No sería inteligente que el Gobierno interpretara como un farol la frase del CEO de Repsol Josu Jon Imaz «manejamos alternativas a España si no hay estabilidad política».
En primer lugar, porque el antecedente de Ferrovial indica que la deslocalización de empresas españolas no es una posibilidad remota.
En segundo lugar, porque la cercanía de Repsol al PNV podría poner en peligro cosas incluso más importantes para este Gobierno que la españolidad de la empresa.
Y, en tercer lugar, porque el estado de ánimo del CEO de Repsol es compartido por una parte importante de las empresas españolas.
La prueba está en ese «ya vale» con el que el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha reaccionado a la publicación del programa de gobierno de PSOE y Sumar. Un programa que, laminando el diálogo social e imponiendo un trágala, reduce la jornada laboral sin reducir el salario proporcionalmente, endurece el despido, incrementa el salario mínimo, aumenta la presión fiscal sobre las grandes empresas, consolida los impuestos «excepcionales» a la banca y las energéticas, y convierte en permanente el impuesto «temporal y solidario» a las «grandes fortunas».
Vale la pena recordar que Repsol ha sido la empresa española que más impuestos ha pagado en España hasta septiembre (10.980 millones de euros). Que ha pagado un impuesto de sociedades del 37%, muy por encima de la media de los países de la OCDE y del tipo nominal aplicable en España (el 25%). O que prevé invertir 8.000 millones en España que se sumarán a los 4.362 ya invertidos en lo que llevamos de 2023. Una inversión que, como revela hoy EL ESPAÑOL, está hoy en peligro, precisamente por la deriva política y fiscal del Gobierno.
Vale la pena recordar también que la inmensa mayoría de los accionistas de Repsol son pequeños ahorradores. O que la empresa liderada por Josu Jon Imaz ha hecho un extraordinario esfuerzo para adaptar el negocio a las necesidades de la transición energética y para abaratar los costes de la factura del combustible a los españoles a pesar de la inestabilidad generada por la coyuntura geopolítica.
Garamendi recordó también ayer jueves que hace sólo tres meses se firmó un acuerdo con los sindicatos para los próximos tres años que ahora ha quedado en papel mojado. «Los acuerdos sólo tienen validez hasta que al regulador se le ocurre cambiarlo sin criterio y devaluando de forma brutal el diálogo social».
«Es una persecución en toda regla a las empresas y a todas aquellas personas que realizan una actividad privada» ha dicho Gerardo Cuerva, líder de Cepyme. Una preocupación que confirma que las pequeñas y medianas empresas sufrirán en igual medida que las grandes el hachazo del Gobierno. Sobre todo por la reducción de una jornada laboral que obligará a contratar más personal sin incrementar la productividad, a encarecer sus productos o a dar un servicio de peor calidad.
El programa anunciado por PSOE y Sumar ha conseguido que la posible amnistía de los delitos de los líderes del procés quede en un segundo plano frente a las consecuencias perjudiciales que las medidas propuestas tendrán en el tejido empresarial español. Especialmente en vista de la falta de coherencia política, financiera y macroeconómica de unas decisiones que parecen más la lista de deseos de un activista adolescente que el programa económico y social de un Gobierno de la UE.
Y de ahí la frase de Felipe González «me parece una buena idea de cero a tres años», que el expresidente del Gobierno ha traducido irónicamente como una defensa de ese punto del programa en el que se habla del sistema educativo, pero que también cabe interpretar como una alusión irónica al infantilismo y la frivolidad de las medidas ‘kindergarten’ de PSOE y Sumar.
Fue la falta de compromiso de otro gobierno socialista con las empresas nacionales la que condujo de forma directa a la perdida de Endesa en manos italianas. Una falta de compromiso similar ha acabado con Ferrovial en Países Bajos y con la anunciada entrada de capital saudí en una compañía estratégica como Telefónica. Si el Gobierno sigue empeñado, por intereses puramente cortoplacistas, en poner palos en las ruedas de la competitividad de las empresas españolas, provocando la caída de su capitalización, es de esperar que muchas de ellas huyan a mercados más amables con la libertad de empresa o sigan cayendo en manos extranjeras.