“I walk a thin line” Lindsey Buckingham.
Parece una broma, pero es muy serio. En España, tras el mayor apagón de la historia, parece que la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) se obceca en mantener una remuneración insuficiente para las redes, que es contraproducente y dañina.
No es momento para penalizar la inversión en redes con una remuneración por debajo del coste de capital.
España tiene una situación insostenible. La red es incapaz de atender a la industria que se quiere conectar. En 2024, de 67 GW de solicitudes que hubo en la red de distribución, sólo se pudieron atender 6 GW, menos del 10%.
Adicionalmente, la interrupción de suministro a industrias y pequeños apagones se ha convertido en una norma.
España tiene una red que no puede acometer los retos del aumento de renovables y el cambio de mix energético.
La planificación central nunca funciona y se tienen que unir las empresas para alertar del drama del acceso a la red
El diagnóstico unánime ante los problemas de tensión y riesgo de apagones es la importancia de tener un mix energético equilibrado con suficiente inercia, fortalecer interconexiones y desarrollar una red flexible, moderna y adaptada al avance de las renovables.
España va en sentido contrario y la política energética se centra en gestos y mensajes vacíos, ignorando la importancia de las redes.
Una demostración empírica es que la planificación de la red de Transporte nunca llega, y ya lleva un año de retraso. La falta de apoyo a la inversión en redes de transporte y distribución es simplemente alarmante.
La planificación central nunca funciona y se tienen que unir las empresas para alertar del drama del acceso a la red.
Entre los objetivos más importantes, está el de mejorar la tasa de retribución para adecuarla a la de los países de nuestro entorno y ajustar la planificación de la red a las necesidades de la industria que se descarboniza, facilitando la conexión de nuevas industrias.
El mercado reconoce que la realidad de inflación persistente y desequilibrios fiscales exigen tipos de interés mayores
Para ello es esencial permitir inversiones anticipatorias y eliminar el tope a las inversiones para ajustar el ritmo de despliegue a las necesidades de red.
Cualquiera entiende que estos objetivos son esenciales para garantizar la seguridad de suministro. Sin embargo, la evidencia es que España va en sentido contrario.
La CNMC planea publicar una propuesta para la tasa de remuneración de redes para el periodo 2026-2031. Pues bien, según informan algunos medios de comunicación, la tasa de remuneración se situaría alrededor del 6,5%. El anuncio provocó importantes caídas en bolsa de las empresas.
Debemos tener en cuenta varios factores. Parece que la CNMC hace un cálculo sorprendente del coste de capital medio de las empresas españolas, completamente alejado de la realidad y muy lejano al cálculo hecho por entidades independientes, consultores y analistas financieros que se situaría en un mínimo de 7,5% para garantizar una remuneración medianamente atractiva para la inversión.
No podemos olvidar que los proyectos de redes son inversiones a muy largo plazo y que la realidad del mundo financiero refleja un aumento de las rentabilidades exigidas de los bonos soberanos de los países desarrollados. No es una casualidad que la rentabilidad exigida al bono a 30 años de Japón, Alemania, Reino Unido o Estados Unidos se haya disparado, alcanzando, en el caso de Japón, un nivel récord.
El mercado reconoce que la realidad de inflación persistente y desequilibrios fiscales exigen tipos de interés mayores. Por lo tanto, no tiene sentido ofrecer a las inversiones en redes, esenciales para garantizar el suministro y el correcto desarrollo de las renovables, una rentabilidad que, en términos reales, baja con respecto al anterior cálculo y que ignora el verdadero coste de capital medio de las empresas.
Un 6,5% de remuneración se aleja de sistemas similares europeos, que se sitúa en 530 puntos básicos por encima del bono soberano. Supondría, de hecho, recortar la prima hasta hacer la remuneración inasumible con respecto al coste de capital para muchas empresas, incluso grandes conglomerados.
Goldman Sachs, por ejemplo, estima una tasa de remuneración del 7.3%, considerando una tasa libre de riesgo en España de 3,25%, que es conservadora y optimista, una prima de riesgo de 3,5%, y una prima adicional de 0,5% para remunerar el retraso de dos años en el pago de la retribución.
El diferencial entre la remuneración vigente y el bono español a 10 años es de 400 pb, de modo que un cálculo para el tercer periodo regulatorio con un diferencial inferior supondría de facto una reducción inasumible y completamente despegada de la realidad de los mercados financieros.
No tiene sentido exigir una rentabilidad del 6,5% a las empresas cuando el bono a 30 años de España se desploma, como ha ocurrido con otros similares, y tiene una rentabilidad exigida que se sitúa en el 4,1% y una media de 3,9% en los últimos meses.
También que parece que no se están teniendo en cuenta las Orientaciones de Política Energética establecidas por el gobierno que pide que se revise y adecúe a la situación actual de los mercados.
España ofrece una de las tasas de rentabilidad más bajas de Europa. En Italia, por ejemplo, se paga 7,4% con mejoras si se tienen en cuenta otras características del modelo retributivo.
Si España quiere liderar en transición energética y un sistema eléctrico competitivo, se debe incentivar la inversión en redes, no penalizarla. Si queremos seguridad de suministro, renovables y competitividad, escatimar en la remuneración de las redes es el equivalente a dispararse en el propio pie.