Que España afronta un grave problema con su dotación de infraestructuras públicas es evidente. Los sectores más afectados son los de las carreteras –cuyos pavimentos dejan mucho que desear–, los ferrocarriles –donde las averías graves son muy frecuentes– y las hidráulicas –inadaptadas cada vez más al problema de la sequía–. Pero ello no quita para que surjan noticias negativas sobre los aeropuertos, puertos marítimos e infraestructuras urbanas. Además, las obras de ampliación se eternizan –como, por ejemplo, en el corredor mediterráneo o las nuevas autovías–. La causa de todo esto hay que buscarla en la fuerte caída que experimentó la inversión a partir de 2010, cuando el gobierno de Zapatero restringió severamente el gasto público, una política ésta que encontró su continuidad con Rajoy y que la actual administración, con Sánchez, no ha revertido. Para que el lector se haga una idea, en los últimos años, el gasto en infraestructuras se ha cifrado en un poco más de 10.000 millones de euros al año; una cuantía ésta muy similar en términos reales (descontando la inflación) a la que se registró en la segunda mitad de la década de 1980, cuando España contaba con una población diez millones de habitantes menor que la actual.

El problema está en la insuficiencia de los recursos presupuestarios destinados a hacer obras públicas. Antes de la crisis financiera, el gasto triplicaba el actual; pero ahora parece que las prioridades del gobierno son otras, principalmente porque se prefiere multiplicar el gasto social y alimentar unos programas de subvenciones –en buena parte, clientelares– que casi duplican lo que se destina a las infraestructuras. Desde el punto de vista económico, estos gastos tienen un carácter consuntivo que no favorece en nada el crecimiento del PIB y el empleo. Sin embargo, no ocurre lo mismo con la inversión en infraestructuras, tal como ha mostrado un reciente estudio del Banco de España en el que se concluye que el aumento de un uno por ciento en la inversión pública provoca una respuesta contemporánea del igual tamaño en la inversión privada y que este efecto se mantiene por algo más de un año. Está claro, entonces, que el futuro gobierno debe cambiar estas preferencias de gasto.