EL CONFIDENCIAL 10/07/13
Sus polémicas declaraciones han pasado prácticamente inadvertidas. Tanto que ni siquiera el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tenía hasta ayer conocimiento de ellas. El pasado sábado, Miguel Ángel Gimeno, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y máximo representante judicial del Estado en esa comunidad autónoma, cuestionó públicamente la unidad de España, y aseguró que «puede ser interpretada».
Sus palabras, vertidas durante una entrevista en el programa de TVE en Cataluña Aquí Parlem (Aquí hablamos), un espacio de información parlamentaria que se emite los sábados, han causado perplejidad en diferentes medios jurídicos consultados por El Confidencial, y se producen sólo cuatro meses después de que el fiscal superior de Cataluña, Martín Rodríguez Sol, presentara su dimisión por unas declaraciones, también controvertidas, sobre el proceso soberanista.
El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, forzó el cese de Rodríguez Sol el pasado 5 de marzo después de que éste afirmara, en una entrevista concedida a la agencia Europa Press, que «existen otras alternativas» al referéndum sobre la independencia en Cataluña, y una de ellas es «utilizar la ley [catalana] de consultas». El ya ex fiscal superior añadió: «Al pueblo hay quedarle la posibilidad de expresar lo que quiere».
Ahora ha sido Gimeno el que ha hecho saltar algunas alarmas. El presidente del TSJC dijo el sábado que «la Constitución española dice lo que dice, y habla de la unidad de España; pero también es verdad que ese término puede tener alguna interpretación». Gimeno, de perfil progresista, insistió en que «el término unidad, en todo caso, puede ser interpretado».
El magistrado fue mucho más allá, al animar a «todas las fuerzas políticas del Estado» a alcanzar un acuerdo sobre la posible secesión de Cataluña. El presidente del TSJC aseguró que «lo que sí está muy claro» es que la solución al encaje de Cataluña en España «debe comenzar no por una legalidad, sino por un acuerdo político», y añadió: «El tema es muy complejo, pero es netamente político; el jurídico vendrá después, pero primero ha de ser político».
Gimeno reiteró que esa es la única solución porque, como sugirió de forma implícita, la Constitución es un obstáculo insalvable para colmar las aspiraciones soberanistas de Cataluña. «Si se quiere hacer algún tipo de modificación en la Constitución española, se habría de hacer en los términos previstos en la propia Constitución», señaló. Y la Carta Magna es muy clara al respecto: cualquier reforma debe contar con el imprescindible respaldo de los dos partidos mayoritarios, PP y PSOE, contrarios al derecho a decidir.
Límites a la libertad de expresión
El debate que subyace en las declaraciones del presidente del TSJC es, a la vez, político y jurídico: el de los límites a la libertad de expresión de magistrados, jueces y fiscales. Muchos juristas consideran que las únicas restricciones que afectan a ese colectivo en el ejercicio de sus derechos fundamentales son las que les impiden desempeñar otros cargos públicos y pertenecer a partidos o sindicatos. Todos los demás, sostienen, incluida la libertad de expresión, pueden ejercerlos como cualquier otro ciudadano.
Otros opinan, por el contrario, que los jueces no pueden expresar su opinión sobre los asuntos que tienen que investigar o juzgar, porque, si lo hicieran, su imparcialidad quedaría seriamente comprometida. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, defendió esa tesis precisamente un día después de la dimisión de Rodríguez Sol, cuando afirmó que «jueces y fiscales tienen una serie de limitaciones que no tienen el resto de los ciudadanos«. Según Ruiz Gallardón, «si un juez o un fiscal participa en un debate de carácter político en el que después puede tener que intervenir, queda absolutamente contaminado».
Esa limitación de la libertad de expresión de los jueces es uno de los preceptos que el ministro de Justicia ha incluido en la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, un proyecto que ha suscitado el unánime rechazo de todos los sectores de la judicatura y de la oposición política al completo, que ven en él un ataque frontal a la independencia judicial. El artículo 45 del nuevo texto es muy restrictivo al respecto: «Los jueces y asociaciones judiciales se abstendrán de hacer valoraciones de actualidad en los medios de comunicación sobre los asuntos pendientes ante los tribunales».