José María Olmo

El independentismo supera el paréntesis del 155

Los arquitectos de la independencia han regresado a posiciones destacadas del movimiento secesionista y ya están trabajando de nuevo en hacer efectiva la creación del Estado propio

La aplicación del artículo 155 y los diferentes procesos judiciales abiertos contra el ‘procés’ provocaron un terremoto en la estrategia del movimiento independentista. La mayoría de los altos cargos del Govern que asumieron en un discreto plano el desarrollo de las estructuras de Estado y los preparativos del 1-O tuvieron que abandonar sus puestos y buscar refugio en otros destinos. Algunos incluso se quedaron en el paro.

Sin embargo, solo un año y medio después, el secesionismo está empezando a rehacerse. El terremoto solo fue, en realidad, un leve temblor. Casi todos esos arquitectos de la república catalana, que trabajaron en silencio para hacer posible la independencia, a la sombra de los líderes del Govern, ANC y Òmnium, han vuelto a posiciones destacadas y están involucrados de nuevo en la estrategia para lograr el Estado propio. En Cataluña no ha cambiado casi nada. Ni siquiera las caras. Aquí se expone el caso de seis de las más destacadas:

Jordi Puigneró

Es uno de los grandes estrategas de la ofensiva independentista en el campo digital. Ingeniero en Sistemas de Información por la universidad británica de Surrey, inició su carrera profesional en Deutsche Bank e IBM. Tras un paso discreto por la política local, comenzó a ascender en el escalafón del secesionismo al ser nombrado Director General de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información en 2013 por el Govern de Artur Mas. En 2016, fue ascendido nuevamente a secretario de Telecomunicaciones, Ciberseguridad y Sociedad Digital del Ejecutivo autonómico. Desde ese puesto, dirigió el desarrollo de las aplicaciones que debían permitir la creación de las llamadas estructuras de Estado, imprescindibles para que Cataluña pudiera separarse del resto de España tras el referéndum. Siempre fue un convencido de la causa secesionista. Tampoco escondió nunca su odio a España. En 2012 publicó un tuit en el que se preguntaba «¿Cuál es la diferencia entre un español y un mongol?».

Milagrosamente, ha conseguido por ahora salir indemne de todas las investigaciones judiciales sobre el ‘procés’ y, el 29 de mayo de 2018, Quim Torra lo nombró consejero de Políticas Digitales y Administración Pública del Govern de Quim Torra. Lo primero que hizo nada más llegar al cargo fue suspender una auditoría encargada por el Gobierno de Mariano Rajoy bajo el artículo 155 para diseccionar la actividad del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) de la Generalitat, epicentro digital de la hoja de ruta del separatismo.

Como reveló El Confidencial, en los meses que lleva como consejero no ha hecho otra cosa que seguir proyectando su propia trayectoria vital. Los servicios de información han advertido de que Puigneró está trabajando en la creación de la república digital, una estrategia apoyada por el Govern que busca el desarrollo de una administración paralela en la nube, con una red de fibra absolutamente autónoma, en la que queden alojados todos los servicios de un auténtico Estado, como Hacienda, la Seguridad Social e incluso el DNI, y a la que el Gobierno de España nunca podría tener acceso. Es decir, que la Generalitat podría hacer efectiva la independencia con solo apretar un botón. El Ejecutivo de Torra ha tomado como referente el caso de Estonia y ya ha mantenido reuniones con dirigentes de territorios como Islas Feroe en busca de alianzas.

Amadeu Altafaj

Amadeu Altafaj, un antiguo corresponsal de ‘ABC’ en Bruselas que llegó a ser número dos del comisario de Asuntos Económicos y Monetarios de la UE, Oli Rehn, es otro alto cargo del Govern investigado por el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona. Se le acusa de haber ordenado desde las cuentas de la Delegación de la Generalitat en Bruselas, que él dirigía, el pago de 119.700 euros al ‘think tank’, The Hague Center for Strategic Studies, para que el organismo enviara una misión de observadores internacionales al 1-O.

Altafaj también fue destituido por el Gobierno de Rajoy de su puesto en la embajada catalana pero ha vuelto a encontrar refugio en la Generalitat, a pesar de las graves que afronta. El pasado octubre creó en Bruselas la consultora y productora de comunicación Innosual Media. En apariencia, se trata de una compañía absolutamente autónoma. Pero desde su inicio ha estado estrechamente vinculada al Grupo Lavinia, una potente productora de contenido audiovisual que tiene sus oficinas centrales en Barcelona. Casualmente, hace solo una semana, Grupo Lavinia ganó el concurso de TV3 para quedarse con la corresponsalía de la cadena pública catalana en Bruselas. También ganó la de Berlín y recuperó la de París, donde ya prestaba los mismos servicios para ETB. Altafaj ya no es el representante de la Generalitat ante la UE, pero va a controlar toda la información que difunda la televisión catalana sobre la batalla que libran Puigdemont y, en general, todo el independentismo para lograr apoyos a su proyecto en las instituciones europeas.

Rosa Rodríguez Curto

El objetivo de la independencia nunca habría abandonado el plano de la imaginación de no ser por el apoyo de grandes corporaciones del sector privado. La empresa que brindó mayor respaldo al Govern de Carles Puigdemont fue la multinacional alemana T-Systems, cuyo 32% está en manos del Estado alemán. La Guardia Civil intervino comunicaciones y documentos que revelan que T-Systems conocía la hoja de ruta del separatismo y decidió colaborar en el desarrollo de la infraestructura necesaria para que fuera posible la ruptura con el resto de España. Solo entre 2012 y 2016, la gigante teutón de las telecomunicaciones recibió adjudicaciones de las Generalitat por un importe superior a los 300 millones de euros.

Los investigadores atribuyen un papel decisivo en el desarrollo de la futura Hacienda catalana y el soporte técnico del 1-O a una directiva de T-Systems, Rosa María Rodríguez Curto. La Guardia Civil la detuvo el 20 de septiembre de 2017 en la operación Anubis junto a otros 13 altos cargos implicados en la preparación del referéndum. Desde entonces, se encuentra investigada, pero Rodríguez sigue ocupando importantes responsabilidades en el organigrama de la compañía semipública alemana y sigue ejerciendo de eslabón con la Generalitat. De hecho, ha sido ascendida. Cuando fue arrestada era directora general de Servicio. Año y medio después, es vicepresidenta de Ventas y forma parte del Comité Directivo de T-Systems Iberia. La firma no ha perdido ni uno solo de los contratos de la administración catalanas con los que presuntamente se enmascaró la creación de infraestructuras de Estado. Los trabajos continúan.

Josué Sallent

Sallent, de ERC y físico de formación, es otra de las piezas fundamentales en el desarrollo tecnológico de las estructuras de Estado. Oriol Junqueras lo situó en el CTTI, como director de Estrategia e Innovación. Las pesquisas de la Guardia Civil revelaron que, desde ese cargo, se dedicó a supervisar personalmente los trabajos para poner en marcha el censo y el registro de catalanes en el exterior para el 1-O y también los proyectos de la Hacienda y la seguridad sociales catalanas, entre otros planes. De hecho, era el principal interlocutor del Govern con T-Systems y el resto de proveedores de servicios involucrados en el ‘procés’.

Por ese rol destacado, Sallent uno de los altos cargos de la Generalitat que se encuentran investigados por sedición por el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona. Sin embargo, esa circunstancia no ha impedido que siga formando parte del organigrama del Govern y continúe cobrando su salario de los presupuestos autonómicos. En la actualidad, es el director de la Fundación TIC Salud Social, un organismo dependiente del Departamento de Salud y con participación también del de Trabajo, que supuestamente tiene como objetivo «el impulso de las tecnologías de la información y el trabajo en red en el ámbito de la salud». Es decir, que a pesar del 155 y los diferentes procedimientos judiciales contra el ‘procés’, Sallent continúa vinculado a la misma área en la que trabajó para que la secesión se hiciera realidad.

Andrew S. Davis

Davis se convirtió en 2008 en el embajador de Cataluña en Estados Unidos. Tenía 35 años y acababa de terminar una beca en el Institut Ramon Llull, presidido por Josep Lluis Carod-Rovira, y el tripartito que encabezaba José Montilla consideró que era el candidato perfecto para representar los intereses de la Generalitat en la primera potencia del mundo. Davis instaló su oficina en Nueva York y empezó a hacer ‘lobby’ para dar a conocer las empresas y cultura catalanas.

Sin embargo, su misión varió sustancialmente en el tramo final del ‘procés’. Los gobiernos de Mas y Puigdemont se apoyaron en Davis para tratar de recabar apoyos a la independencia entre los líderes de Washington. El embajador catalán se volcó en que el discurso secesionista resonara en todo tipo de foros. Como reveló El Confidencial, llegó a reunirse en 34 ocasiones con jefes de gabinete y asesores de políticos con asiento en el Senado y en la Cámara de Representantes para intentar conseguir adhesiones formales a los planes de la Generalitat. Solo en los seis meses anteriores al 1-O, Davis gastó casi un millón de euros en salarios.

El Gobierno de Rajoy lo destituyó automáticamente con la aplicación del artículo 155. Pero el exembajador catalán no ha tenido que buscar mucho para tener un nuevo trabajo. El pasado abril, Davis se convirtió en director del nuevo Catalonia America Council (CAC), una supuesta organización sin ánimo de lucro que se define como «independiente y no partidista» y que en teoría se financia únicamente con donaciones de empresas y particulares. Pese a ese no partidismo, Torra acudió personalmente a inaugurar la sede del CAC en Washington solo un mes después de convertirse en presidente de la comunidad. «Hoy, en la capital de Estados Unidos, donde se valora la libertad y la dignidad para la gente, quiero proclamar que tengo, más allá de toda esperanza, el convencimiento de que pronto Cataluña se unirá al resto de naciones independientes del mundo. Sin duda, lo lograremos», dijo Torra en ese acto.

Desde su entrada en funcionamiento, el CAC se ha convertido en otra pieza más del potente engranaje en el exterior del independentismo. Actúa de altavoz de Puigdemont y difunde mensajes contra España por haber sentado en el banquillo a los líderes del ‘procés’, a los que considera «presos políticos».

Santiago Vidal

El juez Vidal dio el salto a la política en 2015, cuando el Consejo General del Poder Judicial lo suspendió tres años por haber participado en la redacción de la futura constitución catalana. ERC le ofreció entonces un puesto en sus listas para el Senado y logró un escaño. A partir de ese momento, Vidal se involucró aún más en el ‘procés’. Asumió el desarrollo de otro de los aspectos imprescindibles para que pudiera materializarse la ruptura del marco estatutario: la estructura normativa que debía sentar las bases de la futura república.

Con esa responsabilidad, Vidal asistió a decenas de asambleas por toda Cataluña para explicar cómo se produciría la independencia, una campaña de propaganda que tenía como objetivo activar a las bases del secesionismo de cara al 1-O. El senador de ERC fue tan explícito en esas charlas con ciudadanos anónimos que desveló detalles hasta entonces secretos de los planes del Govern. Esa información acabó motivando una querella que sirvió para abrir la causa contra los líderes del ‘procés’ del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona que desembocaría en la operación Anubis del 20 de septiembre de 2017. En las escuchas telefónicas de esa investigación queda patente el protagonismo de Vidal en las tareas de carácter legislativo. Ni siquiera se detuvo tras abandonar su escaño en el Senado como consecuencia del escándalo desatado por la publicación de sus conferencias. Las pesquisas del Instituto Armado demuestran que colaboró hasta el último momento en perfilar las leyes del Referéndum y Transitoriedad. Y el propio 1-O, alertó con su teléfono de la llegada de la Guardia Civil a un colegio electoral.

Con todo, y a pesar de que está siendo investigado por el Juzgado número 13, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo acaba de dictaminar que Vidal tiene derecho a volver a ponerse de nuevo la toga. No regresará automáticamente a su antigua plaza de la Audiencia de Barcelona, sino que tendrá que volver a presentarse a un concurso y empezar casi desde cero. Pero volverá al mismo sistema judicial que planeó destruir. La Guardia Civil ya advirtió en sus informes de que Vidal había utilizado documentos con el membrete oficial de la administración de justicia en sus trabajos de apoyo al ‘procés’. Ahora tendrá otra vez todo el papel que necesite para avanzar en su objetivo.