El informe de 1970 del Gobierno civil de Gipuzkoa, conocido hoy, expresa la conmoción que el proceso supuso al régimen: ”Los incidentes y actuaciones subversivas han sido más violentas y más graves en número e importancia que los años precedentes pudiendo afirmarse que desde la Guerra de Liberación no se había creado una situación tan difícil y preocupante”. El informe precisa cómo los días de la vista del juicio la huelga fue general en Gipuzkoa y Bizkaia y destaca la extensión y combatividad inéditas de las manifestaciones. Proliferaron las barricadas y el lanzamiento de objetos a la policía que utilizó armas de fuego. Mató a un joven en Eibar, Roberto Pérez Jáuregui, e hirió de bala a otros tres. El régimen declaró inicialmente el estado de excepción en Gipuzkoa y Bizkaia, y luego lo amplió a España entera.

Las huelgas y manifestaciones se extendieron especialmente en Galicia, Asturias, Madrid, Sevilla y Cataluña. Sectores profesionales, como el Consejo de la Abogacía, criticaron la ausencia de garantías del juicio. La Conferencia Episcopal y el Vaticano exigieron que no se ejecutaran las penas de muerte. La movilización se extendió a Francia, con manifestaciones en ocho grandes ciudades; Alemania —Berlín. Munich y Bonn—; Suiza, Inglaterra, Bélgica, Dinamarca, Suecia e Italia; Nueva York y países latinoamericanos. Intelectuales y políticos europeos se manifestaron contra el régimen como Jean Paul Sartre, Olof Palme, Simone de Beauvoir, Pablo Picasso y Gisele Halimi, que estuvo en el juicio. El informe del Gobierno Civil de Gipuzkoa resalta la resonancia de los medios de comunicación franceses, que califica de “ataque reiterado y violento” al régimen.

“Las movilizaciones fueron contra la represión franquista. No a favor de ETA. Participó toda la oposición. Pero fueron Comisiones Obreras, el PCE y la extrema izquierda (ORT, PCI y Komunistak, luego MC) quienes protagonizaron las huelgas y manifestaciones. ETA no jugó ningún papel. El PCE influyó decisivamente en la repercusión internacional. Los comunistas sufrieron la mayor represión”, precisa Castells. José María Castañares, dirigente del PCE y Comisiones Obreras, señalaba tiempo después: “Defendimos a los de ETA desde posiciones humanistas porque les iban a matar y ese humanismo me costó tres años de cárcel”.

La pluralidad de la protesta se manifestó en las distintas ideologías y procedencias de los abogados. Junto a letrados vascos experimentados en juicios a militantes de ETA, como Juan María Bandrés, Miguel Castells o José Antonio Etxebarrieta, había socialistas como Juan Moreno; democristianos como Gregorio Peces-Barba; republicanos como Juan Antonio Castro; comunistas como Josep Solé Barberá y nacionalistas como Ibón Navascués y Elías Ruiz Ceberio. “Actuaron por solidaridad antifranquista con los procesados y les ayudaron a desarrollar un juicio de ruptura con el régimen”, añade Castells.

El impacto social y mediático fue extraordinario, pese a la censura franquista. Castells lo explica: “La vista se celebró en sesión pública y hubo una excelente escenificación de la defensa que evidenció la inconsistencia jurídica del tribunal militar que la prensa internacional denunció así como una actuación cohesionada de los procesados, con una denuncia muy potente de la dictadura que permitió a los medios presentarles como víctimas. La pretensión de los ultras de un juicio ejemplarizante a la oposición, con penas de muerte, revirtió en un juicio al régimen dónde los acusadores pasaron a ser los acusados”.

Tortura y destierros

Había también un clima propicio para que la movilización estallase, recuerda Eugenio del Río, uno de sus líderes, entonces dirigente de Komunistak, escisión de ETA. En agosto de 1968, tras el asesinato de Manzanas, el Gobierno declaró el estado de excepción en Gipuzkoa y Bizkaia, que prorrogó en noviembre y enero, extendiéndolo a España entera tras el asesinato policial del estudiante Enrique Ruano en Madrid. Hubo centenares de detenciones, especialmente en Euskadi, dónde proliferó la tortura, y destierros. Hubo también dos juicios militares a militantes de ETA con peticiones de muerte, en 1968 y 1969, saldadas con indultos de Franco.

“En los años sesenta, con el desarrollo industrial, cambió la sociedad española y aumentaron las movilizaciones obreras. Surge una clase trabajadora rejuvenecida, que carece de los temores de sus padres por la Guerra Civil, que se curte en la lucha sindical, que sufre la represión y por ello se identifica con los procesados de Burgos”, explica Del Río.

Eduardo Uriarte, condenado a muerte en el juicio e indultado (como el resto de los sentenciados), confirma que “la gran movilización la dirigió Comisiones Obreras. ETA estaba muy acosada policialmente y dividida”. “En la cárcel cambiamos. El nacionalismo presente en ETA se dejó seducir por el discurso marxista y antiimperialista, de moda tras el 68. Durante el juicio abogamos por la solidaridad internacionalista y algunos nos declaramos marxistas leninistas. La rama nacionalista del exterior eligió como portavoz a Telesforo Monzón, consejero del Gobierno vasco en la Guerra Civil y exiliado en el sur de Francia. Sus intervenciones tuvieron mucho eco internacional y dieron al proceso un sesgo nacionalista”, explica.

La rama etarra del exterior secuestró durante el juicio al cónsul alemán en San Sebastián, Eugene Beilh, lo que disgustó a los procesados porque interfería en el proceso. Pero le liberó antes de conocerse la sentencia. Los procesados expresaron sus diferencias con el exterior en una carta que enviaron desde la cárcel de Burgos en la que abogaban por una organización socialista y no por un frente nacional, recuerda Uriarte.

“Nos daba vergüenza matar”

Los procesados no hicieron apología de la violencia en el juicio. Uriarte subraya que eran distintos a la ETA posterior: “La decisión de matar a Manzanas se tomó en nuestro entorno. Pero nunca quisimos saber quien fue el autor. Es el secreto mejor guardado. Nos daba vergüenza matar porque no lo teníamos asumido y porque aquella organización todavía repudiaba el asesinato. El asesinato de Manzanas no fue el resultado de una estrategia. Tras matar la Guardia Civil a Etxebarrieta —primer líder de ETA muerto—, necesitamos responder para demostrar que ETA no estaba acabada”. Castells lo ratifica: “La ETA juzgada en Burgos apenas guarda similitudes con la posterior, nacionalista y progresivamente militarista que en 1974 asesina a 19 personas y comete la matanza indiscriminada de la calle Correo de Madrid. De los 16 de Burgos, solo uno reingresó en ETA”.

La consecuencia inmediata del juicio fue el alistamiento de muchos jóvenes en ETA. “Entre 1971 y 1972, ETA se relanza con varios centenares, procedentes de las juventudes del PNV. El eco mediático nacional e internacional del proceso de Burgos favoreció al antifranquismo, pero en Euskadi impulsó la versión nacionalista y violenta de ETA”, señala Castells. Del Río lo explica: “La movilización fue dirigida por la izquierda, pero la gente tuvo como referente los militantes de ETA condenados a muerte”. Uriarte lo reconoce: “El movimiento obrero había sido el referente en la lucha antifranquista, pero el proceso de Burgos abrió paso al nacionalismo. Lo capitalizó la ETA más primitiva y Monzón jugó un papel muy importante en la nacionalización del antifranquismo en Euskadi”.

Del Río admite como consecuencia negativa del proceso “la legitimación de la violencia de ETA”. Pero contempla como parte positiva, “el reforzamiento de la lucha antifranquista hasta el fin de la dictadura”. Uriarte incide en la positividad: “Marcó el principio del fin de la dictadura que vivía una contradicción insalvable entre un liberalismo económico y un régimen autoritario que aquellos días recuperó el discurso más fascista de la postguerra. Europa descubrió que la España franquista era una asignatura pendiente tras la victoria aliada contra el fascismo”.

Castells concede mucha importancia al eco mediático internacional: “Su repercusión europea provocó un daño terrible al régimen dividido, que perdió la batalla informativa”. El historiador asegura que las presiones de los gobiernos europeos y del sector liberal del Gobierno, que miraba a Europa, fueron decisivas para que Franco indultara a los condenados a muerte.

Castells destaca que el proceso de Burgos “consolidó el sentimiento antifranquista y abrió una nueva etapa”. En esa nueva etapa jugará un papel importante el distanciamiento del régimen de uno de sus pilares, la Iglesia. Fue también la Iglesia, el Monasterio de Montserrat, quien acogió durante el proceso a representantes de toda la oposición política de Cataluña para firmar un manifiesto contra el régimen. Fue el embrión del primer organismo unitario contra el franquismo, la Asamblea de Cataluña. Tres años después se constituirían a nivel nacional la Junta Democrática y la Plataforma de Organismos Democráticos.