ABC 20/07/15
ENTREVISTA RAFAEL CATALÁ, MINISTRO DE JUSTICIA
· El titular de Justicia reconoce a ABC que los pactos «camaleónicos» de Pedro Sánchez desde el 24-M no son «el mejor antecedente» para que tras las generales gobierne la lista más votada
– Cataluña
«El artículo 155 está en la Constitución y, por tanto, es una de las alternativas que pueden utilizarse»
– Indefinición del PSOE
«¿Qué significa reformar el Estado de las autonomías? ¿Y federalismo asimétrico?»
– La juez Carmena
«Duplicar los desahucios fue una de sus líneas de trabajo como juez decana»
Ajuzgar por la profusión de sus apariciones públicas a las puertas de las generales, Rafael Catalá (Madrid, 1962) se revela como uno de los grandes activos del Partido Popular. Catorce proyectos de ley en siete meses forman parte de la carta de presentación de un ministro que, a base de reformas menos ambiciosas que las de su antecesor, ha conseguido apaciguar los ánimos de los distintos colectivos de la Administración de Justicia. Como en el 9-N, Catalá se enfrenta ahora a la batalla más dura: la de plantar cara desde su ministerio al desafío secesionista de Cataluña.
P–Aunque el presidente de la Generalitat aún no ha convocado formalmente las elecciones, sí ha presentado una lista única con un solo punto en el que pide la independencia de Cataluña. ¿Qué hace falta para que el Gobierno considere que esas elecciones son plebiscitarias?
R–Lo que puede convocar el presidente de la Generalitat es un proceso electoral para elegir a los diputados en el Parlamento de Cataluña. Otro debate sobre si van a ser unas elecciones plebiscitarias o por la independencia no puede estar nunca en el decreto de convocatoria. Si fuera así, existen los mecanismos para garantizar que se cumpla la ley. No se me ocurre que un gobernante tenga como programa político el incumplimiento de la ley.
P–Pero Mas habla de que el 28 de septiembre, el día siguiente a las elecciones, van a declarar la independencia de Cataluña.
R–Eso no es posible. El TC ya ha dejado muy claro cuáles son las competencias que tienen un Parlamento o un Gobierno autonómico, y no son en ningún caso convocar referendos, y mucho menos declarar la independencia.
P–Sin embargo, el 9-N se llegó a celebrar, y hay una voluntad del Gobierno catalán y de los aspirantes a formarlo de transgredir la legalidad y pasar directamente a los hechos…
R–Cuando hubo un proceso que se quiso que fuera un referéndum, luego una consulta, y luego no se sabe muy bien lo que fue, el Gobierno actuó en defensa de la legalidad, el TC suspendió aquellas actuaciones y luego declaró su ilegalidad, la Fiscalía General del Estado presentó una querella por acciones concretas que se celebraron ese día… Si nos vemos en septiembre ante un escenario equivalente, de nuevo actuaría el Estado de Derecho y el Gobierno ejercitaría todas las acciones que existen para evitar que se incumpla la ley.
P–¿El Ejecutivo ha estudiado todas las posibilidades?
R–Es nuestra obligación, pero en realidad no hay nada que estudiar. No hay decreto de convocatoria, no hay nada que nos haga pensar que vayan a cometer una ilegalidad en el futuro contraria a la Constitución.
P–¿Se podría llevar a cabo una actuación a priori?
R–No se me ocurre qué puede hacerse desde el punto de vista de la defensa del Estado de Derecho si no se ha incumplido una norma. Estamos en una sociedad democrática. Se pueden hacer declaraciones, ejercer el derecho de opinión con toda legitimidad… pero cuando un Parlamento aprueba leyes es ya donde aparece el control jurisdiccional y constitucional. Vamos a ver qué resultados arrojan esas elecciones, qué grupos conforman mayorías y qué proyectos políticos plantean. Hay tantas hipótesis que en este momento es poco relevante dar por supuesto lo que todavía no ha sucedido.
P–¿Han considerado la aplicación del artículo 155 de la Constitución?
R–El artículo 155 está en la Constitucion y, por lo tanto, es una de las alternativas que pueden utilizarse en el caso de que se produzcan determinadas actuaciones.
P–¿Qué actuaciones tendrían que producirse?
R–El tenor del artículo habla del incumplimiento grave por parte de las instituciones de una comunidad autónoma. Yo creo que tenemos un modelo de convivencia y de equilibrio institucional que ha funcionado muy bien durante estas últimas décadas y no ha habido que llegar nunca a ese supuesto. Confío en que siga siendo así.
P–El bloque soberanista no ha cesado en su empeño y hemos llegado a un punto al que no queríamos llegar. ¿Ha sido acertada la actuación del Gobierno en estos dos últimos años, de dejar hacer o poner la única barrera de la legalidad?
R–Lo que ha hecho el Gobierno es defender la Constitución, la unidad de España, las ventajas de nuestro modelo de convivencia, el extraordinario desarrollo social económico político e institucional y la conveniencia de seguir desarrollándonos en ese contexto. Cuando ha habido una actuación del Gobierno o del Parlamento de Cataluña que nos ha parecido contraria a las leyes, se ha impugnado.
P–¿Ha llegado la hora de reformar la Constitución?
R–La hemos reformado dos veces en sus 37 años de vigencia. Cuando hemos tenido que hacerlo nos hemos puesto de acuerdo y se han generado las mayorías suficientes para llevarlo a cabo. En este momento la reforma de la Constitución se ha convertido lamentablemente por parte de algunos en un eslogan. Para reformarla necesitaríamos ese mismo grado de consenso. Además, ¿qué se quiere reformar? Algunos parece que quieren modificar la Constitución para cambiar la forma de Estado y que en vez de una monarquía parlamentaria pase a ser otra cosa… Que lo digan. ¿Qué significa reformar el Estado de las autonomías?¿Qué significa federalismo asimétrico? Yo oigo los eslóganes, pero no soy capaz de entender el contenido de las propuestas. Cuando haya propuestas concretas, las vamos a estudiar.
P–¿El PSOE es un socio fiable en un proyecto de reforma constitucional?
R–No tengo por qué desconfiar de nadie en un proyecto de reforma de la Constitución. Me ha sorprendido cuando hemos leído que desde el PSOE se habla de reformar la Constitución buscando modelos compartidos con Podemos. Que el PSOE busque como socio a quien está hablando de revisar la Transición me parece sorprendente, igual que pactar con quien dijo que nunca pactaría por el mero hecho de tener pequeñas cuotas o expulsar a quien ha ganado las elecciones. No es el mejor antecedente, sin duda. En todo caso, el PSOE ha sido durante muchos años un partido de Gobierno, con visión institucional, y por lo tanto se podrá trabajar con ellos.
P–¿Con esos antecedentes es posible que no gobierne la lista más votada?
R–Yo estoy convencido de que el PP va a obtener la mayoría de los ciudadanos y, aun sin obtener una mayoría absoluta, el PP puede generar consenso y apoyos parlamentarios para tener una mayoría de gobierno y promover las políticas que nos han traído hasta aquí: la de la recuperación económica, la consolidación del Estado del bienestar y la creación de empleo. –El debate interno en el PSOE incluye una parte importante de Cataluña como nación o incluso Estado plurinacional. ¿Se puede abrir un debate con esos planteamientos? –Para ello habría que hacer una reforma de la Constitución y tener consensos suficientes. Para nosotros no es ese el escenario. El régimen electoral es un sistema estructurado desde la Constitución y es perfectamente revisable, pero el PP no va a estar nunca en los planteamientos de revisar el concepto de soberanía nacional o la unidad de España.
P –¿Cree que se va a respetar que gobierne la lista más votada?
R–Desde luego han dado muestras de una capacidad camaleónica, de estar dispuestos a pactar con partidos de lo mas exótico con tal de gobernar.
P–¿Ve necesaria las primarias para garantizar la democracia interna en los partidos?
R–Cualquier organizacion debe fomentar la democracia interna. Una sociedad que quiere promover la participación tiene que tener sistemas democráticos, pero no tengo nada claro que la cia forma interna de sean fortalecerlas primarias.la democra-Para losen los que últimoslas han tiempos puesto hanen marchasido un auténticona, absolutamente,fiasco. Democracia igual a primarias.
P-¿Cree que los medios de comunicación tenemos la culpa? Porque hemos escuchado declaraciones suyas en las que parece que pretende culpabilizar a quien informa de la detención, no en cómo se produce esa detención…
R–Yo no he puesto el acento en una de las partes de la ecuación derecho a la información-derecho a la intimidad y a la protección de la persona que participa en un proceso penal. En ese debate hay que garantizar el equilibrio de los derechos.
P–Usted llegó a hablar de sancionar a los medios que publiquen filtraciones…
R–Estamos hablando de un delito concreto: revelación de secretos. Si se comete un delito, habrá que investigar quién lo ha cometido: el que lo ha filtrado o el que lo ha publicado. Es una labor jurisdiccional. Eso no lo van a decidir el ministro de Justicia ni el Gobierno.
P–Entonces, ¿la propuesta de sancionar al medio que publique una filtración queda zanjada?
R–Yo nunca hice una propuesta para sancionar. Lo que dije es que si se ha cometido un delito habrá que investigar al responsable.
P– Nunca es el medio…
R–O sí. No lo sé, dependerá de cada caso. ¿Conceptualmente puede un medio cometer un delito de revelación de secretos? Yo creo que sí, pero tendrá que ser el juez el que diga quién es el responsable de esa infracción.
P–¿Qué le parece la «web de la censura» de Carmena?
R–Que un poder público se atribuya a sí mismo la capacidad de decidir qué es la verdad me parece preocupante en un Estado democrático, donde la libertad de expresión y de información forma parte de nuestro ADN. Por tanto, que alguien se arrogue la capacidad de decidir qué es lo que se debe publicar tiene más que ver con un modelo totalitario de control de la informacion.
P–Leyó usted en ABC la semana pasada que Carmena, como juez decana, duplicó los desahucios en la ciudad de Madrid…
R–Sí, lo leí, y además me consta porque me lo han comentado personas que trabajaban en aquella etapa en la Administración de Justicia. Fue una de las líneas de trabajo de la hoy alcaldesa de Madrid. La protección de los ciudadanos en situación desfavorecida es un compromiso de todos los gobiernos. Nosotros llevamos seis años trabajando en eso.