Los atentados desautorizaban al Gobierno de Carlos Arias Navarro, el último de la dictadura, cada vez más débil y aislado. Siempre había sido rechazado tanto por la oposición antifranquista como por la extrema derecha, pero en octubre de 1974 también había perdido el respaldo de la facción más reformista del régimen.

Para proyectar una imagen de fuerza, el 25 de abril de 1975 el Gobierno decretó un estado de excepción de tres meses en Vizcaya y Guipúzcoa. A pesar de que la mayoría de los detenidos no tenían nada que ver con ETA, muchos fueron maltratados o incluso torturados. Además, la violencia policial provocó doce muertos. En agosto se promulgó el decreto ley 10/1975, que endurecía las penas por delitos de terrorismo. Y el 27 de septiembre la dictadura ejecutó a tres miembros del FRAP y otros dos de ETApm, que en conjunto habían participado en el asesinato de cuatro agentes de la ley. Con todo, el presidente Arias fue incapaz de recabar nuevos apoyos y de consolidar su posición. Por supuesto, los atentados no cesaron.

Paralelamente a la represión legal, en abril de 1975 entró en funcionamiento el terrorismo parapolicial. Aunque también lo sufrió la oposición democrática, sus principales objetivos eran vengar la muerte de funcionarios y amenazar el santuario de ETA en el sur de Francia. Al principio se cometieron atentados contra entidades y negocios abertzales, como las librerías Mugalde (ligada a ETApm) en Hendaya y Nafarroa (de ETAm) en Biarritz.

En mayo el boletín interno del Seced, el servicio secreto franquista, se posicionó en contra del ‘terrorismo blanco’. No lo hizo por razones morales, sino por juzgarlo «totalmente contraproducente»: «sin afectar directamente a la organización terrorista que pretende combatir, contrarresta el efecto revulsivo provocado en la opinión pública por las acciones criminales de ETA y contribuye a la separación entre la masa de la población y sus autoridades y fuerzas de seguridad, objetivo primero de la subversión».

La directriz era clara, pero fue desobedecida. Es más, se pasó de los daños materiales a los delitos de sangre. Como represalia por el asesinato de un guardia civil, la noche del 4 al 5 de junio en Biarritz un comando intentó colocar una bomba lapa en el vehículo que solía usar uno de los líderes de ETAm, José Antonio Urrutikoetxea (‘Josu Ternera’). El artefacto explotó antes de tiempo. Uno de los terroristas, Marcel Cardona, un francés vinculado a la OAS, falleció. Otro resultó herido. Y el tercero huyó.

El 5 de octubre, como respuesta a una bomba de ETAm que había acabado con la vida de tres guardias civiles, varios pistoleros asesinaron en su propio bar de Elorrio a Iñaki Etxabe, hermano del exdirigente de la banda Juan José Etxabe. Es considerado la primera víctima mortal del terrorismo parapolicial.

El día 22 de aquel mes el Seced volvió a advertir contra las «represalias», ya que «es precisamente lo que buscan quienes potencian y subvencionan el terrorismo». No obstante, distintas fuentes revelan que siguió habiendo funcionarios implicados en ese tipo de episodios. Huyendo de generalizaciones de brocha gorda, podemos plantear la siguiente hipótesis: los atentados contra ETA que se produjeron en Francia desde 1975 fueron perpetrados por autores con dos perfiles. Uno, ciertos agentes de la ley que actuaban por su cuenta y riesgo, probablemente con la tolerancia de algunos de sus mandos. Y, dos, militantes neofascistas que fueron contratados como mercenarios por determinados altos cargos. Para poder poner nombre y apellidos a los inductores, es imprescindible que se permita la consulta de la documentación reservada.

En noviembre de 1975 falleció Franco y dio comienzo la Transición, un proceso histórico complejo pero cuyo resultado es innegablemente positivo: una democracia plena. Por desgracia, la violencia no solo perduró, sino que se multiplicó. La de ETA, banda que había pretendido sustituir una dictadura por otra y que repudiaba la «democracia burguesa», fue la más letal. Sin embargo, no debemos olvidar que también continuó el terrorismo parapolicial, igualmente condenable, que causó decenas de víctimas durante la Transición y que acabaría dando lugar a los GAL.