La ofensiva de descrédito afecta de rebote a toda la investigación basada en las denuncias y autoinculpaciones del comisionista. Ahí entran desde la UCO a la Fiscalía Anticorrupción, acusada ya abiertamente de participar en una cacería política. Alejandro Luzón ha investigado a Juan Carlos y obtenido condenas contra Mario Conde, Rafael Vera y Rodrigo Rato, entre otras figuras públicas, durante tres décadas de ejercicio con impecable autonomía, pero ésa no es virtud que cotice en el mandato sanchista. Su decisión de sugerir al tribunal que aprecie la cooperación del intermediario, cuya rebaja de pena no puede solicitar por estar sometido al superior criterio de jerarquía, le va a complicar la vida. Está en la diana de una maquinaria propagandística de formidable potencia narrativa. Y cuando llegue la fecha de su renovación no le van a perdonar su encendida apología de la justicia como salvaguarda legítima contra la ‘corrupción orgánica’ que amenaza la existencia de una democracia limpia.

Porque ahí es donde duele: en la alerta cívica ante un método de venalidad organizada que coloniza las instituciones, quiebra la confianza ciudadana y carcome por dentro el sistema. Cohechos, enchufes, prebendas, tráfico de información privilegiada, amaños de contratos en ministerios y empresas convertidos en práctica habitual con una mezcla de complicidad e indiferencia, incluso con un cierto ‘orgullo’ –la palabra es de Luzón, a propósito de la colocación de amantes– en vez de vergüenza. Una trama delictiva encastrada en los pliegues de la Administración con la naturalidad de una costumbre, casi de una regla protegida con el silencio o la indolencia. Ese cuadro de podredumbre normalizada y de responsabilidades eludidas es lo que ha molestado en las altas esferas de un poder habituado a comportarse sin otro límite que el de su autoridad suprema erigida en la convicción moral de representar la ideología correcta. Habrá revancha: ningún dirigente autocrático tolera conatos de independencia.