La Mesa del Congreso ha vuelto a frenar este miércoles la tramitación de la ley que busca reconocer como profesión de riesgo a policías nacionales y guardias civiles. No hubo explicaciones formales más que de la presidenta, Francina Armengol, anunciando que se ampliaba otra vez el plazo de enmiendas. Con los votos de PSOE y Sumar, la norma continuará encerrada en el mismo cajón donde lleva más de año y medio, desde que el Senado la aprobó en junio de 2024.

El movimiento llega en uno de los momentos más incómodos para el Gobierno. Hace apenas cinco días que el capitán Jerónimo Jiménez Molero y el agente Germán Pérez González murieron en plena persecución nocturna a una narcolancha frente a las costas de Huelva. El suceso, con dos patrulleras del Servicio Marítimo chocando entre sí, ha reactivado el malestar del Cuerpo por unas condiciones laborales que consideran desfasadas respecto al riesgo que asumen. Que el Congreso ni siquiera entre a discutir la ley añade una fricción que el Gobierno preferiría no tener en campaña, y menos en Andalucía, donde toca a una comunidad especialmente sensible con el tema.

Fuentes del PP afean que Armengol comunicara la nueva prórroga “sin decir nada” más, y sus diputados ya van por la septuagésima primera vez que ven cómo se congela su iniciativa. La fórmula es siempre la misma: ampliar el periodo de enmiendas para que el texto nunca llegue a la Comisión de Trabajo, donde debería votarse, tal y como se ha hecho con decenas de propuestas de la oposición esta legislatura. La diferencia es que, en esta ocasión, el clima político alrededor de la Guardia Civil tiene una temperatura mucho más alta.

En Ferraz reconocen que el riesgo no está sólo en la profesión de los agentes; también lo está en una votación que podría escaparse por los socios parlamentarios. El PSOE no quiere verse obligado a posicionarse en contra de una ley que tiene un impacto emocional evidente en el cuerpo de seguridad con más presencia territorial del país. De ahí el empeño en no mover el expediente: mientras siga en fase de enmiendas, no compromete a nadie.

Pero el tablero andaluz ha agitado la escena. La candidata socialista, María Jesús Montero, utilizó varias veces la expresión “accidente laboral” para referirse a las muertes de Huelva durante el debate electoral en Canal Sur. La frase ha incomodado profundamente a la Guardia Civil y al propio PSOE, que teme que el error haya sentenciado definitivamente sus aspiraciones electorales. La rectificación posterior de Montero, señalando ya “muerte en acto de servicio”, llegó tarde y sólo cuando la candidata se vio sola.

En este contexto, la discusión sobre qué significa exactamente “profesión de riesgo” cobra más transparencia. El reconocimiento permitiría adelantar la jubilación y mejorar compensaciones económicas. Su coste es elevado y su impacto, especialmente sensible en un cuerpo que combina funciones policiales con presencia en zonas rurales donde el Estado se representa casi exclusivamente con su uniforme. Esa mezcla convierte cualquier gesto institucional hacia la Guardia Civil en una señal política de largo alcance.

El PSOE prefiere mantener la ley quieta y evitar una votación que podría desordenarle la mayoría. Para sus dirigentes, es menos arriesgado lidiar con el desgaste por la parálisis que aceptar un revés legislativo en un asunto donde la oposición juega en casa. El resultado es que la proposición seguirá parada al menos dos semanas más. En la práctica, y salvo giro inesperado, mucho más.