DIARIO VASCO, 8/9/11
Lleva a Juntas una enmienda que pide a la Audiencia Nacional una sentencia en breve. El grupo juntero de Rafaela Romero marca perfil con una iniciativa que se debatirá en comisión el día 22
El PSE-EE de Gipuzkoa va a presentar en las Juntas Generales (JJ GG) una enmienda instando a la Audiencia Nacional a fallar cuanto antes sobre el caso Bateragune, que mantiene en prisión a Arnaldo Otegi bajo la acusación de intentar reconstruir la antigua Batasuna. Una sentencia que, según sugiere la propuesta, debe ser absolutoria, atendiendo a la «realidad social», en alusión a la apuesta de la izquierda abertzale por las vías sólo políticas y su desmarque de ETA.
LA ENMIENDA
Las Juntas Generales de Gipuzkoa, sobre la base del respeto al Estado de Derecho y a la independencia de los Jueces y Tribunales en su función jurisdiccional, considera que la Audiencia Nacional, en el denominado caso Bateragune -en virtud del derecho a la tutela judicial efectiva y a un proceso sin dilaciones indebidas- debiera proceder a dictar sentencia a la mayor brevedad posible, ponderando, entre otras circunstancias, y con el máximo respeto a la legalidad, el criterio hermenéutico de atención a la realidad social del tiempo en el que dicha legalidad va a ser aplicadas.
La iniciativa socialista, que ya ha sido registrada esta semana en las Juntas Generales y a la que ha tenido acceso este periódico, es una enmienda a la totalidad a una propuesta de resolución de Aralar en relación con la causa abierta en la Audiencia Nacional, que reclama diez años de prisión para Otegi, en un proceso en el que están encausados también el ex secretario general del sindicato LAB, Rafa Díez Usabiaga, y otros miembros de la izquierda abertzale.
Con esta iniciativa, que cuenta con el visto bueno de la Ejecutiva del PSE-EE de Gipuzkoa, el grupo juntero que capitanea Rafaela Romero busca marcar perfil propio en el escenario de posible final definitivo de la violencia que se vislumbra en Euskadi. El partido en Gipuzkoa busca combinar una estrategia de flexibilidad y luces largas en la actual situación, con la exigencia de compromisos a la izquierda abertzale en materia de reconocimiento de las víctimas del terrorismo y petición a ETA de que cese definitivamente.
La enmienda que defenderá el grupo juntero del PSE-EE es muy sintética. Pide que el pleno se posicione a favor de que las Juntas Generales, «sobre la base del respeto al Estado de Derecho y a la independencia de los jueces y tribunales en su función jurisdiccional», emplacen a la Audiencia Nacional a «dictar sentencia a la mayor brevedad en el caso denominado Bateragune».
Los socialistas defienden, en este sentido, que el tribunal «pondere» entre otras circunstancias, y con el máximo respeto a la legalidad, «el criterio hermenéutico de atención a la realidad social». Esto quiere decir que los jueces, a la hora de tomar una decisión, tengan en cuenta los cambios producidos desde el arresto de Otegi hace dos años, hasta la coyuntura actual, marcada por la existencia en Euskadi de un significativo sector social que entiende que el ex portavoz de Batasuna y los dirigentes de la izquierda abertzale han apostado por las vías sólo políticas. Ello no es óbice para que el PSE-EE guipuzcoano, al igual que el resto de partidos, entienda que los dirigentes de la antigua Batasuna tienen todavía muchos pasos que dar de «reconocimiento a las víctimas de ETA y del caño causado por el terrorismo». Los socialistas recogen también la necesidad de que el tribunal sentencie en breve «en virtud del derecho a la tutela judicial efectiva y a un proceso sin dilaciones indebidas».
La iniciativa del PSE-EE se debatirá el día 22 en la comisión de Instituciones, Gobierno y Reglamento de las Juntas, y podría prosperar si es respaldada por Bildu -partido mayoritario en Juntas-, PNV y Aralar, que, en principio, podrían coincidir con el contenido de esta enmienda. Más difícil parece recabar el apoyo del PP.
El ejemplo de los insumisos
Los socialistas, a la hora de elaborar la enmienda, han tenido en cuenta que el Código Civil español recoge los criterios de aplicación de las normas jurídicas y, en concreto, en el artículo 3 se expresa que «las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabreas, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellas».
Ello supone la inclusión, como criterio hermenéutico para la interpretación y aplicación de las leyes, del concepto de «realidad social», que concede al juez la facultad de interpretar las normas acomodando en alguna medida los preceptos jurídicos a circunstancias surgidas con posterioridad a la formación de aquellos. Algo que -insisten- sucedería en el caso Bateragune, en alusión a los pasos dados por Otegi y los principales dirigentes de la izquierda abertzale en los últimos meses. El PSE-EE cree que «un recto método de interpretación jurídica contribuiría a asegurar la función social del Derecho, en ausencia de la cual éste carecería de sentido. Un ejemplo de esto fueron las sentencias de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa absolviendo a los insumisos del servicio militar, tras una larga lucha en la que la mayoría de la sociedad estaba ya convencida de la necesidad de abolir la mili.
DIARIO VASCO, 8/9/11
Los grupos junteros han empezado con fuerza un curso que puede ser el de la consolidación definitiva de la paz. Así, el pleno del día 21 se verá la propuesta del PNV para pedir al diputado general, Martin Garitano (Bildu), que aclare sus palabras sobre las víctimas del terrorismo en Cataluña, o una propuesta del PP para que se condene a ETA.