El PNV y el Partido Socialista de Euskadi pretenden abordar una reforma del Estatuto de Gernika en la que los socialistas admiten que sus nuevos socios de Gobierno defiendan el derecho a decidir y en la que los nacionalistas se comprometen a que este proceso en Euskadi se realice «respetando el ordenamiento jurídico». El acuerdo que permitirá al PNV y al PSE-EE reeditar los gobiernos de coalición en el País Vasco contiene un capítulo sobre la «defensa y reclamación del autogobierno reconocido», en el que los dos partidos realizan una agresiva defensa del autogobierno frente al Ejecutivo central.
La Asamblea Nacional del PNV, por un lado, y el Comité Nacional del PSE-EE, por otro, ratificaron ayer por unanimidad el acuerdo, que hoy será presentado por Andoni Ortuzar e Idoia Mendia en el Parlamento vasco junto a Iñigo Urkullu.
La reedición de los gobiernos de coalición entre ambos partidos se produce 18 años después de su última experiencia conjunta y en un escenario político muy distinto. Los nacionalistas y los socialistas vascos coinciden en la elaboración de un nuevo Estatuto, que vinculan con una reforma de la Constitución, pero fían el resultado final a un acuerdo en el Parlamento vasco, donde el PNV, EH Bildu y Podemos respaldan el derecho a decidir.
Los socialistas admiten en el procedimiento pactado –que se incluye en el documento titulado Pilares para construir una Euskadi con más y mejor empleo, más equilibrio social, más convivencia y más y mejor autogobierno– que su socio de Gobierno insista en su defensa del derecho a decidir con su «ejercicio pactado dentro del ordenamiento jurídico vigente en cada momento» en el proceso de reforma del Estatuto de Gernika que se pondrá en marcha en el Parlamento Vasco. Una disposición a aceptar el debate sobre el derecho a decidir en un foro parlamentario en el que PNV, EH Bildu y Elkarrekin Podemos avalan esta reivindicación y suman 57 de los 75 representantes, y en el que los socialistas se sentarán junto al lehendakari Urkullu, que defiende su compatibilidad con la legalidad actual.
Hasta este acuerdo, la secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, se manifestaba en contra del derecho a decidir, que interpretaba como la reactualización de la apuesta soberanista que lideró Juan José Ibarretxe, y que se concretó en una propuesta de Nuevo Estatuto aprobada por el PNV, EA e Izquierda Unida y la marca de entonces de Batasuna.
El PNV no se dio por satisfecho durante la negociación para formar Gobierno con incluir de forma genérica que el acuerdo no restringía su total libertad para mantenerse firme en la defensa del derecho a decidir. De hecho, el texto que hoy suscribirán Mendia y Ortuzar expresamente recoge: «Nos reconocemos mutuamente libertad para defender en dicha ponencia nuestros respectivos postulados y planteamientos en materia de autogobierno».
Fue la presión nacionalista, según fuentes de la negociación, la que obligó a incluir una relación de 14 epígrafes sobre lo que puede plantear el grupo del PNV en ese foro de trabajo. En ella aparece de forma expresa el derecho a decidir, el reconocimiento de Euskadi como nación, la reforma de la Constitución y hasta la promoción del euskera. Objetivos utilizados por reiteración por el PNV durante los últimos meses y especialmente durante la pasada campaña electoral.
Los socialistas, en teoría, se opondrían a un texto fundamentado en estos principios, pero está por ver cuál es su papel en esta ponencia parlamentaria liderada por el PNV, el partido con el que ya comparten gobiernos en las tres diputaciones forales y en las tres capitales y con quien gobernarán en Euskadi a partir de la próxima semana.
Además, PNV y PSE-EE establecen un ambiguo calendario para que este grupo de trabajo parlamentario –que también actuará «respetando el ordenamiento jurídico», fórmula que salpica en tres ocasiones esta parte del acuerdo– redacte en ocho meses un borrador de nuevo Estatuto vasco.
Socialistas y nacionalistas llegan a culminar el procedimiento para la aprobación del nuevo Estatuto vasco con un «referéndum» que, según portavoces del PSE-EE, se realizaría después de que las Cortes Generales aprobaran la propuesta impulsada desde el Parlamento vasco. El texto acordado hace referencia a «las instituciones competentes», en otro guiño de los socialistas al PNV, que llegó a plantear que se incluyera la convocatoria de una «consulta habilitante» en Euskadi previa al debate en el Congreso; petición que fue luego retirada.
La predisposición del PSE-EE a admitir el debate sobre el derecho a decidir–mientras comparte responsabilidades de gobierno en todas las instituciones del País Vasco– se complementa con la coincidencia con el PNV en la «defensa y reclamación del autogobierno reconocido».
El documento acordado entre Mendia y Ortuzar repite los argumentos utilizados tanto desde las instituciones vascas como en el Congreso por los portavoces nacionalistas. Pese a la responsabilidad del PSOE en el proceso de desarrollo autonómico en el conjunto de España y en relación con Euskadi, los socialistas vascos suscriben la denuncia de que «numerosas Leyes Básicas han afectado negativamente al autogobierno». Y mientras reclaman superar el Estatuto, reivindican su total cumplimiento con nuevas transferencias de competencias. Transferencias entre las que los nuevos socios destacan el control de las prisiones y la gestión del régimen económico de la Seguridad Social en Euskadi sin romper, de momento, la caja única.
El PSE-EE, que sumará sus 9 votos a los 28 del PNV para reelegir a Urkullu como lehendakari, gestionará en el Gobierno vasco las carteras de Trabajo y Administración de Justicia; Turismo, Comercio y Consumo, y la de Vivienda, Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.