EDITORIAL-El ESPAÑOL
El pleno del Tribunal Constitucional que debía decidir sobre el recurso interpuesto por el PP contra la reforma gubernamental exprés del sistema de elección de los magistrados del propio TC fue suspendido ayer jueves por el presidente Pedro González-Trevijano hasta el próximo lunes.
El presidente del TC tomó la decisión después de que cinco magistrados de la minoría progresista pidieran aplazar el pleno argumentando que la «complejidad» del asunto les imposibilitaba poder participar en su deliberación y votación. A consecuencia de ese aplazamiento, el Congreso pudo votar la reforma, que fue aprobada pocas horas después sin que el TC se hubiera pronunciado sobre el recurso del PP.
La excusa dada por el sector progresista, imposible de creer en magistrados con la experiencia y el conocimiento que se les supone, fue posible gracias a la treta orquestada al alimón por el PSOE y Unidas Podemos. Los socios de Gobierno han planteado recusaciones y alegaciones procesalmente inadmisibles, pero que generaron el ruido y la presión suficientes como para que Trevijano se echara atrás.
Los magistrados afines al Gobierno saben perfectamente que al TC le resultará mucho más difícil estimar el recurso del PP este lunes si la norma ya ha sido aprobada en el Congreso.
Porque si hoy, cuando el recurso ni siquiera se había empezado a debatir, la izquierda política y mediática ya acusaba al TC, con argumentos jurídicos y políticos grotescos, de «golpista» por «interferir» en «la voluntad del Parlamento», ¿qué dirán este lunes si el tribunal admite a trámite la demanda y adopta las medidas cautelares que pide el PP sobre una norma ya aprobada en el Congreso de los Diputados?
Sobre todo después de que el propio presidente del Gobierno, sólo unas horas después de salirse con la suya, haya acusado a Trevijano, de cómplice de «un burdo complot» del PP para «amordazar» al Congreso.
Con el aplazamiento del debate al lunes, Moncloa ha conseguido lo que deseaba, la aprobación de su reforma. Ahora será mucho más complicado detener su avance, pese a los serios indicios de que la tramitación parlamentaria ha vulnerado los derechos de los diputados del primer grupo de la oposición.
A Sánchez, por tanto, le ha bastado con la introducción de dos enmiendas en una norma sin conexión alguna con el sistema de elección de los magistrados del TC (la reforma penal que suprime la sedición y modifica la malversación) para que, en menos de una semana, sin atender a la oposición o al criterio de los letrados del Parlamento, y sin informe preceptivo alguno, el Congreso apruebe cinco medidas que tendrán un profundo impacto en el equilibrio institucional de nuestro país.
Esas cinco medidas son la supresión del quorum para la conformación del Pleno del CGPJ que se convoque para elegir a los dos magistrados del TC; la supresión del requisito de que sean nombrados por una mayoría de 3/5; la limitación de la facultad de los vocales para proponer y votar candidatos; la alteración de la norma constitucional de que la renovación del TC se haga por tercios; y la supresión de la competencia del Tribunal Constitucional para verificar que los nuevos magistrados cumplen los requisitos legales.
El resultado de la reforma, a efectos prácticos, es que facilitará la mayoría progresista en el TC que busca Pedro Sánchez. Es decir, una mayoría dócil y alineada con los intereses del presidente en un momento en el que varias leyes clave de este Gobierno van a pasar por el Constitucional.
Sánchez, por tanto, ha dado hoy un paso más en su propósito de tomar el control de todas las instituciones clave del Estado. Con su último logro, rematado con el respaldo de formaciones políticas ajenas a los estándares de un Estado de derecho liberal, marca un antes y un después en el funcionamiento de la democracia española tal y como la hemos conocido durante las últimas cuatro décadas.
En este escenario, es lógico reprochar al PP por no haber accedido en su momento a un acuerdo para la renovación del TC y del CGPJ. Pero que el principal partido de la oposición no cumpliera con su deber constitucional no es excusa para que el PSOE prescinda de tramitar la reforma como un proyecto de ley y haya escogido, en cambio, una fórmula torticera, criticada por los letrados de las Cortes y con claros visos de inconstitucionalidad.
De esta situación se desprende otra conclusión incómoda. La falta de valentía del presidente del Tribunal Constitucional, duramente criticado por una izquierda que le ha acusado de «bloquear el Congreso», que le ha calificado de «golpista con toga», que le ha comparado con Tejero y que ha descalificado al Poder Judicial y al TC con expresiones sólo escuchadas antes en regímenes populistas autocráticos.
Trevijano no debería jamás haber agachado la cabeza frente a insultos tan necios. Porque peor que pasar a la historia como el presidente del TC que bloqueó cautelarmente la posible inconstitucionalidad de una reforma gubernamental que liquida la regla del consenso es pasar a la historia como el presidente del TC que propició, con su inacción, que el Gobierno controlara y desactivara todos los contrapesos institucionales al poder del Ejecutivo.
Las consecuencias del asalto de Sánchez al TC no se harán esperar y serán colosales. Trevijano tiene que permitir que el Tribunal resuelva el próximo lunes, mientras esté a tiempo, y no volver a abdicar de su responsabilidad. Se espera de él que tenga la capacidad de resistir este tipo de intolerables presiones predemocráticas. Sobre todo cuando la razón jurídica está claramente de su parte.
Si el TC da este lunes el visto bueno a la deriva iliberal del Gobierno, el sistema va a quedar huérfano de mecanismos de control, desamparado ante este Gobierno y los sucesivos, sean del signo que sean. El privilegio de Trevijano es que este fin de semana podrá reflexionar y decidir sobre cómo quiere pasar a la historia. Sólo tiene dos opciones.