- Se trata de acosar, desacreditar y castigar a cualquiera que haya participado en la defensa nuestro sistema democrático frente al golpe independentista
Supongo que los socialistas escogieron Galicia para realizar este fin de semana su convención política con el ánimo de reforzar a su candidato para las elecciones del próximo día 18. Sin embargo, tengo serias dudas de la eficacia electoral de un encuentro que más parece la versión política del suicidio colectivo del reverendo Jones y sus seguidores en la Guyana.
Este fin de semana el PSOE se hace el harakiri moral sin una sola voz capaz de advertir sobre su responsabilidad en la aberrante situación a la que están llevando al país. Hemos llegado al punto delirante en que los golpistas como Puigdemont dictan al parlamento el contenido de las leyes y los antiguos terroristas como Otegui se declaran víctimas de la justicia. Ese sindiós ético y moral se lo tenemos que agradecer al PSOE. Yo animaría a los congregados en La Coruña a recordar a Pérez Rubalcaba con aquellas declaraciones proféticas sobre el peligro de acabar siendo como sus socios indeseables.
En sus urgencias por conceder a amnistía a los golpistas que le mantienen en Moncloa, Pedro Sánchez no solo les ha comprado el relato, ahora es el gobierno quien lidera la campaña de acoso a nuestro Estado de Derecho que hasta ahora solo seguían las minorías radicales.
Este viernes una vicepresidenta del gobierno acusó de prevaricación al juez que investiga el caso Tsunami y que mantiene imputado a Carles Puigdemont. Las obligadas rectificaciones que vinieron después no ocultan el fondo de la estrategia socialista: este juez en concreto y el Poder Judicial en su conjunto se han convertido en sus enemigos porque tienen la mala costumbre de aplicar la ley.
La próxima semana tendrá que comparecer en un juzgado la antigua directora del CNI, Paz Esteban. Fue cesada a raíz de un informe fake sobre supuestas escuchas ilegales al independentismo. El gobierno no dedicó ni una palabra a desacreditar aquel informe fraudulento, sino que lo utilizó para dar satisfacción a sus socios, entregar la cabeza de la funcionaria y paralizar cualquier investigación sobre las tramas del golpismo catalán.
Del mismo modo, esta semana hemos visto a Sánchez y sus ministros mostrar una indignación impostada por otro montaje mediático del independentismo: la llamada Operación Cataluña, que no es más que el remake de otro viejo montaje anterior, el de la llamada policía patriótica.
Más mascado que un chicle y más falso que un duro de madera, pero a Sánchez y Puigdemont les sirve para justificar otro de sus acuerdos políticos: las comisiones de investigación sobre el lawfare. No han podido sentar a los jueces pero sí citarán a los responsables de las Fuerzas de Seguridad que pararon el golpe y al gobierno que aplicó el art. 155 de la Constitución.
Se trata de acosar, desacreditar y castigar a cualquiera que haya participado en la defensa nuestro sistema democrático frente al golpe independentista. Siempre se advirtió que la amnistía no significaba el perdón de los golpistas sino la condena del Estado y estos días estamos viendo como esa condena no es retórica ni simbólica. Es una persecución real, la dicta Puigdemont y la ejecuta Pedro Sánchez.