El ‘Plan de acción por la democracia’ anunciado hoy por el Gobierno incluye el primer intento sistemático de limitación de la libertad de prensa, y especialmente del derecho a la información de los ciudadanos, en cuarenta y cinco años de democracia.
Amparándose en el Reglamento Europeo de Libertad de los Medios de Comunicación (EMFA) en la parte relativa a lo que llama ‘el ecosistema informativo’, el Gobierno ha esbozado un plan de dieciséis medidas (de un total de treinta y una) que sólo pueden ser comprendidas en su conjunto y atendiendo al contexto español.
Un contexto que debe incluir, en primer lugar, el origen de esta iniciativa, los cinco días de reflexión de Pedro Sánchez tras la publicación de unas informaciones potencialmente comprometedoras que afectaban a su esposa.
Pero también el hecho de que el encargado de detallar el plan frente a la prensa haya sido Ernest Urtasun, un ministro sin competencias en este terreno y que pertenece a un partido de extrema izquierda que ha abogado una y otra vez por la intervención de los medios y la limitación de las libertades de expresión y de prensa.
Error de origen
El plan del Gobierno parte de un error conceptual de origen.
Porque el titular del derecho a la información no son los medios de comunicación o los periodistas, sino los ciudadanos. Por ello el artículo 20 de la Constitución no convierte a los medios en garantes exclusivos de ese derecho a la información, sino que reconoce ampliamente el derecho «a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión».
La prensa, por tanto, es sólo uno de los intermediarios de ese derecho a la información, que puede ser garantizado también por otros canales y del que puede hacer uso cualquier ciudadano, integrado o no en un medio periodístico al uso. Especialmente en un momento en que redes sociales, profesionales de la comunicación independientes y otro tipo de plataformas, digitales o no, son también actores relevantes de ese sistema.
¿Quién decide?
El Gobierno podría haber traspuesto directamente la EMFA sin ninguna legislación adicional. Pero ha preferido adaptarla llevándola más allá de su intención original, que no es la de restringir el derecho a la información amparándose en la lucha contra los bulos, sino la de proteger ese derecho y amparar a los periodistas frente a las presiones externas.
El propio Reglamento establece que este «no afectará a la posibilidad de los Estados miembros de adoptar normas más detalladas o más estrictas», pero «siempre que dichas normas aseguren un nivel de protección del pluralismo de los medios de comunicación o la independencia editorial más elevado».
El simple hecho de que se atribuya a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia la definición de lo que es un medio supone una limitación efectiva de ese derecho a la información a los ciudadanos.
Porque ¿cómo se decide que es un medio de comunicación? ¿En base a qué criterios? ¿Lo son los youtubers o los streamers? ¿Sería considerado como «medio» un columnista independiente con un par de ayudantes que colgara sus textos en las redes sociales?
La transparencia defendida por el Gobierno y la obligación por parte de administraciones y empresas de medios de hacer públicas las cantidades otorgadas o recibidas en publicidad institucional son iniciativas loables. Pero es el Gobierno, y no las comunidades, el que ha incumplido hasta ahora esa obligación.
Inconcreción de los criterios
También es preocupante la inconcreción de los criterios para el reparto de la publicidad pública y para la futura reforma de la Ley de publicidad institucional para la regulación de los sistemas de medición de audiencias, que el Gobierno ha insinuado que están siendo manipulados en beneficio de determinadas empresas.
¿Cómo y a través de qué canales?
¿O es que piensa añadir el Gobierno criterios «cualitativos» a esas mediciones que beneficien a determinados medios en detrimento de otros? Es decir, a determinados segmentos de la ciudadanía en detrimento de otros.
Y una pregunta más. ¿En qué se concretan los criterios de «transparencia, imparcialidad, inclusividad, proporcionalidad, no discriminación, comparabilidad y verificabilidad» mencionados por el Gobierno cuando existe un medidor recomendado por el mercado que ha ganado un concurso abierto?
Cuando, además, ese concurso puede volver a convocarse si se estima necesario.
La mejor regulación
Preocupante también es el «impulso de la ley de secreto profesional de los periodistas como garantía jurídica para la protección de fuentes». El secreto profesional está incluido en la Constitución y es su falta de desarrollo normativo durante cuarenta y cinco años lo que ha permitido que los tribunales lo consideren como un derecho preferente.
Es obvio que, a partir de ahora, ese derecho contará con excepciones. Por algo se ha dicho siempre que «la mejor ley de prensa es la que no existe».
También inquietante es el anuncio de una «estrategia nacional de lucha contra las campañas de desinformación» de alcance indeterminado. ¿Incluirá esa lucha contra la desinformación las mentiras de las Administraciones públicas o de nuestros representantes políticos, incluido el presidente del Gobierno?
En cuanto a la anunciada reforma del derecho a la rectificación y del derecho al honor, cabe mencionar que sus límites están ahora bien definidos en el Código Penal y en las leyes que los desarrollan. Bastaría por tanto con ampliar su tipificación a los contenidos difundidos por redes sociales.
La clave del plan, en su parte relativa a los medios, la ha dado Urtasun cuando ha hecho mención de la puesta en marcha de una «política mediática» por parte del Gobierno.
Pero ¿qué «política mediática» puede llevar a cabo un Ejecutivo que regenta el mayor conglomerado mediático existente en España, el conformado por RTVE y la Agencia EFE? Un Gobierno que, además, fiscaliza a las encuestadoras privadas como si no existiera el CIS, dirigido hoy por alguien que ha pertenecido a la Ejecutiva del PSOE.
Contra los bulos
¿Justifica la existencia de un porcentaje limitado de bulos, cuyo impacto en la conformación de la opinión pública es, de acuerdo con todos los estudios realizados hasta el momento, poco relevante, esa intervención de los medios?
El Gobierno parece confundir sus intereses particulares con los de los ciudadanos españoles amparándose en la supuesta defensa del «verdadero periodismo». Pero aquí no hay verdadero periodismo. Hay buen periodismo y mal periodismo. Y basta con estudiar cualquier ranking de audiencia para darse cuenta de que los ciudadanos escogen siempre el buen periodismo de forma masiva y condenan a la irrelevancia al malo.
Es dudoso que el Gobierno vaya a contar con apoyos para un plan de control de los medios como el que ha propuesto con la coartada de la EMFA, incluso aunque haya utilizado como gancho unas indeterminadas medidas de discriminación positiva para aquellos medios de comunicación que emitan o publiquen íntegramente en catalán, gallego y euskera.
Pero la simple existencia de un plan como este revela que en España no son sólo las instituciones las que están en riesgo, sino también libertades civiles elementales en democracia, como la del derecho a la información y la libertad de prensa.
El Gobierno ha creado un problema allí donde existía una doble solución. La de la legislación vigente, que bastaría con extender a las redes sociales, y la de la propia autorregulación del mercado que surge de la libre voluntad de los ciudadanos.