El programa de gobierno oculto del presidente Pedro Sánchez es una gran reconversión, como aquella de Felipe González, pero referida al estado de bienestar. A poco que se hilvanen las noticias, veremos lo que tenemos delante, lo que se esconde, desde las comunicaciones, con la implantación de peajes en todas las autopistas españolas, hasta el copago de la Sanidad, que acabará imponiéndose a pesar de los compromisos de legislatura, pasando por una gran subida de impuestos, el aumento de las cotizaciones a la Seguridad Social o el retraso de la edad de jubilación. 

De la misma forma que fue un Gobierno socialista el que llevó a cabo en España la reconversión industrial, va a ser también un Gabinete del PSOE quien imponga esta reconversión del estado de bienestar, con 30 años de diferencia, pero la misma exigencia de la Unión Europea, idéntica en ambos momentos históricos. En la década de los ochenta del siglo pasado, el objetivo era la incorporación al Mercado Común Europeo, y en la actualidad lo comprometido es un caudal de financiación inédito, rebautizado como ‘el plan Marshall’ de la Unión Europea.

Ni hay confirmación oficial ni la habrá, pero tiene que ser así: ese plan oculto existe, consensuado con las autoridades comunitarias, y esa es la razón por la que el presidente Pedro Sánchez, de forma inesperada, ha comenzado a recibir elogios y parabienes desde principios del verano de los principales dirigentes de la Unión Europea. “España es el alma de Europa”, dijo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ante la sonrisa complacida del presidente español. 

El paralelismo entre esta ‘reconversión del estado de bienestar’ que se está gestando en España y aquella otra reconversión industrial del Gobierno de Felipe González tiene que ver, además, con la evidencia de que, en un país como el nuestro, tan sectario, sería impensable que dos reformas estructurales de esa naturaleza, tan profundamente antisociales, las pudiera hacer un Gobierno de centro o de derecha. La izquierda, se quiera o no, tiene el patrimonio de la movilización social en España y solo un Gobierno socialista, como aquel de Felipe González, es capaz de resistir el acoso de los sindicatos, si se llega a ese extremo. La más leve insinuación de que un Gobierno de derechas se estuviera planteando un peaje en las autopistas públicas se convertiría de inmediato en un estallido de manifestaciones y protestas diarias, en todas las ciudades, en todas las instituciones, en todas las fábricas.

Este Gobierno socialista, por el contrario, es capaz de anunciarlo incluso en un momento como el actual, en medio de una subida imparable de los combustibles. Y simplemente le basta con cambiarlo de nombre: en vez de ‘peajes’ lo llamará ‘pago por uso’, como si tuviésemos que sentirnos responsables —¡incautos abusadores!— del desgaste de cada metro de asfalto de las carreteras que ya financiamos con nuestros impuestos. En todo caso, si eso no funciona, la compensación de izquierdas se obtiene con la aprobación simultánea de ‘leyes identitarias’, como las de la agenda social, que van desde la Ley de la Eutanasia hasta la aprobación del ingreso mínimo vital, trufada de otras batallas contra los símbolos de la era de Rajoy, como la ley mordaza o la reforma laboral. 

Sin demasiado miedo a equivocarnos, podemos sospechar también que el peaje de las autopistas dará paso al copago generalizado de la Sanidad pública, a excepción de algunos colectivos protegidos, como recoge la recién aprobada Ley de Equidad, Universalidad y Cohesión Sanitarias, con esa pomposidad tan característica. De forma simultánea, se implanta una subida de las cotizaciones a la Seguridad Social que recaerá tanto en las empresas, con un incremento adicional de 0,4 puntos, como en los trabajadores, que cargarán con una subida de 0,2 puntos, para intentar que la hucha de las pensiones vuelva a llenarse y que los últimos de la generación del ‘baby boom’ puedan soñar con una jubilación a los 70 años. De la subida de impuestos generalizada, lo único que sabemos por el momento es que el Gobierno se ha comprometido con Europa para implantarla al final de la legislatura. Una gran subida de impuestos que se aplicará tanto a través de los tipos impositivos que ya conocemos como en los de nueva creación, medioambientales, societarios y patrimoniales.

Cuando la presidenta de la Comisión Europea se deshizo en elogios del alma europea de España y del liderazgo de Pedro Sánchez, lo que ocultaron las lisonjas fueron algunos párrafos del discurso que se corresponden, exactamente, con esta reconversión del estado de bienestar del Gobierno, este programa político oculto. “Esto es el inicio de un viaje duro. Tenemos que poner en marcha este ambicioso plan español porque es una oportunidad sin precedentes. Europa va a estar al lado de España en todos los pasos del camino. Estaremos ahí”, dijo Ursula von der Leyen. Años antes, en 1983, el presidente Felipe González también se refirió en términos similares a la descomunal reconversión industrial y naval, que supuso el cierre de empresas y la pérdida de decenas de miles de empleos un año después de haber ganado las elecciones con la promesa de creación de 800.000 puestos de trabajo. 

La diferencia de Pedro Sánchez con Felipe González es que el presidente socialista de entonces se dirigió a los ciudadanos en un mensaje televisado y habló sin cortapisas de lo que se venía encima: “Salir de la crisis conlleva sacrificios. Las pérdidas son enormes y hay que frenar ese río, ese desagüe permanente. Créanme, eso exige un sacrificio, pero un sacrificio para ganar, un sacrificio para vencer la crisis”. El Pedro Sánchez que conocemos está lejos de comprometerse con un discurso así, por mucho que tengamos delante esta otra reconversión impuesta por Europa, la reconversión del estado de bienestar, el programa oculto del Gobierno. Lo que nos dijo es que en esta crisis “nadie se quedará atrás”. Solo le faltó añadir: “Nadie se quedará atrás… sin pagar más”.