EDITORIAL-El Español
El «proceso de escucha» de Yolanda Díaz ha llegado a su fin y ha dado como resultado un documento que reúne las propuestas de los simpatizantes de Sumar. Esas propuestas servirán ahora de base para la elaboración del programa electoral del partido de la ministra de Trabajo. Un programa que, a tenor de lo leído en ese documento base, sólo puede calificarse de «neocom». Es decir, de neocomunista.
En el terreno fiscal, el documento propone «incrementar la progresividad del IRPF», lo que en la práctica implica subidas para las rentas superiores a los 60.000 euros. También propone un alza del impuesto de sociedades, que en el caso de las grandes compañías se incrementaria en casi 20 puntos, y la eliminación de muchas de las exenciones, deducciones y bonificaciones de las que ahora disfrutan las empresas españolas.
El documento base de Sumar propone también impedir que las comunidades puedan bonificar el impuesto de sucesiones y donaciones para obligar a que este se pague en toda España al tipo más alto posible. El actual ‘impuesto a la solidaridad’ se convertiría en permanente y el impuesto de patrimonio, convertido en un impuesto a las ‘grandes riquezas’, se unificaría para evitar que las autonomías lo anulen.
El documento propone también dar una cantidad cercana a los 20.000 euros a todos los jóvenes de España al cumplir los 18 años en concepto de «herencia universal». El dinero saldría del patrimonio de «los ricos», aunque según Sumar, eso podría conseguirse con un impuesto de patrimonio/sucesiones de «sólo» el 10% que dejaría exenta la vivienda habitual y «la riqueza hasta un millón de euros».
Es decir, que la herencia correspondiente a los hijos se vería seriamente mermada (mucho más allá de los ya confiscatorios niveles actuales) para que ese dinero le fuera entregado a completos desconocidos cuando estos cumplieran los 18 años.
A la subida generalizada de impuestos y la práctica desaparición de cualquier tipo de beneficio fiscal del que puedan beneficiarse la clase media, los profesionales de éxito o las empresas, se suma la «limitación de la condición mercantil de la fuerza de trabajo». Una oscura afirmación que parece aludir al fin de la libertad de contratación y a la conversión de todos los trabajadores españoles en seudofuncionarios cuyo derecho al trabajo dependería de lo que el documento llama «intervención público-estatal».
El documento descarta de plano la libertad de mercado y llama a que el Estado, a través de «un nuevo contrato social», determine cuáles son los objetivos colectivos a los que aspirar, independientemente de los deseos individuales de los ciudadanos: «mayor equidad» en el «reparto» de la renta, «organización diferente del tiempo», «más y mejores empleos» con salarios «adecuados». Objetivos biensonantes a los que en la realidad se llegaría por la vía de la asfixia de la libertad de empresa y del derecho de propiedad.
En resumen, una intervención total del Estado en las vidas de los ciudadanos y la actividad de las empresas, convertidas estas últimas en meras ejecutoras de las políticas decididas por el Gobierno a trávés de ese fantasmagórico «nuevo pacto social» del que sólo se menciona a un actor, los sindicatos.
El documento, que en determinados fragmentos parece una guía de vida «saludable» similar a la de las revistas de estilo de vida, pide también la promulgación del «derecho a una alimentación sana» e incluir «la tenencia responsable» de animales en el currículo escolar. Aspiraciones razonables, pero que, una vez más, demuestran la voluntad de Sumar de que el Estado controle hasta el detalle más irrelevante de la vida de los ciudadanos, incluida su moral privada o sus gustos gastronómicos.
El programa base de Yolanda Díaz es, en resumen, un ejemplo de totalitarismo en el sentido más literal del término, puesto que no deja apenas espacio al libre albedrío de los ciudadanos y aspira a dirigir sus vidas hasta en el más nimio de los detalles. También supedita toda la riqueza nacional a los «objetivos sociales» del Estado, eleva la fiscalidad hasta niveles confiscatorios, desincentiva por completo el emprendimiento, la inversión y el trabajo, y, en resumen, aspira a una sociedad utópica de la que el ciudadano es sólo un elemento desechable y cuya libertad se supedita al interés general.
Hace décadas que en los medios y la política se habla de neocones y neoliberales. Son términos generalmente despectivos con los que la izquierda aspira a convencer a los ciudadanos de que sus defensores no son más que los mismos viejos lobos con nuevas pieles de cordero. Suponiendo que esa simplificación tenga algo de cierto, cabe decir que el programa de Yolanda Díaz cumple con todos los requisitos, incluido el maquillaje «retórico» de sus propuestas, para ser calificado de «neocom».