ABC 06/09/14
· El proceso secesionista supone un alto coste político para el líder de CiU
«La libertad tiene un precio, pero no tenerla también». Así se expresó el presidente Artur Mas en un almuerzo con empresarios celebrado el jueves. Sus reiterados llamamientos a la colaboración con su proyecto secesionista siempre han caído en saco roto en un sector empresarial y financiero, consciente de los perjuicios económicos que esta aventura rupturista provocaría. Efectivamente, la «libertad» que propone Mas tiene sus costes, incluso para su propio futuro político.
La transición nacional hacia el Estado propio que el líder de Convergència i Unió (CiU) prometió en su discurso de investidura tras las elecciones autonómicas de 2012 –año cero del giro secesionista de CDC–, incluía como objetivo fundamental la celebración de una consulta popular sobre la independencia de Cataluña. Gracias a esa propuesta, logró que ERC le diera apoyo durante esa legislatura.
Ese pacto, firmado en un acto solemne por Mas y el presidente republicano, Oriol Junqueras, en el Parlamento catalán, está a punto de saltar por los aires, dado que el referendo, como el propio Mas reconoce en privado, no podrá celebrarse el 9 de noviembre, pues el Tribunal Constitucional, previo recurso del Gobierno, lo prohibirá.
Final de una carrera política
Al dirigente nacionalista no le queda otra salida que adelantar elecciones tras el fracaso de su proyecto estrella y del abandono de ERC, que además participa en la petición de una comisión de investigación parlamentaria sobre la evasión fiscal confesada por Jordi Pujol, cursada por la oposición. Y una vez constatada la estrecha relación política y familiar de Mas con Pujol, el presidente catalán deberá dar explicaciones sobre su actuación como consejero de Política Territorial de la Generalitat durante unos años en los que podría haberse adjudicado obra pública a cambio de comisiones. Esa es la clave de las investigaciones judiciales, que pueden salpicar a Mas y precipitar el fin de su carrera política.
De ahí que su partido, CDC, intente blindarle y se prepare ya para un eventual adelanto electoral, que salvaría a Mas de la humillación de verse fiscalizado por una oposición que también piensa ya en un avance de los comicios autonómicos. PSC, PP, Ciudadanos e incluso ERC abonan esta teoría para deshacer ese embrollo soberanista provocado por el «delfín» de Pujol.
Costes de la indepedencia
– Fractura social e identitaria
El secesión de Cataluña rompería los lazos con el resto de España mantenidos durante siglos y supondría un revés sentimental para aquellos catalanes que no quieren la independencia y que se verán obligados a elegir entre quedarse en un nuevo Estado o emigrar al nuevo país vecino. El Gobierno de Artur Mas y su socio, ERC, nada aclaran respecto a cuestiones como la lengua (¿el catalán pasaría ser la única lengua oficial?) o la nacionalidad (los republicanos hablan de una doble nacionalidad, pero eso depende la decisión del Gobierno).
En definitiva, el proyecto de Mas obliga a elegir entre dos identidades, la catalana y la española, compartidas ahora por la mayoría de residentes en esta comunidad, según los sondeos de la Generalitat.
– Hundimiento de la balanza comercial
El Gobierno catalán alardea de superávit comercial, pero el negocio que permite esos resultados en su comercio de bienes es la venta de productos al resto de España con un superávit de 20.000 millones de euros al año.
Como el total de lo que vende (ventas internas, al resto de España y exportación al mundo) está cercano a 140.000 millones de euros, si no hubiera intercambio comercial con España la región catalana perdería prácticamente la tercera parte de esa cantidad y su déficit con el resto del mundo sería mayor, según refleja «C-intereg», un informe sobre el comercio interregional en España elaborado por Ceprede al que tuvo acceso ABC.
– Fuga de depósitos, suspensión de pagos y quiebra
El Instituto de Macroeconomía y Finanzas (IMF) advirtió de que una hipotética independencia de Cataluña tendría unos «efectos muy adversos» para su sistema financiero, que irían desde la fuga de depósitos de las entidades catalanas hasta la imposibilidad de financiarse en los mercados de capitales y la suspensión de pagos o la quiebra.
En un artículo del subdirector del IMF, Carmelo Tajadura, titulado «La intermediación financiera ante la hipótesis de independencia de Cataluña», se afirma que en el caso más favorable, las entidades catalanas se verían sometidas a un «intenso debilitamiento» y a la división de su negocio, que mayoritariamente se encuentra fuera de Cataluña. Las entidades sufrirían una «ausencia absoluta de crédito, sin poder descartarse la suspensión de pagos o la quiebra».
La transferencia de fondos hacia Cataluña a partir de los depósitos del resto de España dejaría de ser una fuente estable de financiación. Por ello, «las entidades catalanas tendrían que reordenar su negocio y separar el negocio «catalán» del «español» sin transferirse fondos entre ambos», advierten.
La financiación para las entidades bancarias catalanas en los mercados «sólo podría resultar más difícil» e incluso en el caso de una independencia pactada, la reticencia de los mercados, ante el incremento de la incertidumbre, les haría retraerse, al menos a corto plazo.
– Sin reconocimiento internacional
Una hipotética secesión de Cataluña no sería reconocida por la comunidad internacional, y eso supondría el empobrecimiento de su población, según un informe jurídico del Ministerio de Asuntos Exteriores. Según este documento, una secesión unilateral o un referéndum de secesión no amparado por la Constitución de un país no puede ser reconocido por la comunidad internacional.
La viabilidad económica de una Cataluña independiente dependería de su reconocimiento int e r nacional, por ejemplo el acceso al FMI, y de su pertenencia a la UE, algo que los responsables comunitarios ya han descartado.