EL MUNDO 29/11/13
· Enmienda los presupuestos para conceder insignias también a los familiares, eliminar subsidios a losexcarcelados y embargar sus herencias.
El PP intentará aliviar la indignación que ha generado la anulación de la doctrina Parot y mitigar la creencia de que no se ha hecho todo lo posible para evitarla, incluyendo en el abanico de condecoraciones que se reservaba a las víctimas del terrorismo un nuevo grado, el de la «insignia», que se concederá a los amenazados, a los ilesos en atentados, al cónyuge o pareja de un fallecido, a sus padres, hijos, abuelos o hermanos y a sus familiares hasta el segundo grado de consanguinidad.
Esta decisión se enmarca en un gesto más amplio del Gobierno, que intentará recuperar hasta el último euro de las indemnizaciones que los etarras deben pagar en concepto de responsabilidad civil y endurecerá los requisitos para que los excarcelados cobren el subsidio de desempleo.
Las tres medidas que se pretende activar han sido incluidas como enmiendas adicionales de último minuto en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado, que se encuentra actualmente en su última fase de tramitación en el Senado. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha sido una de sus principales impulsoras.
De las tres enmiendas, la que contempla la creación de un nuevo grado en el abanico de condecoraciones que se otorgan a las víctimas de terrorismo es la más simbólica. Se trata de modificar el artículo 52 de la Ley de Reconocimiento y Protección Integral que las ampara, para introducir una nueva «acción honorífica», la concesión de una condecoración con el grado de Insignia, que se sumará a la Gran Cruz que se otorga, a título póstumo, a los fallecidos en actos terroristas, y a la Encomienda, reservada para los heridos y secuestrados. Se completa así la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo.
La nueva medalla se concederá, según se recoge en la enmienda del PP, «a los que tengan la condición de amenazados, a los ilesos en atentado terrorista, así como al cónyuge o persona ligada al fallecido por análoga relación de afectividad, los padres y los hijos, los abuelos, los hermanos de los fallecidos, así como los familiares de los fallecidos hasta el segundo grado de consanguinidad».
Será el Ministerio del Interior el que inicie los trámites de concesión. Los mismos podrán activarse a instancia de los afectados o bien de oficio previa consulta con sus destinatarios. La concesión de la Gran Cruz se producirá siempre por Real Decreto aprobado en Consejo de Ministros, en tanto que la Encomienda y la Insignia se entregarán por resolución de Interior dictada en nombre del Rey.
Hasta ahora, la ley no recogía una condecoración específica para los familiares, aunque sí se les reconocía como destinatarios de acción honorífica. Esta laguna, de acuerdo con los argumentos que esgrime el PP en la presentación de su enmienda, «comportó la frustración de legítimas expectativas» que ahora se pretenden «colmar».
La segunda de las enmiendas introducidas en el proyecto de Presupuestos tiene efectos más prácticos, ya que su objetivo es impedir que los etarras excarcelados gracias a la anulación de la doctrina Parot no accedan al cobro del subsidio de desempleo contemplado en la Ley General de la Seguridad Social.
De acuerdo con dicha modificación, los etarras liberados sólo podrán obtener la prestación cuando, además de reunir las condiciones establecidas por la Seguridad Social, acrediten, mediante certificación de la Administración penitenciaria, que han formulado una petición expresa de perdón a las víctimas.
Hasta la fecha, según señalan los populares en la justificación de su enmienda, la percepción del subsidio por desempleo de los liberados «nunca se ha supeditado a ningún elemento relativo a la conducta del sujeto durante el cumplimiento de su condena, ni a su voluntad efectiva de reinsertarse en la sociedad».
Ahora, mantienen, es necesario proceder a una «revisión en profundidad de la normativa reguladora de dicho subsidio que permita cohonestar debidamente la asistencia social que se presta mediante éste a los liberados de prisión, con la reparación justa y debida a las víctimas del delito y a la propia sociedad».
Por ello, se incluye como requisito «la satisfacción previa de la responsabilidad civil derivada del delito». Además, para «manifestaciones particularmente graves de delincuencia, como el terrorismo y la criminalidad organizada», será condición necesaria «el arrepentimiento, el perdón a las víctimas y la desvinculación clara e inequívoca con la organización criminal».
Todo esto se considerará como indicio evidente de la «voluntad de reinserción e integración del liberado en una sociedad democrática que propugna la convivencia pacífica de sus integrantes». En definitiva, los etarras liberados ya no podrán recibir automáticamente el mencionado subsidio del Estado, sino que deberán cumplir con las mismas condiciones que se reclaman como imprescindibles para quienes pretenden acceder al tercer grado penitenciario. Esta enmienda, a falta de un análisis detallado, suscita dudas en el primer partido de la oposición. Las fuentes socialistas consultadas temen que pueda ser objeto de recurso de inconstitucionalidad y finalmente añada más frustración a la ya generada por la doctrina Parot.
Por último, el Gobierno pretende cerrar el círculo en torno a los excarcelados con una modificación de la Ley de Reconocimiento y Protección de las Víctimas, a fin de que desde el 1 de enero, a través de Hacienda y por vía de apremio, se puedan embargar los bienes, herencias o donaciones cuya titularidad corresponda a los excarcelados, para que satisfagan su responsabilidad civil con las víctimas, cuyas indemnizaciones han sido adelantadas por el Estado.
La clave en este caso se encuentra en la aplicación del procedimiento de apremio, que permite la ejecución inmediata del embargo para recuperar las cantidades de indemnización a las víctimas de modo similar, explican en el Ejecutivo, a como se cobran las multas de tráfico mediante embargo directo de la cantidad adeudada en la cuenta del infractor.
EL MUNDO 29/11/13