Ambos sumarios están trufados de suciedad, pero existe una diferencia crucial en la asunción de las respectivas responsabilidades. Las institucionales, no las penales. Las del marianismo están depuradas hace ocho años; lo hizo el propio Sánchez en una moción de censura sarcásticamente apoyada por los testaferros del terrorismo etarra y los golpistas catalanes, cuyos dirigentes estaban por aquel entonces en la cárcel. Pero a todos los efectos, al margen del curso de los procesos que competan a los tribunales, los pecados políticos y morales de un Gobierno quedan purgados cuando cae. En ese sentido Rajoy y sus colaboradores son ahora unos señores particulares y de su época no queda en la actual nomenclatura popular prácticamente nadie. En cambio, las actividades bajo sospecha del Ejecutivo en ejercicio están pendientes de catarsis. Y sin dimisiones ni ceses –salvo el de Ábalos, sin explicaciones oficiales–, todo el cinturón de confianza del presidente vive en una impunidad a punto de acabarse.

La corrupción, de la que el exministro de Transportes se ha convertido en símbolo, atraviesa todo este mandato. Afecta a los familiares del líder, a su círculo de pretorianos, a directivos de empresas públicas y a una pléyade de altos cargos repartidos en ministerios varios. No son acontecimientos episódicos; se trata del hecho fundacional de un proyecto de toma del Estado, que empezó por cierto con una intentona de pucherazo contra sus propios correligionarios. Los puestos de influencia repartidos para instaurar un sistema clientelar, los recursos públicos saqueados para apropiárselos. No son los primeros en hacerlo, ni serán los últimos, pero les toca empezar a dar cuentas de ese asalto. Y sí, claro que en la etapa de Rajoy existió financiación irregular y varias organizaciones delincuenciales que depredaron a fondo el dinero de los ciudadanos. Por eso están unos fuera del poder y otros condenados. Que pasen los siguientes a pagar su factura; esta semana vence el primer plazo.