ABC 22/11/16
EDITORIAL
EL texto del acuerdo de gobierno alcanzado entre el PNV y el PSE demuestra que los nacionalistas han impuesto su agenda en dos cuestiones esenciales: la transición de ETA y la revisión del autogobierno vasco. La versión socialista de que así el PNV huye de la radicalización que habría supuesto que pactara con EH Bildu es pura retórica. Hay que recordar que el PNV más pactista, el que en 1996 apoyó la investidura de José María Aznar mientras gobernaba el País Vasco con el PSE, no pestañeó a la hora de convenir con ETA, en 1998, una estrategia política llamada Pacto de Estella. Es evidente que la literatura del acuerdo entre nacionalistas y socialistas para hacer presidente a Íñigo Urkullu evita estridencias, pero incurre en la calculada ambigüedad sobre cómo debería escribirse el fin de la banda; y no duda en reclamar una reforma estatutaria mediante una ponencia que aborde todo, incluido el reconocimiento de Euskadi como nación y el derecho a decidir.
No debería extrañar que el PSE pueda firmar semejante documento, pues ya optó por tratar el fin de ETA como un problema de transacción política y defendió la idea, con el patrocinio de Patxi López, de calificar al País Vasco como «comunidad nacional». El PSE se suma a ese lenguaje viscoso que generaliza sobre la violencia y la vulneración de derechos humanos en el País Vasco, remontándola a 1960 no precisamente para señalar los primeros asesinatos, sino el contexto histórico en el que ETA nació y con el que se pretende legitimarla. Esta historia está contada y no es admisible, lo mismo que la etiqueta de la «actualización del autogobierno», tras la que se esconde una reforma confederal de la Constitución, con una consolidación definitiva del Concierto Económico frente a las exigencias de solidaridad fiscal que necesita España. La historia se repite porque el PSE no ha aprendido a ser exigente con el PNV. Un revés para la Comisión gestora del PSOE.