ABC – 17/07/14
· Los socialistas catalanes votan a favor de la herramienta con la que los independentistas pretenden convocar el referéndum ilegal.
· Bloque constitucional Los socialistas evitan una fotografía conjunta del bloque constitucional junto a PP y Ciudadanos.
· A sabiendas Los soberanistas dicen que convocarán la consulta del 9-N a sabiendas de que la ley no le da cobertura.
uevo líder en el PSC, la misma indefinición de siempre. El Parlamento catalán aprobó ayer la ley de consultas bajo la que el presidente de la Generalitat, Artur Mas, quiere ampararse para convocar el referéndum soberanista del 9 de noviembre, una luz verde que volvió a partir a los grupos políticos catalanes en dos bloques: a un lado, PP y Ciudadanos, quienes se oponen de manera inequívoca a la consulta, y en el otro, los partidos soberanistas y el PSC, que pese a no apoyar la consulta de noviembre sí aprobó la ley y sumó sus votos a quienes defienden sin ambages la ruptura con España.
Iceta, en un mitin celebrado en Badalona
La ambigüedad que caracterizó el liderazgo de Pere Navarro prosigue con su sucesor, un Miquel Iceta que –pese a afirmar que su partido nunca apoyará una consulta ilegal– demuestra la misma rotundidad a la hora de huir de cualquier foto que le pueda encuadrar junto a PP y C’s en el bloque constitucionalista.
El apoyo del PSC a la ley de consultas agitó de nuevo al conjunto de los socialistas de toda España y desde distintas comunidades se volvieron a levantar voces cuestionando la lealtad del partido que lidera Iceta al proyecto común. Al recién estrenado secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, se le abre un nuevo frente, apenas unas horas después de que la decisión de sus eurodiputados de desmarcarse del pacto para hacer presidente de la Comisión Europea a Jean-Claude Juncker generase críticas generalizadas.
N«No sirve para el 9-N»
El caso de Cataluña es, no obstante, más grave, en tanto no responde a una votación oportunista sino a un problema más de fondo, nuclear en la relación PSC-PSOE y que atañe al papel del primero en el proceso soberanista ante unos meses decisivos.
El partido de Iceta justificó su sí a la ley de consultas no refrendarias –ayer en comisión y en septiembre en sesión plenaria en el Parlamento catalán– por considerar que la norma como tal es «una buena herramienta para complementar la democracia participativa». Como recordó Ferran Pedret, portavoz socialista en la comisión parlamentaria, su grupo «mantendrá sus enmiendas» para «que la ley no sirva para la consulta del 9-N».
El resto de partidos que también apoyaron la ley participaron todos de la ficción de aprobar una norma que se hace pensando para el 9-N, pero cuyo texto señala en cambio que regula las consultas sobre «cualquier aspecto de la vida pública en el ámbito de Cataluña y en el comptencial de la
Generalitat y los entes locales». Es decir, en ningún caso para determinar la estructura territorial del Estado, como se recoge en el enunciado de la pregunta pactada entre CiU, ERC, ICV y las CUP. Una ley de contenido probablemente ajustado al Estatut y a la Constitución para justificar una consulta evidentemente fuera de toda legalidad. El diputado de CiU Josep Rull definió ayer con toda claridad el engaño sobre el que se sustentará el decreto de convocatoria de la pretendida consulta de otoño. «Esta no es una ley solo para el 9 de noviembre, pero también lo es», apuntó.
La líder del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, fue rotunda al advertir de que la ley de consultas es «un fraude de ley» y acusó a Miquel Iceta y Pedro Sánchez de ser «cómplices necesarios de CiU y ERC para legitimar su referéndum independentista». «La ley es una trampa, porque pretende enmascarar una ilegalidad, que es celebrar una consulta independentista» bajo el paraguas legal de un texto «que no sirve para la única pregunta que quieren hacer», explicó la líder popular.
«Ingenuidad» socialista
La popular recordó que «la Generalitat puede preguntar sobre lo que forma parte de sus competencias, pero no puede usurpar la soberanía nacional que pertenece a todos los españoles».
Por su parte, Carina Mejías, portavoz de C’s, aseguró que su partido «no será cómplice de una coartada política como la Ley de Consultas para convocar un referéndum ilegal» y lamentó «la ingenuidad de otros grupos», en referencia al PSC, al apoyarla. C’s, de hecho, no participó ni en la ponencia que redactó la ley para no legitimar la iniciativa con su presencia.
Las bases de la norma
El redactado de la ley de consultas busca salvaguardar la norma del Tribunal Constitucional para poder convocar el referéndum secesionista el 9 de noviembre. Éstas son algunas de las líneas maestras del texto que el Parlament aprobará en dos meses.
¿Permite la norma hacer consultas vinculantes?
No. La ley de consultas populares no refrendarias, como su propio nombre indica, no ampara los referendos vinculantes jurídicamente. Con esta estrategia pretende el Govern blindar la norma del TC. Además, en el texto no se hace ninguna referencia a la llamada a las urnas el próximo 9 de noviembre. El objetivo es camuflar la herramienta ideada para celebrar la consulta de autodeterminación en un marco más amplio para llevar a cabo todo tipo de consultas ciudadanas, también ligadas, por ejemplo, al ámbito municipal.
¿Prevé el Estatut una ley de consultas catalana?
Así lo considera el Govern, que utiliza el artículo 122 de la norma marco catalana como base de la nueva ley de consultas. Dicho artículo otorga «competencia exclusiva» a la Generalitat para convocar consultas populares, pero especifica que deberá hacerlo «en el ámbito de sus competencias» y salvando lo que dispone el artículo 149.1.32 de la Constitución, el que establece que el Estado tiene a su vez «competencia exclusiva» para la autorización de consultas populares por vía de referéndum.
¿Quién podrá votar en la consulta catalana según la ley?
Podrán hacerlo los mayores de 16 años y también los extranjeros empadronados en Cataluña. Los inmigrantes que sean comunitarios deberán acreditar un año de arraigo y los extracomunitarios, tres. También podrán participar los catalanes residentes en el extranjero previa inscripción en un registro elaborado por la Generalitat a tal efecto. Paradójicamente, los catalanes residentes en otras comunidades autónomas no podrán participar.
¿Qué censo prevé la normativa para convocar el 9-N?
Tras especularse con el uso de la tarjeta sanitaria, finalmente serán los datos del Instituto de Estadística de Cataluña (Idescat) los que se emplearán en una eventual consulta. Así lo recoge el borrador de la nueva norma, que se refiere al registro de población que este organismo elabora trimestralmente como base del censo.
¿Cuándo prevé la norma que se convoque la consulta?
Artur Mas deberá firmar el decreto de convocatoria de la consulta entre 30 y 60 días antes de su celebración. No existirá jornada de reflexión y, en consecuencia, se podrá hacer campaña hasta la misma fecha de la votación, es decir, hasta el 9 de noviembre, si el presidente de la Generalitat mantiene sus planes actuales.
¿Podrá el Govern obligar a estar en las mesas de votación?
Al contrario de lo que ocurre en las elecciones, las mesas estarán conformadas por voluntarios que en este caso tampoco verán retribuida su labor, como sí ocurre en las jornadas electorales.
¿Quién puede convocar la consulta?
Las consultas podrán convocarse a iniciativa popular con 50.000 firmas y las instituciones gubernamentales, el presidente de la Generalitat o los alcaldes no tendrán derecho a veto. El único límite es preguntar sobre materias que afecten a los derechos y libertades básicos. El Govern, el Parlament o un Ayuntamiento también pueden impulsarlas.
ABC – 17/07/14