La asociación del PSOE en el Gobierno con estas dos fuerzas tiene una significación de muy hondo calado. ERC es un partido político independentista y militantemente republicano. Con larga historia. Caracterizada por un sesgo insurreccional y contradictorio. Se reclama de izquierdas, pero en su origen, años 20-30 del siglo pasado, confraternizó con el fascismo de los ‘escamots’ y los hermanos Badía. Ya en democracia, ha sido un partido errático con dirigentes xenófobos como Heribert Barrera; histriónicos como Carod Rovira y sediciosos como Oriol Junqueras. Los dos presidentes de la Generalitat durante la II República, Macià y Companys, la traicionaron, el primero en 1931 y el segundo en 1934. Y sus diputados autonómicos alentaron y votaron las leyes derogatorias de la Constitución el 6 y 7 de septiembre de 2017. Su actual presidente, Oriol Junqueras, cumple condena por sedición agravada por malversación, y su secretaria general, Marta Rovira, está huida de la justicia española y reside en Suiza. Ambos —y con ellos todos sus dirigentes— prometen que volverían a repetir el proceso soberanista.

EH Bildu es una coalición de partidos en la que se impone Sortu y su máximo dirigente, Arnaldo Otegi. Él y su organización son los continuadores del abertzalismo etarra. Su misión actual consiste en mantener la impostura de que el terrorismo de ETA fue, en realidad, expresión de un conflicto armado entre Euskal Herria y los Estados francés y español. Tratan de amparar a los presos de la banda terrorista mediante el acercamiento a centros penitenciarios en el País Vasco o próximos y organizan los ‘ongi etorris’ de recepción festiva a los que regresan excarcelados a sus domicilios. No han condenado los asesinatos de ETA, ni los secuestros, ni los chantajes. Y no lo harán. Además, su propósito añadido es disputarle al PNV la interlocución institucional y legitimarse con su relación preferente con el Gobierno de Sánchez. También perfilarse con señas de identidad de izquierda —de ahí su interés en la derogación «íntegra» de la reforma laboral— para ampliar el espectro de su electorado.

Tanto ERC como Bildu saben que es prácticamente imposible la independencia de Cataluña y del País Vasco. Pero, sin embargo, están convencidos de que, a cambio de mantener en el poder a Pedro Sánchez, pueden «desarticular» el Estado según expresión de Francesc de Carreras. De hecho, lo están consiguiendo. Intentan con buenos resultados una secesión a la inversa: expulsar a España y al Estado de ambas comunidades. Su embajador plenipotenciario es Pablo Iglesias y Podemos con los que convergen en la prioridad de deconstruir el sistema constitucional de 1978, lo que implica, por una parte, erosionar la monarquía parlamentaria, y, de otra, desdibujar hasta diluirlo el modelo territorial autonómico.

Tanto ERC como Bildu saben que es prácticamente imposible la independencia. Pero están convencidos de que pueden «desarticular» el Estado

En ambos casos, pretenden, y conseguirán, acercar a los presos de ETA —un triunfo ante sus bases en Euskadi— y excarcelar a los condenados por la sedición y malversación en el proceso soberanista. Ambas iniciativas ya están en marcha. El giro de la política penitenciaria es obvio y la previsión de una ley ‘ad hoc’, para cambiar los tipos delictivos aplicados por la Sala Segunda del Supremo el 19 de octubre de 2019, está en puertas.

La cadena de complicidades tiene una lógica muy elemental. Pedro Sánchez se abrazó hace un año con Pablo Iglesias para sortear el fracaso de ambos el 10-N. Podemos enlazó con ERC y con Bildu porque los morados garantizaban la activa animadversión contra el sistema constitucional y se aliaron en darle el poder a Sánchez, que es cuanto pretende. Ahora se lo aseguran para toda la legislatura con el apoyo a los Presupuestos. Las facturas que se pasan al cobro no tienen que ver con las cuentas públicas. Se refieren a contrapartidas ajenas a los Presupuestos: desvencijar el Estado, o «tumbar el régimen» en expresión del diputado autonómico bildutarra, Arkaitz Rodríguez.

El PSOE de Sánchez —no el socialismo español en su integridad— ha regresado elípticamente a 1974. En el Congreso de Suresnes de aquel año, el partido mantenía dos principios: el derecho de autodeterminación de los pueblos del Estado y la República Federal. El ahora llamado derecho a decidir lo incorporó en su denominación tradicional la izquierda catalana (el PSC y la entonces Federación Socialista Catalana-PSOE) que se aunó en el Pacto de Abril de 1977. Vuelve este PSOE de Sánchez a dejarse rozar con las mismas tesis que el socialismo español superó en una larga y fecunda travesía de cuarenta años. Es comprensible el ‘horror vacui’ de Lambán, García-Page o Fernández Vara, o la consternación del socialismo mudo y expectante que contempla cómo se transforman en partidos de Estado a dos que quieren destruirlo.

El PSOE de Sánchez ha despilfarrado todo ese capital del socialismo español acumulado desde 1978 hasta 2019. Ha dado un salto atrás, arrumbando su aportación constructiva a esta democracia. Podrán negarlo, pero los hechos son inesquivables. Por eso, este PSOE ha entrado en concurso de acreedores. No tiene caja ideológica, carece de liquidez estratégica y está en manos de sus proveedores que son los que suministran poder condicionado a Sánchez. Si el presidente del Gobierno cree que esta especie de ‘flashback’ le saldrá gratis —cuando la sociedad española camina hacia el futuro— probablemente se equivoca. La que no yerra es Inés Arrimadas, que está jugando una partida que, sea cual sea su resultado, es políticamente inteligente y de una gran sensatez.