Sea cual sea el sentido de la resolución –quizá la más comprometida de su historia– que hoy emita el Tribunal Constitucional acerca del muy cuestionable paquete legislativo exprés del Gobierno, el daño a la estructura del Estado ya no tiene remedio. El recurso sobre el que ha de pronunciarse el órgano de garantías no afecta al fondo ni al contenido de las reformas sino al procedimiento, de manera que la mayoría de respaldo con que cuenta el sanchismo podrá llevar a efecto su plan por otra vía en caso de veredicto adverso. Está decidido; el ruidoso debate de estos días, transformado en una brutal agresión a los mecanismos de control institucional, es sólo sobre las formas y los tiempos, que el Ejecutivo quiere apretar para cumplir su compromiso con los separatistas antes de la aprobación definitiva de los Presupuestos. Pero el propósito de despenalizar la insurrección y tomar el control de las instituciones judiciales se cumplirá por uno u otro método.

Ésa es la cuestión esencial, que supone la rectificación completa del Estado sobre el modo, ya de por sí blando, en que afrontó el desafío de secesión de hace cinco años. Una enmienda a la totalidad de su propia respuesta política y jurídica, una revocación completa y sin reparos que no sólo borra los delitos cometidos en aquel asalto a la convivencia sino que empodera a sus autores como líderes de un respetable movimiento democrático y desautoriza de plano a los jueces que los condenaron, oficialmente señalados ya -–¡¡por el presidente!!– como cómplices de un complot reaccionario. La agenda oculta del pacto de investidura se ha ido cumpliendo paso a paso y de sus cláusulas nunca admitidas sólo queda por satisfacer la del referéndum más o menos camuflado, que el independentismo guarda a manera de prenda de intercambio para negociar una eventual renovación del acuerdo durante el próximo mandato.

En la práctica, la llamada ‘pax catalana’ de Sánchez consiste en otorgar al ‘procés’ una victoria retroactiva. La estrategia de ‘desinflamación’ del conflicto se basaba en una premisa muy sencilla: despojar la sublevación de cualquier connotación delictiva y en su lugar reconocerle la categoría de una legítima reivindicación de soberanía. Es decir, todo aquello que como candidato prometió repetida y ardorosamente que no haría. Junqueras se está quedando hasta corto; si apretase un poco más podría obtener incluso un estatus de víctima y aún habrá que ver si la justicia no devuelve las fianzas y avales depositados a cuenta de la malversación ahora suprimida. Con todo, lo más grave de esta palinodia ha sido arrastrar al Parlamento nacional a una mímesis de la impugnación constitucional que el separatismo ejecutó en plena catarsis subversiva. Aquella fue directa, arrogante, lineal, y ésta es más oblicua pero la voluntad de desacatar el espíritu de la ley fundamental es exactamente la misma.