Pero es que además quedan sólo nueve meses para las elecciones municipales, un margen insuficiente para tratar con el rigor y el debate que requiere un asunto de ese calado y complejidad.
En las circunstancias actuales, el cambio legislativo beneficia claramente al PP, que podría mantener decenas de alcaldías importantes que según las encuestas de intención de voto tendría ahora perdidas. Sólo la sospecha de que existe un interés espurio en el impulso de una medida que se presenta como regeneracionista debería ser suficiente para que los populares decidieran aplazarla. Ayer mismo, Pedro Sánchez ya hizo esa lectura: «El PP sólo busca una elección directa: la del PP», escribió en Twitter.
Junto al PSOE, también IU y UPyD se muestran reacios a la iniciativa de Rajoy. José Luis Centella, diputado de IU, dijo ayer que los plenos municipales deben representar a los vecinos y, por tanto, el alcalde tiene que ser «aquella persona que sea capaz de recabar la mayoría social para gobernar». Rosa Díez, que sí defiende la elección directa de alcaldes pero en una segunda vuelta, calificó por su parte de «atentado a la pluralidad» la propuesta del PP.
El cambio normativo que abandera Rajoy tropieza con demasiados inconvenientes. Incluso, como apunta hoy en EL MUNDO el catedrático Jorge de Esteban, es de «dudosa constitucionalidad». Empeñarse en sacarlo adelante y, además, en solitario, daría munición fácil a los movimientos antisistema, que siempre podrían acusar a la casta de cambiar las leyes para blindarse en el poder. De esta forma, una medida pretendidamente regeneracionista, acabaría probablemente desprestigiada y generando dudas sobre la verdadera intención de sus valedores.
EDITORIAL EL MUNDO – 21/08/14