«Utilización política» para erosionar el Gobierno de coalición, llamando la atención sobre una supuesta injerencia en la negociación de los Presupuestos y la pretensión de dar un «aderezo» a la moción de censura que promoverá Vox en el arranque del curso político. Podemos ha pasado a la ofensiva tras su imputación como persona jurídica, y la de varios miembros de su cúpula, en la causa que investiga un presunto delito de malversación de fondos públicos. No solo se ha solicitado la nulidad del procedimiento o su archivo alegando indefensión y falta de indicios probatorios, sino que se ha vinculado la investigación a una estrategia política para «descabalgar» al Gobierno. El principal argumento del partido es que existe «un interés político de fondo» para desacreditar al Ejecutivo y dar munición a la oposición. «Todo vale para sacar a Podemos del Gobierno», reprochaba en distintas intervenciones este miércoles el coportavoz del partido, Rafa Mayoral.

Evitando entrar a valorar el fondo del asunto, la portavoz del Gobierno María Jesús Montero sí trasladaba el mensaje de que la coalición no está en cuestión y que estas informaciones no afectarían al Ejecutivo, después de que desde el PP se elevase el tono para pedir la dimisión del vicepresidente y líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias. Montero se refirió a un Gobierno «fuerte» y «cohesionado» al que dijo que le quedaban «cuatro años por delante», preguntada tras una vista institucional al Ayuntamiento de Rota (Cádiz). El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha mantenido en una posición institucional limitándose a expresar «el máximo respeto al poder judicial y su trabajo».

Sánchez no se movió de esta posición a pesar de ser preguntado hasta en tres ocasiones durante intervención ante la prensa tras el tradicional despacho con el rey en el Palacio de Miravent. Con todo, de sus palabras se desprende un distanciamiento claro de la posición de Podemos que alude a una estrategia del fango: «Creo que hay que respetar que estamos en un Estado social y democrático de derecho, que hay una independencia del Poder Judicial y que por tanto esta investigación está hoy en manos del Poder Judicial, por tanto máximo respeto a la independencia de los jueces en este aspecto, como en otros muchos que están siendo también investigados que nada tienen que ver con la política». Sobre la relación con sus socios en el Ejecutivo, durante su anterior intervención ante los medios coincidiendo con el balance de los primeros siete meses de Gobierno insistió en que «estoy francamente satisfecho con el trabajo del Gobierno de coalición».

Desde el PP ya han reclamado a Sánchez que cese a su vicepresidente segundo en caso de que no dimita «por las graves sospechas» relacionadas con las cuentas del partido. «Si no quiere ser responsable de las consecuencias judiciales de los presuntos casos de corrupción que salpican al vicepresidente, tiene que cesarlo inmediatamente», exigía el vicesecretario de Política Territorial de los populares, Antonio González Terol, acusando también a Iglesias de «esconderse detrás del Consejo de Ministros, del vicepresidente, para no dar explicaciones ni al Congreso ni a los medios de comunicación».

En el partido liderado por Inés Arrimadas también movieron ficha este miércoles para exigir la comparecencia de Iglesias en la comisión de Calidad Democrática del Congreso, Según el escrito, se el objeto de la comparecencia es «dar cuenta de las últimas informaciones relativas a la financiación irregular de Unidas Podemos y la reciente imputación, tanto del partido como de altos cargos del mismo, y el papel del Vicepresidente en este asunto». Vox, por su parte, ha aprovechado la situación para presionar al PP de cara a que reconsidere su posición sobre la moción de censura que prevén presentar en septiembre. A ello le respondía el vicesecretario de Comunicación, Pablo Montesinos, sosteniendo que «los números de esa moción de censura no dan y nosotros no vamos a jugar a dar balones de oxígeno a Sánchez».

«Cosas muy extrañas»

Precisamente por esta moción de censura, desde Podemos se insiste en que «necesita aderezo» y de ahí que la causa abierta contra la formación se esté «amplificando». De hecho, también ponen en duda que el juez que ha abierto la investigación, Juan José Escalonilla, haya permitido que Vox se persone en la causa como acusación popular sin reclamar fianza. «Son cosas muy extrañas que solo pasan con Podemos», concluía Mayoral elevando la sombra de la sospecha sobre el juez.

Si desde la formación han alegado que la apertura de la investigación no se basa en ningún tipo de indicios y que se resolverá a su favor, recaban ya pruebas para sustentar su defensa.

En el propio recurso presentado ante la Audiencia Provincial de Madrid solicitando el archivo de la causa, se sostiene que la denuncia del abogado despedido por Podemos por la que se inició la investigación, es un mero «conjunto de sospechas sin fundamento incriminatorio». Aducen así que se trata de una «investigación prospectiva», tratando de demostrar que «los hechos denunciados están en su práctica totalidad basados en las meras apreciaciones subjetivas del denunciante que el Juez de instrucción hace suyas en su integridad sin someterlas a un mínimo juicio de ponderación o análisis objetivo para verificar si nos encontramos ante verdaderos hechos punibles, que serían los únicos por los cuales se pueden hacer constituir a los sujetos investigados en parte del proceso penal».