ABC 14/07/17
· Su plan de reforma constitucional plantea dar más autogobierno a la Generalitat
Las Ejecutivas del PSOE y el PSC se reúnen hoy en Barcelona de forma conjunta, en un encuentro que será el preámbulo a la presentación de un documento conjunto en el que ambas partes han trabajado en los últimos días y que será el plan de actuación de los socialistas como «oferta política» al independentismo con el objetivo de que el «choque de trenes» del 1 de octubre no se produzca. Fuentes socialistas consultadas aseguran que los socialistas plantearán una reforma federal de la Constitución Española que en lo referente a la organización territorial del Estado apostará por «el reconocimiento de las aspiraciones nacionales de Cataluña». Pedro Sánchez y Miquel Iceta abanderan esta apuesta que incluirá la revisión de competencias entre Estado y autonomías que «mejoren el autogobierno de la Generalitat».
· La culpa es del PP
El PSOE culpa al PP del inicio del proceso independentista y justifica que se iniciase
También incluirá apuestas el PSOE por clarificar la financiación, aunque los socialistas siguen planteando su rechazo al pacto fiscal para que Cataluña tenga un concierto económico propio como el de País Vasco o Navarra. Ya en la Declaración de Granada Alfredo Pérez Rubalcaba logró incluir un párrafo en el apartado de la financiación en el que hablaba del principio de ordinalidad en el sistema, es decir que la solidaridad interterritorial no coloque «en peor condición relativa de quien contribuye respecto a quien se beneficie». El documento del reciente 39 Congreso incide en la misma. Una premisa que agrada a las regiones que más recursos aportan, pero que no gusta en las que menos. Lo que sí aseguran fuentes socialistas es que el documento apostará por la necesidad de implementar «un acuerdo sobre la financiación autonómica para dotar delos recursos necesarios para el sostenimiento de las grandes políticas públicas».
Los socialistas apuestan por abordar la negociación del sistema de financiación en el marco de la Conferencia de Presidentes y del Consejo de Política Fiscal y Financiera, precisamente dos espacios de negociación que el Gobierno Puigdemont ha abandonado en su demanda por conseguir una negociación bilateral con el Estado. La propuesta de reforma constitucional tendrá un cuarto punto que será «el establecimiento de un Senado federal como mecanismo de representación territorial». En el pasado Sánchez había apuntado al traslado de la Cámara Alta a Barcelona «para que la España federal tenga presencia en Cataluña».
Como ya informó este diario, los socialistas quieren abrir una negociación sobre las demandas que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, le trasladó a Mariano Rajoy en abril de 2016. En esa lista de 46 demandas se incluía la celebración de un referéndum. Y ese es el único punto que los socialistas no están dispuestos a negociar. Una postura similar a la del Gobierno, que se ha abierto al diálogo pero que se ha encontrado con la respuesta de que la consulta es condición imprescindible.
Mensaje para soberanistas
Los socialistas se comprometerán con «iniciativas concretas» ante la «falta de voluntad de ambos gobiernos». Entre esas demandas de la Generalitatse encuentra por ejemplo la discusión sobre la «acción exterior de la Generalitat», la financiación de los Mossos de Esquadra o el «respeto al modelo de escuela catalana». Sánchez se comprometerá con «iniciativas parlamentarias» que permitan «desbloquear los más de cinco años de discriminación del Ejecutivo central a Cataluña».
El PSOE y su partido hermano en Cataluña presentan hoy un proyecto que en su preámbulo va a dar alas a parte del discurso que los independentistas realizan contra el resto del país. Los socialistas plantearán que fue «la frontal oposición del PP» al estatuto de autonomía de Cataluña lo que «acabó por desbaratar el intento de renovar» el pacto constitucional de 1978 y el Estatuto de 1979. Culpa por tanto al PP del inicio del proceso independentista, justificando en cierta forma que se iniciase y afirmando que éste se ha ido agudizando progresivamente «por la falta de diálogo entre los gobiernos de España y de la Generalitat». Es decir, plantea responsabilidades compartidas y establece equidistancia entre ambos.