El primer preso juzgado tras el comunicado desafía de nuevo al tribunal

EL MUNDO 16/01/14

· «No autorizo a juzgar a los ciudadanos del País Vasco», dice ‘Txeroki’

Si algo ha cambiado entre los presos etarras tras el comunicado difundido por el EPPK, ayer no se notó. Era la primera vez que un interno de la banda –y no uno cualquiera, sino el mismísimo Txeroki– se sentaba ante un tribunal desde que el Colectivo de Presos Políticos Vascos (EPPK) dijo que asumía la legalidad penitenciaria española. Pero nada: «No autorizo a juzgar a los ciudadanos del País Vasco y no voy a contestar a ninguna pregunta», dijo en euskera el ex jefe de comandos de la banda terrorista, sin hacer referencia alguna a lo que el EPPK señala como un hito histórico para los presos etarras.
Era exactamente lo mismo que Mikel Garikoitz Aspiazu Rubina había venido haciendo en sus anteriores comparecencias en la Audiencia Nacional. Como siempre, su abogada añadió que no iba a hacer siquiera un informe de defensa por petición expresa del acusado.
El comunicado del Colectivo de Presos Políticos Vascos (EPPK) divulgado el pasado 28 de diciembre recogía en su punto sexto un reconocimiento de la legalidad penitenciaria: «Podríamos aceptar que nuestro proceso de vuelta a casa, nuestra excarcelación y de manera prioritaria nuestro traslado a Euskal Herria se efectuasen utilizando cauces legales, aun cuando ello para nosotros implícitamente conlleve la aceptación de nuestra condena». «Compartimos que tanto la ley como su aplicación cumplen una función esencial de cara al futuro, ya que han de ser utilizadas para fortalecer los pasos que hayan de darse», concluía el EPPK.

Nada en la brevísima intervención de Txeroki hubiera permitido atisbar que lo anterior se había redactado

En cuanto al juicio en sí, la indiferencia de Txeroki era comprensible. Le han impuesto ya más años de prisión que los 40 que podría llegar a cumplir de manera efectiva –él es un preso del Código Penal nuevo, sin redenciones posibles–. Escuchó sin responder al fiscal de la Audiencia Nacional Luis Barroso, que mantuvo la petición de 10 años de cárcel por colocar un paquete bomba en el edificio de la Bolsa de Bilbao. Según el Ministerio Público, el 4 de marzo de 2002 el comando Olaia, del que formaba parte, colocó un artefacto con 20 kilos de cloratita y 35 gramos de tytadine en los servicios de caballeros del edificio. Dos llamadas telefónicas alertaron a la Ertzaintza, que desalojó el inmueble y desactivó la bomba. Los otros dos miembros del comando ya fueron condenados por este atentado.