ABC 28/02/14
Los partidos votaron por separado hasta siete propuestas sobre el desafío secesionista
Alfredo Pérez Rubalcaba evitó ayer una nueva ruptura del Grupo Socialista en el Congreso por Cataluña. ¿Cómo lo hizo? Sencillamente, con una abstención: ni sí, ni no cuando llegó el momento de votar la propuesta de resolución del PP que pretendía impulsar medidas para preservar la unidad de España y los valores de la Constitución. El PSOE se abstuvo, y así quedaron todos más o menos contentos, o mejor dicho, ninguno especialmente molesto dentro de su grupo parlamentario. Sobre todo los diputados del PSC (en total son 14 de 110), que de esa manera pudieron mantener la disciplina de voto, en este caso de la abstención. Los socialistas catalanes se impusieron así en la dirección del Grupo y lograron que el PSOE en su conjunto marcara una distancia tajante con el PP frente al desafío independentista de Artur Mas.
· Abstención socialista El Grupo Socialista se abstuvo también en las iniciativas de CiU y ERC, que apoyaban la consulta
El Debate sobre el estado de la Nación tiene siempre un epílogo, en el que se discuten y se votan propuestas de resolución: 15 por cada grupo. Es decir, 105 iniciativas. De ellas, siete estaban relacionadas con el intento de los nacionalistas catalanes de romper España y convocar una consulta sobre la independencia, que ya tiene fecha: el 9 de noviembre. Al final, cada uno votó por su lado y la imagen de división quedó plasmada en el marcador del hemiciclo una y otra vez.
«Tradición y memoria»
Salió adelante la única que contaba con el respaldo de la mayoría, la que defendió el Grupo Popular, que obtuvo el respaldo de UPN, Foro, una despistada Trinidad Jiménez (PSOE), que se equivocó de botón, y otra no más atenta Olaia Fernández Davila (BNG), que hizo lo propio. La iniciativa del PP se aprobó con 182 votos a favor, 46 en contra (CiU, PNV, Izquierda Plural y casi todo el Grupo Mixto, incluida Coalición Canaria) y 46 abstenciones (PSOE, y UPyD).
La resolución del PP se basa en la unidad de España, que «no es un mandato constitucional, sino al revés, el mandato constitucional tiene su sentido en el valor en sí mismo que encarna la unidad de la Nación, tal y como se refrenda en la tradición, la memoria, el patrimonio común y la convivencia». Con la iniciativa aprobada, el Congreso reafirma el valor de la concordia, la convivencia y el consenso como principios sobre los que se ha fundamentado la Constitución; reconoce la vigencia de la Norma Fundamental «en toda su extensión», sobre todo en lo que se refiere a la soberanía nacional, que reside en el conjunto del pueblo español; proclama que una parte de la ciudadanía no puede decidir lo que le corresponde al conjunto del pueblo español; recuerda que no caben iniciativas y planes que rebasen los principios de soberanía y legalidad; valora la voluntad de diálogo del Gobierno en el marco de la Constitución, y respalda que el Ejecutivo siga tomando medidas para preservar «la unidad de España, como una nación de ciudadanos libres e iguales sometidos únicamente al imperio de la ley». El Grupo Socialista defendió su propuesta de resolución, pero solo recabó el apoyo de Coalición Canaria, y se quedó con 105 votos a favor, 189 en contra (PP y UPyD, entre otros) y 32 abstenciones (incluidos CiU, Izquierda Plural, PNV y ERC).
«Vivir juntos»
La propuesta socialista llevaba como título «Diálogo para la revisión del modelo territorial», y en sus tres páginas no menciona a la «nación» española, en cuya indisoluble unidad se fundamenta la Constitución (artículo 2). Solo se refiere a ello en el preámbulo, pero en sentido contrario, al recordar que la actual Carta Magna «ha garantizado la unidad, respetando la identidad de los distintos pueblos de España». A partir de ahí, propone un consenso para buscar un «proyecto común» diferente y reconoce que es mejor «vivir juntos» en una España cuya principal fortaleza reside en la diversidad.
En su iniciativa, el PSOE defiende la revisión del modelo territorial acordado en la Constitución de 1978, para reconocer un sistema federal. En ese sentido, pretendía crear un órgano parlamentario para desarrollar un diálogo entre todos y encontrar otro modelo diferente. En ese órgano podrían participar los gobiernos autonómicos.
El Grupo Catalán-CiU presentó una resolución muy escueta: tres líneas, n las que se insta al Gobierno a iniciar un diálogo con la Generalitat de Cataluña, en aras a posibilitar la celebración de una consulta «a los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña para decidir su futuro». Ni preámbulo ni explicación de ningún tipo. Más que propuesta de resolución parecía una exigencia, y en realidad así lo defendió su diputado Josep Sánchez Llibre, quien vino a decir que la Constitución (y por tanto la ley) no debe ser un obstáculo para la consulta. La propuesta fue rechazada, pero se llevó como regalo la abstención del Grupo Socialista.
El texto que registró ERC para su debate fue prácticamente calcado al de CiU, aunque resaltaba que la consulta debe realizarse «con los mecanismos legales previstos». La votación fue similar, y el PSOE también optó por abstenerse.
La quinta iniciativa sobre el modelo territorial y el desafío independentista fue la de Izquierda Plural. Pedía al Gobierno delegar la competencia para autorizar, convocar y celebrar un referéndum a la Generalitat, y defendía un diálogo bilateral para que los ciudadanos de Cataluña puedan expresar su voluntad. Se repitió el resultado: los nacionalistas votaron encantados, el PP y UPyD lo rechazaron, y el PSOE calló y se abstuvo. Las dos últimas propuestas, que pedían respetar el resultado de un referéndum de autodeterminación, fueron de Amaiur y el BNG. Fueron rechazadas (en el primer caso, el PSOE sí votó en contra).
Los pactos del PP
De las 105 propuestas votadas, se aprobaron 22, y el PP se mostró contento porque había logrado pactar sobre distintas materias con el PSOE, CiU, PNV, UPyD e incluso ERC. En concreto, con este partido acordó una resolución para condenar la persecución de homosexuales en el mundo.
Hubo un intento de reeditar un gran pacto contra la corrupción, pero esta vez el apoyo fue mediano: PP, CiU y PNV sumaron sus fuerzas para impulsar el diálogo sobre las medidas penales y procesales contra los corruptos. Además, se dará un impulso a la Oficina Presupuestaria de las Cortes, para controlar más todas las partidas aprobadas, y se expresa la voluntad de regular los «lobbies», para garantizar la transparencia en sus actuaciones.