El presidente del Gobierno anunció esta semana un conjunto de medidas que, junto con las aprobadas en el llamado «paquete anticrisis» de finales de junio, suponen 10.000 millones de esfuerzo presupuestario este año. Desgraciadamente, las medidas propuestas no son parte de un plan de futuro para España. Al contrario, continúan la preferencia de este Gobierno por las subvenciones e impuestos arbitrarios y discrecionales frente a las reformas trabajadas y pensadas.

Subvención tras subvención, e impuesto tras impuesto, se configura un sistema fiscal insostenible e ineficiente. Desgraciadamente, estas medidas no tienen justificación económica ni social; su único motivo es el batacazo electoral en Andalucía. El presidente busca ganar tiempo y calmar las aguas con sus socios de Gobierno.

La incoherencia de las medidas configura un marco delirante: ofrece transporte público gratuito a la vez que financia la gasolina del coche privado, extrae los beneficios extraordinarios de las eléctricas a la vez que topa el gas (mecanismo con el que supuestamente desaparecen esos beneficios) o propone un impuesto a la banca a la vez que el acceso al crédito para familias y empresas se encarece.

Pero, más allá de las críticas a esta u otra medida, las propuestas de Sánchez denotan improvisación y ausencia de un plan a largo plazo. Y España nunca ha necesitado tanto un plan económico.

Recordemos que, en 2007, al comenzar la crisis financiera, España tenía una deuda pública ejemplar: un 36% del producto interior bruto (PIB). En esta larga década perdida, en la que nuestro PIB no ha crecido desde 2007, la deuda pública ha alcanzado un 120% del PIB. En números, la deuda ha aumentado un billón de euros entre 2007 y 2020 sin que crezca nuestra capacidad para pagarla. Para visualizarlo, imaginen una familia que, durante 15 años, tiene más gastos anualmente, no aumenta sus ingresos y, como resultado, cada año se endeuda más y más. ¿Qué hará la familia cuando, inevitablemente, el banco le haga confrontar su realidad?

«El Banco Central Europeo ha anunciado el fin de las compras de deuda y una subida de los tipos de interés para intentar controlar la inflación»

En las últimas semanas, el Banco Central Europeo (BCE) ha anunciado el fin de las compras de deuda y una subida de los tipos de interés para intentar controlar la inflación. Este giro en la política monetaria tendrá un impacto particularmente dañino sobre economías muy endeudadas como la española.

Durante estos duros años de pandemia, la política de compras de deuda del BCE ha supuesto un apoyo excepcional para los países más endeudados. Gracias al BCE, hemos podido proteger a familias y empresas del parón de la economía por el covid sin tener que preocuparnos de la sostenibilidad de nuestras cuentas públicas. De hecho, el BCE ha comprado toda la deuda emitida por España desde el inicio de la pandemia: 200.000 millones de deuda pública entre enero de 2020 y marzo de 2022. Prácticamente, nada de lo que ha emitido España se ha financiado en los mercados. El Gobierno de Pedro Sánchez sabía que, aunque sus cuentas no cuadrasen, podía contar con el BCE para endeudarse todo lo que quisiera.

Ahora, con la subida de tipos y el fin de la compra de deuda, la protección que nos brindaba el BCE comienza a desaparecer. Ante el nuevo escenario, los mercados empezarán a mirar con lupa qué hacemos con el dinero que nos prestan y cómo pensamos devolverlo.

Voluntad para eliminar déficits

Esto requiere que políticamente el Gobierno, y el reino de España en su conjunto, tengamos la voluntad y la capacidad para eliminar cuanto antes los déficits primarios, es decir, los déficits sin contar pagos de intereses. Igual que un bar o una tienda muy endeudados negocian mejor con los bancos si, como mínimo, cada mes ingresan más de lo que gastan (dejando a un lado la deuda a la que se enfrentan), cuando los mercados aprietan a un país es clave contar con un superávit primario.

Pues bien, España está en este sentido en peor posición que algunos de nuestros compañeros en crisis anteriores. Tras años de consolidación fiscal, Chipre, Grecia y Portugal tendrán superávits primarios en 2023, pero España seguirá necesitando endeudarse para pagar las nóminas y pensiones del mes siguiente.

Desgraciadamente, el Gobierno no está haciendo los deberes necesarios para que los inversores confíen en la solvencia de España cuando vengan mal dadas. Es verdad que, durante la pandemia, era necesario aumentar el gasto para proteger a los más afectados. Pero el Gobierno se equivocó en el tipo de gasto necesario. España necesitaba apoyar a los trabajadores con los ERTE, pero también respaldar a pymes y autónomos con ayudas directas, puntuales y temporales. Estas ayudas, sujetas a demasiada burocracia, han sido escasas y difíciles de recibir. Esa es, probablemente, una de las causas por la que, según las predicciones de la Comisión Europea, España será el último país en recuperar su nivel de PIB anterior a la pandemia.

En vez de hacer este gasto puntual, que hubiera mantenido el crecimiento y mejorado la sostenibilidad de la deuda, el Gobierno ha aumentado el gasto estructural, a largo plazo: ha eliminado los mecanismos para el ajuste automático de las pensiones con los cambios en la esperanza de vida —mecanismos que se han introducido en todos los países de Europa durante las últimas décadas— con el fin de disfrutar durante unos años de su rédito electoral y esperar que sea otro Gobierno el que tenga que hacer el recorte si nos metemos en una crisis de deuda.

¿Cuánto ha costado esta irresponsabilidad? El déficit estructural del año que viene, el que no depende del ciclo económico, ha sido cifrado por los analistas en más de cuatro puntos del PIB (en términos del PIB de hoy, casi 45.000 millones de euros). Desgraciadamente, con este aumento del déficit estructural, la perspectiva es que los gastos serán mayores que los ingresos públicos durante mucho tiempo, incluso excluyendo el pago de intereses.

España necesita reformas

España necesita reformas para hacer sostenible el estado de bienestar, aumentando la competitividad de la economía. Desgraciadamente, el Gobierno se ha negado a hacer las reformas necesarias. La reforma de la Administración, quizá la más urgente, ni siquiera está en la discusión pública. La de las universidades es peor que cosmética; solo busca hacer lo mínimo para cumplir con Europa. La de las pensiones pone en peligro la sostenibilidad del sistema.

Además, el Gobierno debe proponer una senda de consolidación fiscal a medio plazo, una hoja de ruta para reducir el déficit estructural que explique a los españoles cómo va a conseguir que los ingresos públicos superen a los gastos. Los españoles tenemos muchísimo que perder si se repite la crisis del euro; y merecemos que se nos trate como adultos.

Es posible que el Sr. Sánchez piense que, para cuando llegue ese momento, ya habrán pasado las próximas elecciones. O que, con dos impuestos milagrosos a las eléctricas y a la banca y un riego de subvenciones, todo se solucionará. La realidad es que, mientras el presidente gana tiempo, España lo pierde. Si no nos ponemos manos a la obra hoy, terminaremos teniendo que hacer ajustes dolorosos mañana. La historia debería resultarnos demasiado familiar como para repetir los mismos errores del pasado. Desgraciadamente, las soluciones fáciles, en economía, no existen.

*Luis Garicano, economista y jefe de la delegación de Ciudadanos en el Parlamento Europeo, es vicepresidente y portavoz económico de Renew Europe