«Yo soy yo y mi circunstancia». Eso es lo primero que me vino a la cabeza cuando el jefe de Opinión de EL ESPAÑOL, Cristian Campos, me pidió una valoración de urgencia sobre el probable nombramiento de José Luis Escrivá, actual ministro de Transformación Digital, como nuevo gobernador del Banco de España.
Lo más relevante en un nombramiento como este es que el candidato propuesto esté preparado. En este sentido, José Luis Escrivá tiene experiencia y sabe de economía.
Aquí no hablo de oídas, porque le he escuchado durante muchas horas (lo puede hacer cualquier ciudadano) en sus muchas y detalladas comparecencias en el Congreso de los Diputados.
Los problemas de este eventual nombramiento no están en Escrivá, sino en sus circunstancias. La más importante de las cuales, aunque no la única, es que actualmente es ministro del Gobierno.
En principio, la autonomía de los bancos centrales pretende, precisamente, impedir que estos sean colonizados por los gobiernos. Lo que se pretende evitar es que las políticas públicas se financien emitiendo moneda sin control.
Lo que ocurre es que el Banco de España ya no es el instituto emisor de la moneda, algo que corresponde hoy al Banco Central Europeo (BCE). Aquí el gobernador del Banco de España tiene un solo voto, y no vota siempre.
A primera vista, por lo menos, no parece que haya un riesgo importante en la política monetaria. Sin embargo, esta no sólo consiste en no emitir sin control, sino también en evitar, por ejemplo, que la prima de riesgo, el diferencial que pagamos por financiarnos, se dispare.
Aquí hay otro elemento, y es que José Luis Escrivá es el principal responsable de la reforma de las pensiones como ministro de Seguridad Social. Una preocupación fundamental del BCE son los déficits públicos de los Estados. Y el déficit español, que es uno de los más elevados de la Eurozona, se debe fundamentalmente al sistema de pensiones. La valoración que realizó la Comisión Europea en su Ageing Report decía que la reforma de las pensiones española iba a disparar este gasto en el futuro.
Es cierto que la experiencia más negativa que hemos vivido en el terreno de la supervisión del sistema financiero ha llegado cuando se ha nombrado como gobernador a políticos en activo. Y eso no sólo es negativo para los intereses generales, sino también para el presidente que nombró a ese gobernador.
Cuando el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero decía en 2008 que teníamos «el sistema financiero más sólido del mundo», todos pensamos que el entonces gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez (MAFO), le debería haber informado mejor, por ser suave.
El problema no es la frase, sino que la intervención tardía en las antiguas cajas de ahorro nos costó mucho dinero y agravó la crisis financiera. Aunque ahora la supervisión de los grandes bancos, que son casi todo el sistema financiero, depende del BCE, el Banco de España y su gobernador siguen teniendo todavía mucho que decir.
La primera patata caliente que se va a encontrar Escrivá si es nombrado gobernador será la OPA del BBVA sobre el Banco Sabadell, y su eventual fusión. Aquí hay dos problemas. Uno, que el gobierno del que Escrivá forma parte ha expresado un criterio frontalmente negativo, que por cierto comparto, como escribí en EL ESPAÑOL.
Y segundo, que él mismo fue directivo del BBVA.
Sin embargo, el área más problemática va a ser la relativa a los informes del antiguo Servicio de Estudios (actual Dirección General de Economía y Estadística). El ejemplo más emblemático es la comparecencia del gobernador del Banco de España que abre la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado.
Aquí el problema vuelve a estar en las circunstancias. Creo que José Luis Escrivá tiene muchas cosas interesantes que contar sobre los Presupuestos. De hecho, fui yo, como antiguo presidente de la Comisión de Presupuestos, el que votó para establecer la comparecencia del presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF), que entonces era Escrivá, en la Comisión de Presupuestos.
Me arrepiento de algunos votos y decisiones que tomé en mi etapa política, pero no de esta.
El problema es que José Luis Escrivá ha participado en la elaboración de los Presupuestos, y que se va a privar a los diputados y a la opinión pública de una de las dos únicas opiniones externas requeridas durante el proceso (la otra, desde 2016, es la de la AIREF).
Esto se puede ver de forma aún más nítida cuando el Banco de España se pronuncia sobre cuestiones como los salarios, los costes de la Seguridad Social, el envejecimiento o las pensiones, ya que supone valorar las decisiones del gobierno del que Escrivá formaba parte, o incluso que él mismo tomó.
Con todo, con sus luces y sus (circunstanciales) sombras, el nombramiento de Escrivá es legal y legítimo. Si se quería que hubiese unas reglas para este nombramiento, o para otros en organismos como la AIREF o la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, es decir en las Autoridades Administrativas Independientes, deberíamos haberlas concretado en una ley. Hubo una propuesta de Ciudadanos en 2018 que no llegó a prosperar, y creo que sigue siendo una asignatura pendiente para la mejora y la regeneración institucional en España.
En cualquier caso, tanto si el futuro gobernador es Escrivá como si no, mucha suerte y aciertos, porque serán los de todos.