EL CORREO, 3/10/11
Los jeltzales reclaman la transferencia de prisiones y constatan que «ya no hay excusa» para retrasar el debate sobre el nuevo estatus
El cese definitivo de la violencia de ETA ha dejado una huella notable en el programa electoral del PNV, el único que, según sus autores, plantea propuestas específicas para Euskadi, a diferencia de los de PSOE y PP y de una izquierda abertzale que, directamente, «no cree en programas». Así lo aseguró el candidato jeltzale por Bizkaia, Josu Erkoreka, que ayer se desplazó a territorio guipuzcoano para presentar con Joseba Egibar el documento programático del PNV, que contempla, como uno de sus aspectos más novedosos, la derogación de la imprescriptibilidad de los delitos de terrorismo.
‘EUSKADI PUEDE’
La reforma del Código Penal en 2010 evitó que los atentados terroristas que hubieran causado alguna muerte dejaran de juzgarse transcurrido un determinado plazo de tiempo. Ahora, el PNV -que dedica un extenso epígrafe del programa al «máximo respeto y avance en derechos y libertades»- reclama en ese contexto la «eliminación de legislaciones excepcionales», entre ellas la ley antiterrorista y también la imposibilidad de que los delitos de terrorismo prescriban. Según argumentan los jeltzales, son los únicos delitos que, sin estar calificados como crímenes contra la humanidad «y constituyendo injustos penales muy graves pero de tipo ordinario», no prescriben nunca. Para el PNV, la legislación en vigor «se desvía» así de la doctrina de la ONU y del Estatuto de la Corte Penal Internacional.
El objetivo en el nuevo escenario debe ser, según el PNV, alcanzar una «paz justa» pero sin olvidar que el «objetivo final» ha de ser «la concordia y la reconciliación». Los peneuvistas abogan por la necesidad de que «todos sin excepción» reconozcan el sufrimiento padecido por las víctimas «con generosidad y altura de miras».
Los peneuvistas, que tras el cese de la violencia y en plena pugna con Amaiur, también se han mostrado muy activos en reclamar una política penitenciaria más «humanitaria» -aunque sin medidas de gracia colectivas para los presos de ETA- incluyen asimismo en el programa la «persecución inmediata de los casos de malos tratos y torturas que se pudieran producir en centros de detención». Asimismo, y a pesar de que fue una de las pocas competencias pendientes que no se pactaron con Zapatero, el PNV reclama ahora la transferencia «urgente» de la política penitenciaria, no solo en la gestión de las cárceles sino también en lo relativo a su ejecución.
Ese apartado de derechos humanos, uno de los más llamativos del programa, se completa con la oposición «frontal» del PNV a la posible marcha atrás en los avances sociales heredados de la ‘era Zapatero’. Los jeltzales se muestran partidarios de mantener en su actual formato «las leyes aprobadas en las dos últimas legislaturas»: la del aborto ni la citan por su nombre pero sí rechazan «con la máxima claridad» la hipotética derogación de los matrimonios homosexuales. También se posicionan en contra de «cualquier intento de instaurar» la cadena perpetua, aunque sea revisable, tal como propone el PP. Reiteran además otras demandas más antiguas, como la de un Poder Judicial propio para Euskadi y la posibilidad de hacer políticas propias en materia de inmigración, sobre todo para poder «equilibrar los cupos» de menores no acompañados acogidos por unas y otras comunidades autónomas.
El programa peneuvista, un documento de 35 páginas titulado ‘Euskadi puede’, está profundamente marcado no solo por el fin de ETA sino por la zozobra económica en la que vive sumida Europa. De hecho, el texto se centra sobre todo en desgranar medidas y reformas económico-financieras, muchas de ellas centradas en el ámbito comunitario: los jeltzales dedican un apartado completo a la gobernanza de las instituciones comunes y otro a la política exterior europea, que, a su juicio, debería ser «unívoca» y que, en el caso español, debería, dicen, superar «miedos internos» y reconocer a las naciones nuevas como Kosovo.
No en vano, la exigencia de un nuevo estatus político para Euskadi -cuya ratificación Iñigo Urkullu ha fechado ya en 2015- ocupa un capítulo propio. En él se constata que, con la «previsible desaparición definitiva» de ETA y la recuperación «de la pluralidad política», en la legislatura 2011-2015 «ya no valdrán más excusas» para retrasar o evitar abordar el debate soberanista. El PNV creen que eso exigirá adoptar determinados «compromisos», entre los que citan el derecho del «pueblo» vasco a ser consultado y decidir sobre su futuro, y a que la voluntad mayoritaria de sus ciudadanos tenga «valor normativo relevante».
EL CORREO, 3/10/11