DIARIO VASCO, 18/2/12
Plantea un texto alternativo a la moción de UPyD que pide ilegalizar a Bildu y Amaiur. Los socialistas echan un cable al Gobierno para apuntalar su aperturismo y regatear la presión de Rosa Díez
El Gobierno tiene problemas para escenificar sin complejos un nuevo discurso sobre política antiterrorista. Y el PSOE cree que ha llegado el momento de echarle un cable y de dotar al asunto de una dimensión institucional en el Congreso de los Diputados. Los socialistas aspiran a unir las voces de PP, PNV y CiU para dar la vuelta a una moción que UPyD someterá a votación de la Cámara baja el próximo martes, en la que se insta al Gobierno a iniciar ya el proceso de ilegalización de Amaiur y Bildu.
No se trata, según fuentes del grupo socialista, de decir simplemente ‘no’ al partido de Rosa Díez, enrocado en la rigidez contra el mundo de la izquierda abertzale, sino de aprovechar la ocasión para articular un nuevo texto que reconozca que en el País Vasco y en España se ha abierto un «tiempo nuevo» con el cese definitivo de la violencia de ETA y, por lo tanto, corresponde aplicar otras recetas sin perjuicio de que, como señaló Alfredo Pérez Rubalcaba tras su encuentro con Mariano Rajoy, «la tarea no haya terminado».
Una especie de pista de aterrizaje para el Gobierno del PP, que no hace tanto coincidía con UPyD en sus críticas a los socialistas en esta materia, y que ahora, con la responsabilidad del Gobierno y la oportunidad de cerrar la pacificación en Euskadi, debe combinar la flexibilidad ante el nuevo tiempo con la firmeza que le reclama el sector más duro del PP y las principales asociaciones de víctimas.
La idea planteada por el PSOE tiene un buen caldo de cultivo. Ante todo, porque, aunque luego se viera obligado a dar prolijas explicaciones sobre el significado real de sus palabras, fue el propio ministro del Interior el que el pasado miércoles reconoció en el hemiciclo que ETA ha dejado de ser un problema fundamentalmente policial para adquirir una «dimensión política». Pero también porque el PP vasco, a través de su presidente, Antonio Basagoiti, ha dejado claro su deseo de forjar un acuerdo con el PSE y el PNV, y el líder de la formación nacionalista, Iñigo Urkullu, es partidario de «apoyar» a Rajoy con una especie de «habilitación parlamentaria», similar a la que en mayo de 2005 avaló la apertura de un diálogo con ETA, para buscar la desaparición de la organización terrorista.
El nuevo texto, sobre el que ya han comenzado a hablar el portavoz socialista en la comisión constitucional, Ramón Jáuregui, y el portavoz adjunto del PP, Leopoldo Barreda, ambos vascos, no tendría que ir tan lejos, pero la intención es que al menos sí deje claro que la lógica de la ilegalización de partidos ha dejado de ser aplicable al momento actual de ausencia de violencia. Hasta dónde se pueda llegar dependerá de la voluntad de las partes. La negociación parlamentaria propiamente dicha comenzará el lunes.
Victoria política
El ministro del Interior ya dejó claro esta semana que no veía mal la idea de consensuar una resolución entre los «partidos políticos democráticos», pero la condicionó a «impedir que se intente transformar una derrota policial en una victoria política», es decir, a que nadie caiga en la tentación de premiar al mundo de Batasuna por el fin del terrorismo, poniendo en bandeja lo que no logró ETA con las armas, según la tesis gubernamental.
Con todo, la fórmula planteada por el PSOE, una transaccional a la moción de UPyD, está en cierto modo abocada al fracaso. Para que el texto prospere es necesario que Rosa Díez renuncie a su propia redacción, lo que resulta del todo improbable. Sin embargo, la estrategia serviría para dejar constancia de una postura común en el resto de la Cámara y, o eso pretenden los socialistas, para que «el PP se vea arropado y no se sienta obligado a rectificar en base a las presiones del sector más intransigente de su partido».
Los socialistas insisten en que los propios populares vascos se mueven en esas coordenadas y defienden que es preciso ayudarles a que sus tesis se impongan también en Madrid, una tarea en la que ya se aplican a fondo el portavoz del primer grupo de la Cámara, el vitoriano Alfonso Alonso, y el bilbaino Leopoldo Barreda.
DIARIO VASCO, 18/2/12