EL CORREO, 15/9/11
El líder guipuzcoano Iñaki Arriola reconoce, no obstante, que a la coalición «le está entrando sensatez a medida que toca poder»
El PSE hizo ayer examen de los primeros cien días de Bildu al frente de las instituciones, plazo que se cumplirá el próximo lunes. Los socialistas creen que el regreso de la izquierda abertzale tradicional a las instituciones solo merece un calificativo: «Decepcionante». En su opinión, la coalición, que tiene el gobierno de instituciones tan emblemáticas como la Diputación de Gipuzkoa y el Ayuntamiento de San Sebastián, ha sido incapaz de definir «con claridad el rumbo» que quiere imponer a su gestión en la Administración.
Pastor recuerda que es la banda la que impide a los presos acogerse a los beneficios penitenciarios
El consejero de Transportes y secretario general del PSE guipuzcoano, Iñaki Arriola, censuró ayer con dureza la forma de proceder de Bildu desde que se oficializara la toma de posesión de sus alcaldes, el pasado 11 de junio. Y centró sus críticas en el territorio guipuzcoano, donde la entente entre izquierda abertzale, EA y Alternatiba atesora la principal porción de su poder. Lamentó, en este sentido, que los gobernantes de Bildu se hayan dedicado a «paralizar inversiones» ya previstas, como las variantes de Zarautz y Bidasoa, la incineradora y varios proyectos de viviendas de protección oficial en San Sebastián.
Arriola censuró además la supuesta inactividad de la coalición porque sus responsables en las instituciones se escudan en la frase «que lo van a estudiar» para no dar una respuesta concreta sobre proyectos pendientes de la anterior legislatura. Si entonces «decíamos que Markel Olano era el eterno estudiante de Gipuzkoa, parece que los nuevos responsables de Bildu aspiran a continuar la senda del anterior diputado general», reprochó el líder de los socialistas en ese territorio, quien exigió a la entente soberanista que comiencen a tomar decisiones porque «pasa el tiempo» y deben empezar a definir «claramente el rumbo de su gestión».
Arriola reconoció, no obstante, que ha percibido algunos cambios en las actitudes de la coalición según avanzan las semanas y advirtió que a Bildu «le está entrando la sensatez a medida que toca poder», en alusión a su apuesta ahora por la fusión de las cajas vascas. «Ha empezado a darse cuenta de que no es lo mismo hacer política de cara a la galería que practicar una responsabilidad de gobierno. Ha llegado el momento de que la Diputación defina sus políticas. El tiempo de cortesía ya está pasando», subrayó.
El secretario general del PSE guipuzcoano también apreció un cambio de comportamiento en Bildu respecto a ETA. Pero en sentido negativo. A su juicio, la izquierda abertzale «debería ser valiente, más de lo que está siendo», para exigirle a la banda terrorista «definitivamente y sin juegos de palabras» su desaparición. Porque buena parte de los votos que la alianza independentista cosechó en las pasadas elecciones municipales de mayo respondieron a la voluntad de los ciudadanos para que «gestionara la paz», concluyó.
Coacción a los reclusos
Arriola no fue el único dirigente de los socialistas que cargó contra Bildu. El portavoz del PSE, José Antonio Pastor, salió ayer en defensa del Ministerio del Interior y de los responsables de Instituciones Penitenciarias, después de que los firmantes del Acuerdo de Gernika -entre los que figura la coalición soberanista- censuraran al Ejecutivo central por negarse a facilitar una reunión entre este colectivo y los presos de ETA.
Pastor advirtió que es la banda terrorista la que «atenta contra los derechos» de estos reclusos porque su cúpula «les impide por coacción que puedan acogerse a cualquier tipo de medida o beneficio penitenciario que establece la ley». Recordó que en los últimos años «más de cien presos de ETA que han optado por la reinserción han podido acogerse a determinados beneficios penitenciarios, entre ellos el acercamiento a cárceles más próximas a su lugar de residencia», en alusión a los reclusos que han renegado de la violencia. Y aseguró que «Bildu haría más creíble su apuesta por la legalidad democrática si decidiera extenderla al mundo de los presos», animándoles a «acogerse a las vías legales en defensa de sus intereses».
EL CORREO, 15/9/11