Dos jueces progresistas y uno conservador -Javier Delgado, Elisa Pérez y Eugenio Gay- querían con sus dimisiones forzar la renovación del tribunal
El presidente del Tribunal Constitucional, Pascual Sala, ha decidido hoy no aceptar la renuncia del vicepresidente de este órgano, Eugeni Gay, y de los magistrados Javier Delgado y Elisa Pérez Vera, que han dimitido en protesta por la no renovación del tribunal. Así lo ha informado el Constitucional después de que esta mañana se conociera que los tres magistrados, cuyo mandato finalizó el pasado mes de noviembre, habían formalizado su renuncia en protesta por la falta de acuerdo entre los grupos parlamentarios del PSOE y del PP en el Congreso para proceder a su renovación. La marcha de Gay, Delgado y Pérez Vera hubiera dejado al Constitucional con el quorum mínimo para seguir tomando decisiones, que la ley establece en ocho magistrados.
El de esta mañana era un órdago sin precedentes en la historia del Constitucional. La inesperada dimisión de los tres magistrados era algo que jamás había presentado ningún miembro de la corte. Se trata, en realidad, de una medida de presión pactada entre conservadores y progresistas para forzar a que PP y PSOE se pongan cuanto antes de acuerdo en el Congreso y nombren a sus sustitutos. La renovación, que tenía que haberse producido antes del 7 de noviembre, ha sido imposible por los continuos desacuerdos entre socialistas y populares.
El presidente del Constitucional ya había demostrado anteriormente que no le tiembla el pulso a la hora de mantener un órdago contra los partidos cuando éstos se muestran perezosos en las renovaciones judiciales. En 1996, cuando presidía el Consejo General del Poder Judicial, protagonizó un hecho muy similar. Entonces, provocó ‘de facto’ la disolución del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) al aceptar la dimisión en bloque seis de los vocales, lo que dejó al órgano de gobierno de los jueces con sólo once miembros, tres vocales menos de los necesarios para que pudiera adoptar decisiones. Pascual Sala jugó sus cartas y tardó cuatro meses en decidir si aceptaba o no la renuncia, hasta lograr que los partidos le hiciesen caso.
«Enquistamiento»
Los tres magistrados cesantes -señalaron fuentes del tribunal- han reconocido sin ambages ante sus compañeros que su renuncia es una medida de presión y que su intención es evitar a toda costa el «enquistamiento» ocurrido con la renovación de los cuatro magistrados designados por Senado, que tomaron posesión el pasado enero tras tres años de retraso por culpa del juego de intereses de los partidos.
Gay, Pérez y Delgado, que llegaron a la corte en 2001, son parte del turno de magistrados que debe designar el Congreso. Su perfil, a pesar del acuerdo para dimitir en bloque, es totalmente diferente. Gay y Pérez son del denominado sector progresista y votaron a favor del ‘Estatut’ catalán y de que Bildu participara en las elecciones. Es más, Pérez es la ponente de un borrador de sentencia aún sin deliberar que aboga por modificar alguna de las aplicaciones de la ‘doctrina Parot’. Delgado, por su lado, encabeza el flanco conservador y votó en contra de Bildu y por un gran recorte del texto catalán.
La cámara baja debía haber designado también un cuarto nombre: al sustituto de Roberto García-Calvo, magistrado fallecido en mayo de 2008 y cuya vacante tampoco ha sido cubierta desde entonces por los desencuentros entre el PP y el PSOE. Los contactos entre socialistas y populares se rompieron definitivamente el pasado 30 de diciembre, cuando el presidente del Congreso, José Bono, dio por cerrado el plazo para proponer candidatos después de que durante un mes lo hubiera prorrogado por dos veces para que los dos grandes partidos, cuyo acuerdo es imprescindible para los nombramientos, pactasen los cuatro aspirantes.
El único acuerdo entre PP y PSOE es que dos de los cuatro magistrados serán designados por un partido y otros dos por el otro. El gran escollo de la negociación tiene nombre y apellidos: el magistrado de la Sala de lo Penal y ex portavoz del CGPJ Enrique López. El PP quiere a toda costa que forme parte del Constitucional y el PSOE se empeña en vetarle una y otra vez. Ni siquiera la indisimulada bronca que la presidenta saliente del Constitucional, María Emilia Casas, dedicó en enero a los grandes partidos, a quienes acusó de «incumplimiento grave» de la carta Magna, hizo que estas formaciones retomasen los contactos. Sin esperar un órdago como el actual, PP y PSOE habían dejado ya este asunto para después de las elecciones generales.
EL CORREO, 14/6/11