En la medida en que todo Estado constitucional se configura como un Estado de partidos, y que son estos los protagonistas decisivos del proceso político, el congreso de una de las fuerzas vertebradoras de nuestra democracia reviste un indiscutible interés. Quisiera subrayar la importancia del debate anunciado sobre el funcionamiento interno. La falta de democracia interna de los partidos es una de las principales causas del deterioro institucional que padecemos. Concretamente, la estructura caudillista-cesarista del PSOE fruto de su funcionamiento plebiscitario (elección del líder mediante primarias) es una de las causas que han conducido al partido a su situación actual. Esto requiere una explicación, porque muchos en el PSOE, como en el PP y en otras formaciones, defienden las primarias apelando a su condición de procedimiento democrático en virtud del cual los afiliados eligen directamente a sus líderes. No es así: desde Napoleón Bonaparte sabemos que los plebiscitos son los mejores instrumentos al servicio del autoritarismo.

El artículo 6 de la Constitución exige que la estructura y funcionamiento de los partidos sean «democráticos». La obvia finalidad de esta disposición es asegurar la necesaria coherencia entre su funcionamiento y el del Estado. Sería una contradicción inasumible que el Estado democrático fuera regido por partidos autoritarios. Ahora bien, el Estado democrático proclamado en el artículo 1.1 de la Constitución se configura como una democracia representativa o parlamentaria (artículo 1.2). Se trata de un modelo de democracia en el que la «intermediación» desempeña un papel fundamental como límite del poder y como garantía de su control. Los ciudadanos no elegimos directamente a quienes han de gobernar y dirigir el Estado, sino que elegimos a unos ‘representantes’ y es a ellos a quienes compete la elección del presidente.

La tarea de los representantes es, por un lado, alcanzar un acuerdo suficientemente amplio sobre las cualidades de quien ha de gobernar y sobre el programa que vaya a desarrollar. Y, por otro, someter a la persona investida (presidente del Gobierno) a un control político permanente. Democracia y control del poder son términos complementarios.

Este diseño democrático del Estado debe trasladarse a los partidos. Los afiliados tienen que elegir a unos representantes, delegados o compromisarios (lo de menos es el nombre) y a estos corresponde diseñar el programa y elegir a sus dirigentes. De esta forma, la legitimidad del líder de un partido -de la misma manera que la del presidente del Gobierno- procede de los representantes que lo han designado. Y por esa misma razón, estos están legitimados para controlar la actuación de aquel, y en última instancia, para destituirlo. Así la democracia representativa no permite a nadie justificar su actuación al grito de ‘me ha elegido el pueblo’ o ‘me han elegido las bases’. Solo por esto, el sistema de primarias debe descartarse, por antidemocrático y potencialmente peligroso, ya que dificulta el control del poder ejercido por el líder.

Existen otras razones para proscribir las primarias: exacerban la división y polarizan hasta el extremo los debates intrapartidistas. La experiencia confirma que en los sistemas plebiscitarios de primarias logran imponerse la mayoría de las veces los discursos más radicales y exaltados. Por otro lado, las primarias conducen a la irrelevancia a los órganos representativos del partido, que dejan de ser órganos de debate y de control para convertirse en ámbitos de aclamación del ungido por las bases.

La propuesta del presidente del PP de modificar el sistema actual de primarias merece una valoración muy positiva en cuanto supondrá eliminar de un partido democrático un procedimiento plebiscitario muy peligroso. Las demás fuerzas deberían tomar nota de ello. Ahora bien, se trata de un combate de resultado incierto porque el virus del populismo está inoculado en todas las formaciones sin excepción, y los aprendices de caudillo saben bien que los procedimientos plebiscitarios de elección les benefician.