El PP acomodó ayer finalmente al ex ministro del Interior Jorge Fernández Díaz en la Comisión de Peticiones del Congreso, después de que fracasara el intento de nombrarle presidente de la Comisión de Asuntos de Exteriores y se frustrara también la opción de que presidiera la Comisión Mixta del Tribunal de Cuentas por el rechazo de la oposición.
El cambio en la posición inicial del PSOE, que el martes dijo públicamente que votaría en blanco pese a que no comulgaba con la candidatura de Jorge Fernández, dejó ayer al PP sin opciones para designarlo en Exteriores y le obligó a desterrarlo a la presidencia de una comisión menor. En esta, a diferencia de las demás, los populares no necesitan el apoyo de otros grupos. Según el reglamento del Congreso, al grupo mayoritario le corresponde presidir la Comisión de Peticiones.
Para poder dar una salida al ex ministro del Interior, el PP tuvo que apartar de este puesto a Pilar Rojo, que al igual que Fernández Díaz es amiga personal de Mariano Rajoy.
Con esta decisión los populares cerraron la crisis parlamentaria abierta en torno al nombramiento del ex ministro como presidente de una comisión de primer nivel: la de Asuntos Exteriores.
El martes por la noche, según fuentes populares, el presidente de la Gestora del PSOE, Javier Fernández, se puso en contacto con Mariano Rajoy para informarle de que no mantendrían su compromiso inicial de permitirle acceder a ese puesto. Fernández pidió al presidente del Gobierno que propusieran otro nombre. En caso de no hacerlo, le avanzó que impulsarían un aspirante alternativo. La justificación esgrimida, según las mismas fuentes, fue el malestar que la decisión había provocado en el Grupo Parlamentario Socialista. El PSOE estaba resuelto a permitir con su abstención el nombramiento del ex ministro, en cumplimiento del pacto suscrito por todos los grupos políticos al inicio de la legislatura para repartirse las presidencias y vicepresidencias de las comisiones parlamentarias. La presidencia de Asuntos Exteriores había correspondido al PP, y el PSOE entendía en ese momento que sólo los populares podían elegir quién la ocupaba.
Pero la difícil situación interna que atraviesa el Grupo Socialista, tras abstenerse y favorecer la investidura de Rajoy; el hecho de que ayer, el día que estaba previsto elegir a Jorge Fernández presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores, ellos mismos depusieran de sus cargos a diputados del PSC por romper la disciplina de voto; y el claro desmarque de Podemos, que desde el principio se opuso a la designación del ex ministro del Interior, forzó el cambio en la postura del PSOE.
No obstante, pese al aviso de los socialistas y el intercambio de mensajes entre Javier Fernández y Rajoy, el PP acudió ayer por la mañana al Congreso con el propósito de lograr una presidencia de comisión para su ex ministro. Sólo en el último momento, cuando verificó que el no del PSOE era firme, resolvió aplazar la votación en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Fuentes del Grupo Socialista explicaron que en las últimas horas «redoblaron al máximo la presión sobre el PP para que no presentara» a Fernández Díaz, cuestionado desde que en junio pasado trascendió que había impulsado desde su Ministerio investigaciones contra dirigentes políticos catalanes.
Tanto desde la Gestora del PSOE como desde el Grupo Parlamentario se transmitió al Gobierno y al Grupo Popular que presentarían un candidato alternativo con el compromiso de que dimitiría en cuanto el PP plantease otro nombre. Esta amenaza fue la que llevó finalmente a los populares a pedir el aplazamiento de la votación en la Comisión de Asuntos Exteriores. Si el resto de grupos respaldaban a un candidato socialista –Eduardo Madina era el mejor situado para ello–, el PP perdía la presidencia. De hecho, ésta es una posibilidad que se barajó en los últimos días. Podemos mantuvo contactos con el PSOE y se ofreció a apoyar a su aspirante. Pablo Iglesias se lo propuso personalmente a Madina, que es vicepresidente de la citada comisión, alegando el pacto de todos los grupos.
Después de que se cegara la vía de Exteriores, el PP trató que el ministro fuera presidente de la comisión mixta del Tribunal de Cuentas, pero los socialistas también se opusieron. El portavoz del PP, Rafael Hernando, aseguró entonces que abrían un «periodo de reflexión», pero denunció el «precedente gravísimo» que suponía «destruir» el pacto sobre el reparto de cargos sellado por todos los grupos parlamentarios. Prácticamente a la vez, el ex ministro declaraba a los periodistas que él estaba a disposición del Grupo Popular en el Congreso y que no iba a poner «problemas» si renunciaban a su candidatura porque él, dijo, no había pedido «nada».
La reflexión del PP concluyó sólo unas horas después con la decisión de orillar a su ex ministro en la Comisión de Peticiones. Con todo, esta presidencia –como cualquiera de las otras planteadas– le supondrá una retribución mensual de 1.431 euros que se suman a su sueldo de diputado –4.736 euros–, más la posibilidad de tener un asistente y usar los coches oficiales de la Cámara.
Podemos se arrogó ayer haber conseguido que Jorge Fernández no presida la Comisión de Exteriores. El PSOE también. Ciudadanos reconoció que, a diferencia de otros grupos como el PNV o los nacionalistas catalanes, no pidió al PP que propusieran a otro candidato. Pero, por la mañana, cuando estalló la crisis, se posicionó al lado del PSOE y amenazó con votar en contra de la candidatura del ex ministro.