La Constitución está en el punto de mira. Justo cuando cumple 38 años, el Congreso se dispone a abordar los trabajos preparatorios para su posible reforma. Todo es aún confuso e incierto; a priori, dominan las disidencias más que los consensos y los riesgos más que las certidumbres. Pese a ello, la puerta a los cambios empieza a abrirse. El PSOE ha dado el empujón. Los socialistas presentarán una iniciativa para crear una subcomisión de estudio en el seno de la Comisión Constitucional para emprender con carácter inmediato el proceso de diálogo y búsqueda de acuerdos para abordar la revisión de la Carta Magna.
La mayoría de los grupos votará a favor. El PP y el Gobierno, pese a sus reticencias y temores, asumen que no podrán evitar la dinámica de cambio. Ayer, la vicepresidenta, admitiendo que la rueda es imparable, reclamó como principio básico «caminar con precaución, poquito a poco» y con «generosidad» para no abrir debates «que no sepamos cerrar».
Estas son las posiciones que mantienen las fuerzas parlamentarias en la antesala de lo que puede llegar a convertirse en el gran objetivo de la nueva legislatura.
· PSOE.
Ha conseguido adelantarse a su principal rival en la labor de oposición, Podemos. Cierto es que los socialistas llevan varios años reclamando la reforma, para ellos obligatoriamente de corte federal, y pidiendo la apertura de una ponencia en el Congreso para su estudio.
Para los socialistas la reforma es necesaria por múltiples aspectos. Primero, porque creen imprescindible una revisión del dibujo territorial (Título VIII de la Carta Magna) que serviría, en su opinión, para afrontar la cuestión catalana y el desafío independentista. «Reformar la Constitución», dijo ayer su portavoz, «es lo más leal que podemos hacer con ella».
El PSOE propone «una reforma parcial pero profunda para revitalizarla» a fin de que dure «decenios». Debería pues incluir mayor garantía de los derechos sociales básicos, modernización de las instituciones, una mejora de la calidad democrática y de la articulación con la UE, un principio de compensación social al artículo 135 y una revisión del modelo territorial «fruto de un pacto de convivencia que recoja la síntesis de unidad y autonomía, en igualdad y con respeto y pleno reconocimiento de la diversidad».
· GOBIERNO Y PP.
El Ejecutivo afronta con enormes recelos la posible reforma. Santamaría insistió ayer en la importancia del «consenso de partida y el consenso de llegada». Y ella por el momento ve más diferencias que acuerdos entre los distintos actores políticos.
«La Constitución», advirtió, «tiene que servir a 46,5 millones de españoles», por eso conviene «valorar las consecuencias». La Carta Magna del 78 fue, dijo, «un ejercicio de generosidad» y su reforma debería «convencer a una gran mayoría en toda España.
El objetivo sería «conseguir el nivel de aceptación del 78». En cualquier caso, el Ejecutivo tendrá que aceptar el envite que todos reclaman y participar en el mismo. En ese sentido, desde el PP se afirma que de la reforma «habrá mucho que hablar» y se pide «sensatez en las propuestas». Su portavoz en la Comisión Constitucional plantea hacer de la subcomisión que abandera el PSOE «una mesa de análisis del sistema» para, a partir de ahí, acometer en su caso la reforma. Y es que el Gobierno teme ante todo que se abran debates que al final «no se sepan cerrar».
CIUDADANOS.
Para la formación naranja no hay duda de la necesidad de revisar la ley de leyes. «Reformar o morir», llegó a decir ayer Albert Rivera. Este partido rechaza tajantemente que la revisión constitucional tenga como objetivo satisfacer a los nacionalistas. Coinciden con PP y PSOE en que no cabe en ningún caso el llamado derecho a decidir, porque entienden que este corresponde al conjunto de los españoles. Son defensores firmes, también como PP y PSOE, de mantener intocables los principios fundamentales establecidos en el 78: soberanía nacional, indisoluble unidad, igualdad de todos los españoles y cohesión social.
Ciudadanos cree que la subcomisión de estudio propuesta por el PSOE será una oportunidad para «saber adónde vamos». En opinión de este partido, hay que ponerse a trabajar ya, estableciendo «fecha y calendario» para el proceso de reforma. «Hay que perder el miedo», dijo Rivera, «y pensar en los próximos 40 años de España».
UNIDOS PODEMOS.
Es el partido que exhibe una posición más confusa en relación con la Constitución. Dudan entre reclamar, como hizo ayer Xavier Domènech, un «proceso constituyente», que implicaría derogar por completo la actual Carta Magna y redactar una nueva, o apostar por una remodelación en profundidad de la actual. En cualquier caso, para ellos la reforma estaría totalmente condicionada por las demandas catalanas de autodeterminación. Consideran que el Estado autonómico está «agotado». Su modelo se inclina hacia el diseño confederal y el reconocimiento de un Estado plurinacional con los derechos sociales blindados. Ésa sería la base, afirman, «para construir un nuevo país».
LOS NACIONALISMOS.
En este grupo existen diferentes corrientes. De un lado la representada por el PNV, más moderada, que apuesta por emprender la revisión de la Constitución y recoger en la misma el concepto de plurinacionalidad e incluso una visión «más flexible» del principio de indisoluble unidad de la nación española. Reclaman reconocimiento de su lengua como derecho público sujeto al conocimiento de la cultura propia y quieren que se admitan las asimetrías competenciales para llegar a un mayor autogobierno, pero no hablan de autodeterminación.
De otro lado, PDCat prefiere centrarse en su hoja de ruta soberanista. Bordea el tema de la reforma constitucional y opta por hacer hincapié en los problemas de financiación y reparto de los objetivos de déficit. Para ellos el cambio en la Constitución sabe ya a poco.
Finalmente, ERC se desmarca del objetivo. Para los republicanos catalanes no hay más fin que la independencia. El resto no les atañe. «No cuenten con nosotros ni por activa ni por pasiva en nada que tenga que ver con la Constitución. Ya no estamos en esa línea», afirmaron ayer.