El presidente del Gobierno no ha asumido ninguna responsabilidad política

Aunque posiblemente el presidente del Gobierno esté llamado a más altas y exigentes responsabilidades, hablaré ahora solo de las políticas. Existe una forma de lenguaje llamado performativo. En ella, la mera emisión de una expresión produce la realidad a la que se refiere. Así, la aceptación de los dos contrayentes en la ceremonia matrimonial produce la realidad de un matrimonio. Y la afirmación «prometo» crea la obligación de cumplir la promesa. Decir «prometo» es prometer. Aunque lo diga Pedro Sánchez. Pero la asunción de la responsabilidad política no es una forma de lenguaje performativo. Decir que se asume la responsabilidad política no es lo mismo que asumirla.

Se trata de un concepto ético y político, no jurídico. A nadie se le puede obligar a asumir su responsabilidad. Es algo que se hace (o no se hace) libremente. Pero en las sociedades democráticas se ha convertido en una práctica obligatoria desde la perspectiva de la ética política. No constituye una obligación legal, pero sí ética y jurídica. Los dos casos más claros son la comisión de un error en la gestión política o en la designación de un subordinado inmediato. Por ejemplo, si se considera que la gestión de la pandemia fue mala, el presidente del Gobierno asume su responsabilidad dimitiendo. O si un ministro gasta el dinero público en prostíbulos, el presidente debe dimitir. No basta con destituirlo. Un caso ejemplar fue el de Antonio Asunción, por cierto, socialista, que dimitió como ministro del Interior como consecuencia de la fuga de Roldán. Ni se escapó de él, ni fue culpable de nada. Simplemente, asumió su responsabilidad política.

Pedro Sánchez no tendría que dimitir, aunque tampoco estaría mal que lo hiciera, por las eventuales acciones corruptas de Koldo. Pero sí por las cometidas por José Luis Ábalos y Santos Cerdán. En estos dos casos no hay cortafuegos posibles. Ambos han sido todopoderosos números dos como secretarios de organización del PSOE y uno de ellos ministro. La única forma de evitar la asunción de responsabilidades sería negar los hechos y acogerse a la presunción de inocencia, cosa que, por lo demás, vinieron haciendo durante meses. Decir que se pone la mano en el fuego tampoco es lenguaje performativo. De serlo habría muchas manos ministeriales abrasadas. Pero esta solución sería aún peor una vez que las pruebas se acumulan sin cesar. El presidente ha hecho precisamente lo único que no debía hacer. Tratarlos como apestados y delincuentes y, a la vez, lavarse las manos por su elección. Además, han sido dos casos. Pedro Sánchez tiene graves problemas en la elección de colaboradores, especialmente en la de los secretarios de organización. Está bien pedir perdón, mostrarse compungido y dolido hasta el histrionismo, sentirse traicionado, siempre que se trate del preámbulo de la dimisión. Por lo demás, era la doctrina que él mismo defendía cuando era el jefe de la oposición. Ya sabemos que es persona que no miente; solo rectifica. Aunque le perjudique. Ni el partido ni el Gobierno han reaccionado ni han hecho nada. Solo una cosa había que hacer: la asunción de la responsabilidad política del presidente mediante su dimisión.

Está también la cuestión de los socios del Gobierno. Salvo Coalición Canaria, todos se han convertido en cómplices de la corrupción y de la irresponsabilidad ética y política. No habría chantaje si no hubiera ansia patológica de poder e inmensa corrupción. Es insoportable asistir a la desfachatez de los partidos separatistas que alardean de obtener beneficios de un Gobierno anegado en la corrupción, en lugar de derribarlo y exigir la convocatoria de elecciones. La corrupción y el independentismo no se hacen ascos. Ahí está la foto de Santos Cerdán con Puigdemont, un canto al Código penal. Hasta el CIS empieza a registrar el terremoto, aunque lo califique de leve temblor. La cosa está tan mal que acaso termine bien.